Proyecto superó cuarto debate
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, se ha dedicado en la actual legislatura a defender en el Congreso el proyecto de reforma constitucional que establece los límites del fuero militar. El jueves pasado se consiguió que la importante iniciativa fuese aprobada por la plenaria de la Cámara de Representantes. En la misma se pretende que no se vuelvan a cometer en Colombia violaciones de los derechos humanos como los denominados “falsos positivos”, delitos que se establece deben ser investigados por la jurisdicción ordinaria.
La iniciativa, presentada por la cartera de Defensa, superó así el cuarto de los ocho debates que debe cumplir en el Legislativo antes de convertirse en norma constitucional. Por ahora solo le resta la conciliación para terminar su primera vuelta. El proyecto establece cuáles son los delitos que se cometen en servicio activo y con ocasión del mismo, y que deben ser juzgados por tribunales castrenses, y los diferencia de los crímenes comunes que deben ser penalizados por la justicia civil. Por lo general, en los países en donde existe un conflicto armado interno, los delitos cometidos en combate son del resorte de los jueces adscritos al estamento militar. Jueces que suelen ser más severos que los civiles y que conocen mejor la naturaleza de la acción en combate y pueden proceder con mayor conciencia jurídica en ese campo.
La falta del fuero militar para los soldados, por cuenta de un arreglo entre el exministro Ospina del gobierno de Álvaro Uribe y la Fiscalía, ha conducido a que jueces civiles confundan las acciones en combate de los militares con crímenes penados por la justicia ordinaria, lo mismo a que no se entienda en algunos casos que los militares no puedan actuar fuera de su jurisdicción ni sin una orden, a diferencia de la Policía que toma decisiones contra el hampa común en el curso de los hechos.
Según lo que se aprobó en el Congreso, los crímenes de lesa humanidad, los delitos de genocidio, desaparición forzada, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado, al igual que las ejecuciones extrajudiciales, deberán ser abocados por la justicia ordinaria.
El ministro Pinzón aclaró que en el proyecto se “ordena que la Justicia Penal Militar sea independiente del mando institucional, como un seguro adicional para que los delitos que sean de conocimiento de esta jurisdicción especializada nunca queden en la impunidad”. Esa tesis la respaldó con insistencia el representante Telésforo Pedraza. El Gobierno introdujo algunos ajustes de última hora al articulado haciendo eco a las críticas externas sobre los alcances del fuero militar en Colombia. La ONU y Human Rights Watch habían manifestado en distintas oportunidades su desacuerdo con el tenor inicial de la iniciativa.
Entre los soldados que defienden el orden existe una gran preocupación por cuanto sin el fuero militar se ven obligados a librar una guerra desigual y son sometidos a la ley civil, para ser tratados en ocasiones de manera injusta y como delincuentes comunes. Un sector de la oposición de izquierda se mostró adverso al proyecto, por lo que un puñado de congresistas de Alianza Verde y el Polo presentaron una ponencia que pedía el archivo de la iniciativa, siendo derrotada por las mayorías.