- Fiscalía denuncia infiltración de violentos
- Campus, ante todo, son territorios de paz
En un país con más de seis décadas de conflicto armado no resulta sorpresivo que se denuncie que algunas organizaciones ilegales han tratado de infiltrarse en las universidades públicas. De hecho, en las plataformas ideológicas y de acción de los grupos subversivos es conocido que la captación e ideologización de estudiantes y docentes de los claustros de educación superior era una de las herramientas más utilizadas de lo que en su momento se denominó “la combinación de formas de lucha”. Resultaría interminable hacer un recuento de los casos en que grupos radicales de las extremas izquierda y derecha lograron permear la libertad de cátedra y los espacios universitarios, protagonizando en no pocas ocasiones operaciones propagandísticas y contestatarias, enfrentamientos con unidades de la Fuerza Pública o incluso siendo escenario de actividades típicamente terroristas. Se recuerda, igualmente, que a finales del siglo pasado y comienzos de este alcanzó a hacer carrera una afirmación según la cual algunos campus parecían una especie de “zona de distensión”. Un señalamiento sin duda exagerado pero que retrataba lo que muchos sectores del país pensaban entonces, en pleno pico del conflicto armado interno.
Sin embargo, no se puede negar que en los últimos años los hechos de violencia en las universidades públicas han venido disminuyendo de forma sustancial, aunque se mantienen con cierta frecuencia los episodios de pedreas y refriegas con el escuadrón antimotines en determinadas instituciones. A ello se suma que la opinión pública ha recibido con optimismo los actos espontáneos que se han ido generalizando en donde el grueso del estudiantado es el que censura e incluso expulsa de los campus a los revoltosos y encapuchados que quieren sabotear el calendario académico o generar desorden público en medio de las marchas. Es más, en la mayoría de las universidades oficiales el problema más grave dejó de ser la infiltración de agentes subversivos y saboteadores de las legítimas protestas estudiantiles. El microtráfico, la corrupción y la politiquería que se adueñó de varios claustros y busca esquilmar sus presupuestos, son ahora las preocupaciones con mayor peso.
Durante las marchas estudiantiles del segundo semestre del año pasado, si bien hubo algunos brotes de violencia, la mayoría de las movilizaciones se realizó en forma tranquila. Este año también se han registrado varias protestas en las universidades públicas, casi todas sin mayor novedad, salvo varios bloqueos y refriegas. Lo más grave se registró a comienzos de abril en la Universidad del Valle, en Cali, en donde un exestudiante murió, presuntamente, por manipulación de artefactos explosivos. Por estos graves desórdenes ya otros dos alumnos fueron judicializados y están a punto de ser condenados por terrorismo, fabricación, tráfico o porte de armas o municiones de uso restringido.
Visto todo lo anterior, impacta lo denunciado ayer por el Fiscal General de la Nación en torno a que la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales adelanta en estos momentos nueve investigaciones relacionadas con hechos de infiltración de grupos ilegales en las universidades públicas de Santander, Bogotá, Pereira, Nariño, Tolima, Cali, Atlántico y Cúcuta. Según el jefe del ente acusador hay evidencias sobre “manipulación y cooptación” en estas instituciones educativas por parte organizaciones clandestinas vinculadas al Eln y a las estructuras residuales de las antiguas Farc, con el fin de elaborar y distribuir explosivos y promover acciones terroristas.
Se trata, sin duda, de un hecho de extrema gravedad el revelado por el Fiscal General ante el Ministerio de Educación, entidad a la que le pidió facilitar la cooperación de los rectores de las universidades, convocar la acción solidaria de los docentes y de la población universitaria para prevenir y denunciar estos casos de infiltración. Estamos seguros de que la respuesta a esa solicitud será positiva, ya que las directivas de los claustros, el profesorado y la inmensa mayoría de los alumnos son respetuosos de la ley y sus instituciones, al tiempo que han dado múltiples ejemplos de rechazo a los violentos y sus métodos. Es más, en ocasiones recientes se ha pedido el ingreso de la Fuerza Pública a los campus para reducir a los grupúsculos de saboteadores y revoltosos, sin que ello implique lesión alguna a los principios de autonomía universitaria o libertad de cátedra.
La tarea, pues, está vista: hay que blindar a las universidades públicas de esta nueva ofensiva de infiltración de los grupos violentos. No se puede volver a las épocas aciagas de décadas atrás. Hoy los campus son territorios de paz y cultivo del conocimiento.