*Dispersión de esfuerzos favorece a criminales
*Proyectos de Fiscalía, Gobierno y los verdes
“Del afán no queda sino el cansancio”. Ese, que es sin duda uno de los refranes más traídos a cuento por los colombianos en su día a día, bien podría aplicarse a lo que está ocurriendo respecto a las iniciativas y proyectos para atacar el flagelo de la corrupción, que es uno de los mayores lastres del país tanto en lo público como en lo privado.
En la última semana se han anunciado distintas estrategias al respecto. De un lado, la Alianza Verde, promotora de la recolección de firmas para impulsar una consulta popular anticorrupción, recalcó que ya está en la etapa final del proceso y aspira entregarlas antes de que se termine este mes a la organización electoral, para el respectivo proceso de verificación de las mismas y luego el envío del proyecto al Congreso.
Se trata de siete propuestas de alto calado: reducción del salario de los congresistas de 40 a 25 salarios mínimos mensuales; condenados por corrupción deberán pagar la pena en la cárcel sin ningún tipo de beneficio y sus contratos serán terminados unilateralmente; todas las entidades públicas y territoriales estarán obligadas a ajustar los pliegos para reducir la manipulación de requisitos y la contratación a dedo; obligación a que el presupuesto de inversión de alcaldías, gobernaciones y del orden nacional se desglose y priorice en audiencias públicas; congresistas tendrán que rendir cuentas sobre su gestión política y legislativa, de manera periódica y detallada; establecer como requisito para posesionarse y ejercer el cargo, publicar anualmente las declaraciones de bienes, renta, impuestos y conflictos de interés; y limitar al máximo tres periodos la permanencia en las corporaciones públicas como concejos, asambleas y Congreso.
De otro lado, el jueves pasado la Fiscalía General radicó en el Parlamento un proyecto dirigido a castigar más drásticamente la financiación ilegal de las campañas políticas, las trampas en los procesos de contratación oficial, el testaferrato en detrimento de la administración pública y el ocultamiento o destrucción de pruebas sobre estos ilícitos. Se trata de una iniciativa bastante ambiciosa que el titular del ente acusador había anunciado tiempo atrás y que ahora se concreta en un proyecto que dará mucho de qué hablar en su trámite.
Y, por otra parte, el propio Presidente de la República anunció, también el jueves pasado, durante la instalación del Congreso, que su gobierno va a presentar una serie de proyectos y reformas destinadas a atacar distintas prácticas de corrupción. Entre esas iniciativas estarían leyes para la protección de denunciantes en casos de robo o detrimento del erario así como para la creación de un Registro de Beneficiarios Reales, que permitirá saber, en tiempo real, cuáles son las personas que en realidad se lucran de una empresa o negocio, y que no se puedan ocultar bajo compañías fachadas o testaferros.
Loable todo lo anterior, ya que si bien Colombia tiene un amplio número de leyes y reglamentaciones para castigar o prevenir la corrupción, hay muchos vacíos normativos que son aprovechados por los delincuentes de ‘cuello blanco’ para esquilmar el erario. Es claro que ver a los corruptos ‘presos’ en lujosas mansiones o saliendo de la cárcel prontamente aprovechando el cúmulo de rebajas o tras solo confesar sus delitos y pagar cuantiosas multas (si es que deciden hacerlo), envía un mensaje muy desalentador a los colombianos y alimenta la torcida noción de que el crimen sí paga…
Sin embargo, debe llamarse la atención para que todo este conjunto de proyectos tenga una articulación, de forma tal que las medidas resultantes sean coherentes y, sobre todo, útiles y prácticas. Hay puntos coincidentes entre la propuesta de consulta anticorrupción, el proyecto de la Fiscalía y los anuncios del Gobierno y es deber de los tres proponentes así como del Congreso evitar duplicidad de esfuerzos o que la legislación termine convertida en una colcha de retazos. Si cada quien trata de atacar ese flagelo por su lado, todo resultará inane y los ganadores por esa falta de coordinación no serán otros que los delincuentes.
Por ejemplo, en el primer semestre el Congreso aprobó varias leyes para atacar este flagelo, una de las cuales, que acelera los procesos de extinción de dominio de bienes de origen ilícito, entró a regir el viernes pasado. Esa norma tiene que articularse con las tres propuestas anunciadas en la última semana. No hacerlo sería un completo despropósito.
Síganos en nuestras redes sociales:
Periódico El Nuevo Siglo en Linkedin