- Proscribir violencia sobre líderes
- Un craso error que pasa factura
Uno de los temas esenciales de la democracia colombiana de hoy es la recuperación integral del principio de autoridad. Para ello, precisamente, se adelantó el proceso de paz entre el gobierno Santos y las Farc, pues de lo que se trataba era tanto de proscribir la violencia como de lograr la cobertura total de la Constitución. En esa dirección, hubo una oportunidad de oro, en muchos aspectos desperdiciada, para llevar el Estado a los confines del territorio, especialmente aquellos donde la subversión había impedido el desarrollo y la justicia social, y los promotores de los cultivos ilícitos implantado sus ‘reglas’ y multiplicado el negocio hasta cifras geométricas.
Por desgracia, no fue así. El Estado no retomó el control del territorio en varios lugares remotos y se abstuvo de aprovechar la ocasión para generar un programa, al mismo tiempo de las conversaciones, que significara de inmediato el establecimiento de las condiciones institucionales y sociales allí donde la función estatal se había desterrado en medio de la depredación y la barbarie. En la actualidad, ese craso error está pasando factura en el asesinato de los líderes municipales y veredales, especialmente en las zonas periféricas, síntoma evidente de una erosión inaceptable del principio de autoridad nacional que configura la esencia de la Constitución.
Es posible, claro está, que bajo la sombrilla del concepto de “líderes sociales” se escondan circunstancias anómalas que no responden a actividades reales de este tipo. De otra parte, en vista de la ausencia del principio de autoridad, fundamental en la noción estructural de cualquier democracia, los violentos están aprovechando para imponerse su propia ‘ley’ a como dé lugar en zona específicas. Efectivamente, muchas de las malas condiciones que se viven en sitios apartados pueden deberse a la lucha delincuencial por los corredores estratégicos del narcotráfico o de la minería criminal. En efecto, cuando el desorden campea salta la anarquía como fenómeno de decadencia asociado a las pautas violentas acostumbradas en algunas de estas áreas periféricas.
Al mismo tiempo, sin embargo, es de reconocer que la Fiscalía General de la Nación ha esclarecido 126 de los 231 crímenes contra líderes municipales y veredales ocurridos entre el primero de enero de 2016 y diciembre de 2018. Es decir que más de la mitad de las conductas punibles se han develado un tiempo récord. Y en ese sentido ha podido descubrirse, también, que los autores materiales e intelectuales son de diversa índole, sin obedecer a características sistémicas o jerarquías comunes. De hecho, los particulares están detrás del 35 por ciento de las acciones homicidas esclarecidas, seguidos por el 24 por ciento originadas en el llamado ‘Clan del Golfo’. De otra parte, hay crímenes a cargo de guerrillas como el Eln y también de las disidencias de las Farc.
Los datos resultan importantes, frente al estupor que produce cada asesinato, porque en todo caso en algo se demuestra que el principio de autoridad actúa por medio de la justicia. Pero lo ideal, es más, la exigencia rotunda consiste en que se impidan los homicidios, bajo una cobertura integral del aparato estatal. De hecho, si se requiere más Policía y más Ejército para ello, el Estado está en mora de proceder en consecuencia. Todavía con mayor razón ahora que se entra en un período de campaña electoral regional y que en la sola primera semana de este año ya han caído líderes municipales y veredales pertenecientes a juntas de acción comunal u organizaciones no gubernamentales similares.
Desde hace años, durante la primera administración Santos y al mismo tiempo de expedirse la Ley de Tierras, comenzaron los ataques a reclamantes o sus abogados. Entonces se decidió recurrir a la movilización popular, convocada al más alto nivel posible, pero la idea fue flor de un día. Los asesinatos selectivos continuaron y se desdoblaron desde mucho antes de que se firmara el convenio del Teatro Colón con las Farc. No es, pues, un hecho nuevo, sino que hace parte de ese fracaso de no haber estado, desde el principio, atentos y prestos a la recuperación del principio de autoridad en todo el territorio nacional.
Colombia ha logrado, paulatinamente y en diferentes procesos, conquistar la paz, desactivando al M-19, al Epl, a algunos sectores del Eln, a buena parte de las Farc, al grueso de los paramilitares y a los agentes del narcoterrorismo. Bajo esa óptica es menester de este Gobierno continuar la proscripción de la violencia y dominar de una vez por todas la desestabilización permanente.