* Más protección a reclamantes de tierras
* Redoblar persecución a mafias y tesfaferros
Desde el mismo momento en que la ley de Reparación a Víctimas de la Violencia y de Restitución de Tierras entró a regir ya se cernían amenazas contra muchas organizaciones y personas que lideraban estos procesos para reclamar la devolución de los predios rurales que les fueron arrebatados a sangre y fuego. Incluso, según se desprende de las investigaciones de las autoridades y las denuncias de las víctimas, muchas de las intimidaciones, atentados y desapariciones vienen desde que los afectados por la acción de los grupos paramilitares empezaron a ser más visibles en los juicios al amparo de la Ley de Justicia y Paz.
No es, en consecuencia, una circunstancia que se derive directamente de la Ley de Víctimas, pues tiene antecedentes más antiguos, como cuando se empezaron a multiplicar los decomisos e incautaciones de los bienes ilícitos de narcotraficantes, guerrilla, paramilitares y otras mafias, pues tanto éstos como sus testaferros y la red de cómplices en notarías, oficinas de registro, dependencias de la Registraduría, abogados y otros particulares no han dudado en acudir a la violencia para evitar devolver propiedades y dineros non sanctos.
El último caso documentado sobre el asesinato de un líder de procesos de reclamación de tierras fue el del dirigente campesino Jairo Mejía Martínez, abatido en Montería a mediados del mes pasado. A ello deben sumarse las recientes amenazas que un grupo delincuencial que se autodenomina “ejército anti-restitución” profirió contra organizaciones no gubernamentales que apoyan estos procesos de recuperación de predios robados.
Si bien es cierto que el Estado, sobre todo en los últimos dos años, ha tomado medidas para la protección de los reclamantes de tierras que son blanco de amenazas, al punto de que decenas de ellos tienen escoltas y otros esquemas de protección, los ataques e intimidaciones siguen sucediéndose, y aun se han multiplicado progresivamente debido a que las personas despojadas van perdiendo, al amparo del sistema de restitución, el temor de reclamar lo que les fue arrebatado.
Según el Gobierno las autoridades ya tienen identificado de dónde provienen las amenazas, explicando que “algunas vienen de sectores de la izquierda que temen perder sus banderas; otras de aliados de los antiguos paramilitares y un tercer grupo, de personas que dicen ser las dueñas de los terrenos que se han reclamado”.
Es claro que a la Fuerza Pública le queda imposible escoltar a cada una de las decenas de miles de personas que exigen la devolución de las fincas y propiedades robadas. Sin embargo, preocupa el hecho de que las investigaciones de la Fiscalía y otras autoridades frente a los autores materiales e intelectuales de estas presiones violentas contra la devolución de los predios no avanzan en forma sustancial, pese a que ya hay unidades y equipos de jueces y fiscales dedicados exclusivamente a enfrentar este flagelo. Se requiere redoblar el esfuerzo, tanto en recursos humanos como técnicos, aumentar el ofrecimiento de recompensas y hacer más eficiente el sistema de alerta temprana para detectar a tiempo a los reclamantes con mayor nivel de riesgo y protegerlos. Y, sobre todo, es urgente que los procesos penales contra los despojadores se aceleren, no sólo para condenar a los jefes paramilitares, guerrilleros y mafiosos que perpetraron el robo y desplazamiento forzado e incluso asesinato de los propietarios legítimos de los predios, sino para judicializar a los testaferros, abogados, notarios y personal de las oficinas de registro que sirvió de cómplice. Sólo cuando los actores materiales e intelectuales del llamado “ejército anti-restitución” vean que los involucrados en el robo de las tierras empiezan a quedar tras las rejas, sabrán que sus delitos, de antes y ahora, no quedarán en la impunidad.
Lo más preocupante es que si este fenómeno del asesinato y amenazas a los reclamantes de tierras ya tiene esta peligrosa dimensión, pese a que hasta el momento sólo se han recibido un poco más 16 mil solicitudes, que representan un millón 230 mil hectáreas, la situación se podría complicar aún más cuando el proceso abarque a más personas y territorios. No hay que olvidar que se calcula que al menos cinco millones de hectáreas fueron arrebatadas ilegalmente en las últimas décadas.