En el primer trimestre, según el reporte del Ministerio de Defensa, se registraron en Colombia más de 1.200 delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. En vista de que el narcotráfico, la minería criminal, la deforestación y otras conductas ilegales en Colombia tienen un alto impacto sobre el entorno natural, nuestro país es, sin duda, una de las naciones con legislación penal más sólida para combatir esas conductas.

Aún así, se escuchan voces en el Congreso y otros sectores que piden que se agraven las penas con el fin de aplicar castigos de cárcel más drásticos, no tanto al infractor individual, sino a las organizaciones delincuenciales de alto espectro que derivan millonarias rentas ilícitas de esas actividades y afectan de forma muy grave nodos ecosistémicos como ríos, quebradas, bosques y suelos, entre otros.

En medio de esa discusión, en nuestro país deben utilizarse como un insumo importante las conclusiones del informe publicado el viernes pasado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, según el cual, los esfuerzos mundiales para prevenir los delitos contra la naturaleza y llevar a los delincuentes ante la justicia se están viendo obstaculizados por las flagrantes diferencias en las leyes de protección del medio ambiente entre regiones.

Se parte de la base de que una legislación más estricta puede contribuir a disuadir a los delincuentes potenciales y reincidentes, así como ampliar el abanico de herramientas y recursos de investigación de las fuerzas del orden para poner fin a esta clase de conductas.

La investigación, cuya primera parte se denomina “Panorama de la penalización”, resulta clave por cuanto examina cómo definen en los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas los delitos contra la naturaleza y las penas que establecen por infringir las leyes medioambientales.

Se analizó de manera muy puntual lo relativo a delitos como deforestación y tala, contaminación acústica, pesca, gestión de residuos, protección de la fauna y flora silvestres, así como contaminación del aire, el suelo y los residuos.

Entre los temas más llamativos que se encontraron está que en el 45 % de los países se imponen penas de cuatro o más años de prisión por algunos delitos contra el medio ambiente, tipificándolos como infracciones penales graves, al tenor de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Es evidente que tratándose algunas de estas conductas criminales como delitos de tracto transnacional, se requiere avanzar, respetando obviamente la soberanía judicial, en el acompasamiento de las legislaciones y su aplicación contra las afectaciones ambientales.