* Imperativo frenar los principales ejes de presión
* Urgencia de un plan de reactivación económica
Tras quince meses de reducción constante, desde aquel dramático 13,34% de marzo de 2023, la inflación en Colombia se estancó en mayo pasado, al ubicarse en 7,16%, y ya en junio volvió a presentarse una leve tendencia al alza, cerrando en 7,18% en lo que hace al indicador anualizado.
Es evidente que esta circunstancia enciende una alerta temprana en torno a lo que está pasando con el costo de vida, cuyo control ha sido, sin lugar a dudas, el mayor logro económico en el último año y medio en nuestro país. Logro que se debe exclusivamente a la política contracíclica del Banco de la República para desescalar la cresta inflacionaria que comenzó en 2022. Si no hubiera sido por las decisiones del Emisor en materia monetaria y cambiaria Colombia no habría podido frenar a nivel interno la peligrosa ola de carestía que afectó a gran parte del planeta. Un avance aún más destacable porque se hizo de forma paralela al desmonte de los subsidios al precio de la gasolina y el coletazo en materia de alza en tarifas de energía por el fenómeno del Niño, circunstancias que tuvieron impacto directo en el valor de muchos productos, bienes y servicios.
De hecho, el proceso gradual para meter en cintura al Índice de Precios al Consumidor (IPC) es el único hecho a resaltar en una economía nacional que, por cuenta de la política errática gubernamental y el clima cuasi-recesivo y de incertidumbre derivado, apenas si creció 0,9% en 2023 y que a diciembre próximo no superaría el 1,7%, en el mejor de los casos.
En ese orden de ideas, el estancamiento de la inflación en mayo y ahora su leve alza en junio obliga a revisar cuáles son los elementos que están produciendo el fenómeno y adoptar medidas para neutralizarlo, sobre todo porque los expertos advierten que en este segundo semestre habrá factores que presionarán el encarecimiento de la canasta familiar, como es el caso del fenómeno de La Niña, un reajuste en el precio de los peajes y la posibilidad cada vez más cercana de incrementos en el valor del diésel, ya que el déficit en el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles hace insostenible, y menos en medio de la aguda crisis fiscal del Gobierno, sufragar este billonario subsidio.
Si bien desde las esferas gubernamentales se admite que no es positivo lo ocurrido con la inflación en los últimos dos meses, se resalta, por otro lado, que en lo corrido del año el IPC ha crecido un 4,12%, inferior al 6,15% con que cerró el primer semestre de 2023.
Frente a ese argumento oficial, se contraponen varios elementos igualmente sólidos. El primero, que Colombia continúa teniendo la inflación más alta de Suramérica, obviamente después de los casos de Venezuela y Argentina, que registran desde hace años procesos de estanflación. En segundo término, los análisis comparativos concluyen que el costo de vida en nuestro país disminuye de forma más lenta que en otras naciones del subcontinente. Y, en tercer lugar, que, como lo advierte Fedesarrollo, el estancamiento en la reducción de la carestía obedece al aumento en el costo de los alimentos, un rubro que se había logrado controlar en el arranque del 2024 y que no tiene una perspectiva muy positiva en los próximos meses por el efecto que el exceso de lluvias pueda tener en el ciclo de cosechas, así como un eventual encarecimiento del transporte de carga.
Así las cosas, se requiere delinear una estrategia para evitar un rebrote de la inflación. De entrada, como es apenas obvio, hay preocupación en torno a si este leve repunte del IPC podría llevar a que el Banco de la República desacelere la disminución de las tasas de interés. Es claro que el abaratamiento del costo del dinero es hoy por hoy el único elemento que está llevando a despertar en alguna proporción el aparato productivo, la inversión y el clima de negocios.
Pero quizá la conclusión más importante ante el cambio de tendencia en la curva inflacionaria es que la economía no puede depender únicamente de lo que haga el Emisor en materia de política monetaria. Se requiere, como lo hemos insistido en estas páginas, un plan de reactivación real y eficaz, el mismo que el Gobierno no ha sabido implementar. Por el contrario, muchas de sus medidas y directrices parecieran ir en la dirección contraria: desestimular el crecimiento, bloquear al sector privado y castigar a los rubros más rentables en materia de recaudo tributario, empleo y plusvalía socioeconómica.