* Persiguen a los periodistas
* Retrocede la libre expresión
LA crisis de la libertad de prensa en Hispanoamérica se ha convertido en uno de los temas recurrentes de la política. En apariencia, los distintos partidos se muestran amigos de la libertad de expresión y las constituciones de sus respectivos países la consagran, una y otra vez, desde los orígenes del republicanismo. Pero, en la práctica, se comprueba que en las naciones que avanzan hacia la figura del partido único y en donde la oposición es muy débil, por todos los medios se intenta sofocar, restringir, perjudicar, censurar y desprestigiar o, dado el caso, corromper o castigar de diversas formas a la prensa libre, a la que no se somete a la voluntad de los gobiernos populistas. La política que se emplea para lograr los nefastos propósitos de conculcar la libre expresión en los medios de comunicación varía. En unos países se aducen situaciones de monopolio o de influjo desmesurado de los medios en la opinión pública, cuando eso es algo que se ha sometido al vaivén de quienes siguen esos medios o rechazan su influjo. Y ello ocurre normalmente dentro de la libre competencia y la libertad de opinar, como de informar en libertad a la sociedad.
Unos gobiernos -como es el caso de Ecuador, en donde el presidente Rafael Correa cuenta con mayoría absoluta en la Asamblea y controla la magistratura-, utilizan una metodología que comprende el desprestigio y campañas infamantes contra los escritores públicos, los periodistas en los distintos ramos profesionales, así como se aprueban leyes leoninas para maniatar y dificultar los movimientos financieros de los dueños de los medios de comunicación, a los que se les cercena el derecho y la posibilidad de invertir en otras áreas de la economía. Algo que a todas luces es ilegal y que afecta la libertad de los empresarios y de los medios. Y no contentos con estas maniobras para amedrentar y acallar a la prensa, se apela a demandas que se cursan en los despachos de jueces adictos al gobernante, los que producen fallos injustos y con multas multimillonarias que amenazan quebrar a los opositores. Y, desde luego, no faltan las amenazas físicas o de injustas órdenes de captura que obligan a las víctimas a salir apresuradamente del país.
En Argentina, la hostilidad entre la presidenta Cristina Fernández y la señora Noble, dueña del grupo Clarín, en algunos casos ha mantenido dividida a la opinión pública, en tanto el Gobierno se muestra intolerante a las críticas y sostiene que defiende a los gauchos del influjo pernicioso de sus publicaciones y las televisoras que acogen a los opositores. También discrepa el Ejecutivo en cuanto al que grupo Clarín mantenga la situación privilegiada en la producción de papel. Fuera del hecho pernicioso, y que afectó a la familia Noble por cuenta del infundio con que se le denunciaba por, supuestamente, haber adoptado a sus hijos ocultando que sus padres habrían sido víctimas de la dictadura. Eso resultó absolutamente falso y en los tribunales, con pruebas científicas, así se corroboró. Ese duelo entre las dos poderosas mujeres de la vida pública argentina continúa y mantiene en vilo las garantías que deben tener los propietarios de los medios de comunicación y los periodistas.
En Venezuela, la situación de los medios es agónica. Hace años fue cerrada Radio Caracas Televisión, que dirigía el prestigioso periodista Marcel Granier. Entre tanto, Globovisión, que mantenía una postura independiente en medio de duras presiones oficiales, terminó por vender el canal a un nuevo millonario chavista. Por diversos medios el régimen controla diarios de provincia, canales de televisión y emisoras, siendo como en Ecuador, poderoso gestor en comunicaciones. La situación de la prensa es cada vez más angustiosa, en tanto que el Gobierno niega a sus propietarios la entrega de dólares para comprar papel en el exterior, fuera de diversas presiones y persecuciones contra los periodistas. Miguel Henrique Otero, director de El Nacional, uno de los diarios más importantes de Hispanoamérica, sostiene que peor que la censura y las persecuciones a sus redactores y comentaristas es que no permitan comprar papel y se tengan que silenciar las rotativas. Lo que parece ser, precisamente, lo que busca el régimen: acabar con los medios porque no podrán ser editados sin papel.
Las fricciones, en mayor o menor grado, se dan en otras naciones, sin que, necesariamente, lleguen al punto de sacrificar la libertad de información. Es el caso del Perú, en donde el poderoso grupo El Comercio mantiene un pugilato con el Gobierno que se muestra hostil a su expansión, con la compra de Epensa, cuando en realidad el éxito o fracaso de la operación depende de la libre preferencia o rechazo de los lectores.