* Súbita visita de Petro a la ONU
* El galimatías del acuerdo de paz
El acuerdo de paz firmado por el gobierno Santos con las Farc, en 2016, ha servido de cantera política para múltiples interpretaciones, en especial, las de aquellos que se consideran inagotables expertos en estas materias. Transcurrido ya buena parte del tiempo del llamado convenio del teatro Colón todavía siguen pendientes, entre otras cláusulas, las sanciones a imponer a los máximos responsables de los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, una vez que sean sentenciados por la jurisdicción extraordinaria y sin posibilidades del indulto o amnistía que, por su parte, recibieron los contingentes guerrilleros rasos.
En tanto, sin la plena condena antedicha ni la penalidad restaurativa correspondiente, esta agrupación desmovilizada, ahora bajo el nombre de “Comunes”, ha gozado sin embargo de total actividad política y parlamentaria, a través de su bancada automática de diez congresistas, por dos períodos de cuatro años a los que apenas resta un bienio. Difícil en tal caso decir, como lo pretende sostener el presidente Gustavo Petro ante la ONU, que el Estado colombiano no ha cumplido con base en la idea central del acuerdo de cambiar la bárbara maquinaria del terror por espacios en la democracia. Otra cosa es que no hayan logrado la relevancia política que tal vez algunos presumían de ellos, ni en las urnas, ni en el hemiciclo, ni aun de candidatos presidenciales. Pero, en todo caso, han sido aliados naturales del actual primer mandatario, tanto en su llegada al poder como en el respaldo a sus iniciativas en el Congreso.
Por supuesto, la nueva inventiva del presidente de auto incriminarse, acusando al Estado colombiano de no cumplir el acuerdo, lo podría comprometer de paso en el delito de lo que, cuando se violan los pactos de paz, se cataloga en las leyes internacionales de perfidia. Porque es apenas elemental que en su carácter de primer mandatario funge de cabeza de la rama Ejecutiva, pilar esencial del Estado, y para nadie es secreto que muchos de los desarrollos del tema en mención se soportan en la voluntad, coordinación, capacidades y acciones presidenciales. En efecto, parte mayoritaria de los 587 compromisos adquiridos en el acuerdo son responsabilidad de la Casa de Nariño y las entidades del gobierno.
De hecho, por ejemplo, el Ejecutivo ha sido ineficaz en la protección de la vida e integridad de centenares de líderes comunitarios así como de excombatientes de las Farc. Lo cual no es sólo un problema del acuerdo, sino de índole nacional, puesto que, por la incapacidad gubernamental de imponer y desplegar su soberanía en la totalidad del territorio, hoy copado en no pocas partes por criminales de toda laya, se ha fallado estrepitosamente en el deber constitucional básico de proteger “la vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades” de todos los colombianos y residentes en el país.
De suyo, se ha dicho hasta la saciedad que el acuerdo tiene de corazón a las víctimas, caso en el cual son ellas, y no el presidente, las que podrían ser escuchadas en el seno de la ONU, ya que de todos es sabido su profunda insatisfacción con los victimarios. Mucho prometió, verbigracia, este gobierno con la reforma agraria. Primero dijo que compraría y repartiría tres millones de hectáreas en los cuatro años de su mandato y luego rebajó esa cifra a millón y medio. No obstante, la verdad, en estos casi dos años que lleva, solo ha comprado 157.000 hectáreas.
Todavía peor, si como dicen, lo que pretende el presidente con esta extraña maniobra es reeditar e inclusive ampliar el acuerdo constitucionalizado en un referendo reformatorio que, además, tendrá que ser primero autorizado por una ley del Congreso y sometidas las preguntas, de modo previo, a control de las autoridades jurisdiccionales competentes. No es, pues, que el decálogo que ha expuesto el primer mandatario (que se suponían sus reformas sociales) sea soplar y hacer botellas, mucho menos si ni siquiera se tienen los artículos textuales pertinentes, sino unos ítems genéricos que, por lo demás, bastaría con haberlos concretado oportuna y adecuadamente en leyes, decretos razonables y el presupuesto del caso.
Por lo pronto, lo único cierto es que el presidente Petro ha sostenido que le tocará decir ante las Naciones Unidas, si es que en verdad cumple con esa contraevidencia, que “el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó”. Aunque no se crea son esas las palabras textuales precisamente del propio jefe de Estado: las cosas insólitas que hay que ver en este gobierno.