En momentos en que uno de los flancos de atención política está puestos en el Congreso, que este sábado inicia su tercera legislatura, se escuchan voces de distintos sectores urgiendo que el Parlamento tome cartas en varias problemáticas que se han venido agravando en los últimos años, produciendo una afectación marcada para la población en general.

Por ejemplo, es indudable que este 2024 ha sido particularmente trágico para los menores de edad en Colombia, sobre todo por agresiones de extrema barbarie de que han sido víctimas, casos que, en su mayoría, tienen una fuerte repercusión mediática y generan una indignación muy grande en la opinión pública.

La semana pasada la Procuraduría General denunció que entre enero y abril de este año se reportaron, según los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal, 177 homicidios de niños, niñas y adolescentes, once de los cuales fueron cometidos contra población en etapa de primera infancia y 159 tuvieron como víctimas a adolescentes. A ello se suma que en los mismos cuatro meses las autoridades dieron cuenta de 11.195 situaciones de violencia contra población de esta franja de edad, incluyendo 5.889 casos de presunta agresión sexual, 2.754 por violencia intrafamiliar y 2.552 por violencia interpersonal.

Frente a estas dramáticas cifras, han surgido algunas voces urgen al Congreso agravar las penas al máximo posible para este tipo de delincuentes. Esto bajo la tesis de que solo el riesgo de exponerse a una condena de varias décadas llevará a que se registre una disminución sustancial en la violencia contra los menores de edad.

Sin embargo, considerar que el agravamiento penal, por sí solo, es una herramienta eficaz para combatir la violación de los derechos más fundamentales de los recién nacidos, niños y adolescentes, termina siendo un error.

No pocos juristas advierten que ya en el caso de los asesinatos de mujeres se acudió a esa vía sin los resultados esperados. No solo se tipificó el delito autónomo de feminicidio, sino que se aumentaron las penas (hasta un máximo de 60 años en determinados casos de extrema barbarie) y se restringió la posibilidad de que los culpables de este tipo de actos criminales pudieran recibir beneficios penitenciarios, como rebaja de pena por buena conducta, estudio o trabajo… Pese a todo ello, en lo que va corrido del 2024 las autoridades ya reportan un total de 212 feminicidios.

Como se ve, hay que explorar otras alternativas para contrarrestar este tipo de delitos, siendo la más obvia el promover un cambio en los patrones psicológicos y de conducta colectivos e individuales frente a los menores de edad.