* Más allá de las cifras y los informes

* La corresponsabilidad internacional

El mecanismo de “certificación” del gobierno de Estados Unidos a la lucha contra el narcotráfico que adelantan los 22 países en donde se producen más narcóticos o aquellos que sirven de tránsito a los mismos, ya no tiene ese temido perfil sancionatorio de finales del siglo pasado y comienzos de este. Pero aún así es evidente que pasar el examen de las autoridades norteamericanas en la materia constituye un aval clave frente a la comunidad internacional y, claro está, ante la posibilidad de que las naciones accedan a recursos de cooperación de Washington para financiar el combate a este flagelo.

Colombia, sin duda el país más eficiente del planeta en la lucha contra todos los eslabones del tráfico de drogas, acaba de ser de nuevo certificada por la Casa Blanca. El memorando que, por mandato legal, el presidente Joe Biden debe enviar al Congreso de su país informando sobre la evaluación de la mayor o menor eficiencia de los países en materia antidroga, destacó los resultados de nuestra nación en cuanto a destrucción de narcocultivos, incautación de alcaloides, cooperación judicial y otros aspectos clave en la cruzada contra los carteles del narcotráfico.

Si bien es cierto que en el primer trimestre el Departamento de Estado ya había destacado los logros del gobierno Duque durante el 2020 en este flanco, el optimismo se desvaneció a finales de junio por cuenta del informe anual de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, según el cual el año pasado las cifras de cultivo de coca y producción de cocaína alcanzaron un récord de 245 mil hectáreas y 1.010 toneladas métricas, respectivamente. Es decir que se registró un incremento con respecto a 2019, que cerró con 212 mil hectáreas y 936 toneladas.

La noticia, como era apenas obvio, cayó como un baldado de agua fría en el gobierno colombiano, más aún porque unas semanas antes se había celebrado con bombos y platillos los resultados del informe del Sistema de Monitoreo de Territorios afectados por Cultivos Ilícitos en Colombia (Simci), a cargo de una dependencia de Naciones Unidas, que dio cuenta de una reducción del 7% en el área sembrada con coca en el país, pasando de 154 mil hectáreas en 2019 a 143 mil un año después.

Ante la dificultad para explicar la contradicción de los dos informes, sobre todo porque en ambos se relievaba que el año pasado, pese a las restricciones impuestas por la pandemia, Colombia había logrado erradicar más de 130 mil hectáreas de sembradíos ilícitos, el gobierno Duque acordó con la Casa Blanca que se realizaría una serie de reuniones para unificar los sistemas de medición antidroga. Instancia en la que, además, se fijaría una ruta frente a una de las pocas coincidencias en los reportes de EU y la ONU: una mayor productividad de alcaloides por cada hectárea…

Visto todo ello, se entiende por qué este nuevo espaldarazo del gobierno Biden a la lucha antidroga en Colombia tiene mucha significación, no solo porque se reconocen los avances locales sino porque, como ya se dijo, se abre vía a que la ayuda norteamericana a las autoridades de nuestro país se mantenga o incluso aumente en la próxima vigencia fiscal y presupuestal. No hay que olvidar que la nación no solo continúa siendo considerada por Washington como su principal socia geopolítica en Latinoamérica, sino que además es la que más ayuda monetaria recibe en el subcontinente.

Ahora bien, como lo indicó el presidente Iván Duque recientemente, es necesario seguir redoblando la lucha contra el narcotráfico, más aun siendo evidente que la pelea por las rentas billonarias de este delito es la principal causa del reciclaje de la violencia en muchas regiones del país, especialmente por el accionar de las disidencias de las Farc, la guerrilla del Eln, bandas criminales estructuradas como el ‘Clan del Golfo’, o los propios carteles ‘puros’, ya sean colombianos o mexicanos. El asesinato de líderes sociales y desmovilizados, las masacres, el desplazamiento forzado, la crisis de orden público en la frontera con Venezuela y el pico de inseguridad urbana tienen como común denominador al tráfico de estupefacientes y sus eslabones en todos los frentes.

Así las cosas, la recertificación antidroga de Estados Unidos a Colombia no solo debe entenderse como un aval a los resultados de las autoridades locales, sino como la revalidación de la importancia de los esfuerzos y sacrificios del país, sus autoridades y la propia ciudadanía por acabar con este ilícito, y la urgente necesidad de que haya corresponsabilidad internacional en esta cruzada.