* La Niña agravará impacto climático
* El campanazo dado por Contraloría
La segunda temporada de lluvias del año ya arrancó. Prueba de ello es que en los primeros 17 días de septiembre se presentaron 79 emergencias en 65 municipios de 18 departamentos, afectando a 6.795 familias. De hecho, ya se activó el Plan Nacional de Contingencia bajo la coordinación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Las alarmas están prendidas toda vez que la época invernal, que como es tradicional se extenderá hasta diciembre, se verá agravada por la presencia del fenómeno climático de La Niña, que se caracteriza por aumentar sustancialmente los volúmenes de lluvias y generar temperaturas más bajas que los promedios históricos.
Como lo hemos reiterado en estas páginas, es imperativo que todo el aparato institucional, desde las esferas nacionales, departamentales y municipales, esté listo a enfrentar la coyuntura invernal que se asoma como especialmente drástica. Presidencia, ministerios, agencias, institutos descentralizados, gobernaciones, alcaldías, corporaciones autónomas regionales, sistemas de socorro, bomberos, Defensa Civil, Fuerzas Militares y de Policía… En fin, todo el conjunto institucional está llamado a movilizarse para evitar tragedias anunciadas. Incluso los entes de control, en desarrollo de la función preventiva que les atañe, deben prender alertas tempranas y generar los respectivos llamados a las instancias oficiales para que no se vean sorprendidas por contingencias climáticas lo suficientemente advertidas.
Pero no solo es el riesgo incremental por la presencia de La Niña lo que preocupa de esta segunda temporada invernal. También está lo alertado ya por el Ministerio de Salud y demás autoridades sanitarias en torno a que las lluvias y bajas temperaturas suelen producir un aumento de las enfermedades respiratorias agudas que, a su vez, son vectores del covid-19.
Si bien es cierto que en estos momentos la curva epidemiológica registra una baja sustancial en el número de contagios y decesos, llevando incluso a porcentajes de afectación prepandémicos, se proyecta que un cuarto pico de coronavirus podría estarse presentando en nuestro país hacia mediados o finales de octubre, es decir la misma época en donde la temporada invernal estará en su máxima intensidad. En ese orden de ideas, el plan de contingencia no solo debe llevar a adoptar las medidas necesarias para disminuir al máximo el riesgo de inundaciones, derrumbes, daños a la infraestructura vial y otros perjuicios potenciales que cobren vidas o generen cuantiosas pérdidas, sino que también resulta urgente redoblar el ritmo de vacunación anticovid y alistar el sistema de salud para un eventual nuevo desafío a su capacidad de respuesta.
No podemos llamarnos a engaños: pese a los avances en el sistema nacional de prevención y atención de emergencias, el país es cada vez más vulnerable a las contingencias naturales, esto en gran parte debido a los efectos del cambio climático.
Una prueba de ello se dio precisamente esta semana a través de un informe de la Contraloría General que mostró un resultado preocupante: las declaratorias de situación de calamidad pública a nivel departamental aumentaron en un 225%, pasando de 4 en el 2020 a 13 entre enero y junio de este año y, en el caso municipal, se presentó una variación del 118%, al tener un incremento de 95 a 208. Citando cifras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se contabilizaron 48.748 familias, equivalentes a 123.013 personas, afectadas por emergencias y calamidades.
En el mismo diagnóstico, el ente de control señala que es imperativo que la citada Unidad y los Comités Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres fortalezcan su capacidad de captura, consolidación y difusión de información, con el fin de contar a nivel nacional y territorial con todos los datos que permitan conocer las situaciones de riesgo en el país, tanto por amenaza como por ocurrencia, así como todos los factores sociales y presupuestales que se comprometen con la ocurrencia y atención de estos riesgos.
Igualmente, constituye un campanazo que la Contraloría determinara que se observan debilidades en el componente de prevención de riesgos, señalando que el 90% de los recursos destinados para emergencias y desastres a nivel nacional se invierte en atención ante la ocurrencia de los mismos. Incluso se encontró que en regiones como la Costa Caribe, Chocó y La Mojana se presentan reiteradas declaratorias de calamidades con importantes inversiones de recursos que no impactan en el desarrollo social, sino que quedan reducidas a atender damnificados y afectados.
Como se ve, hay aspectos coyunturales y estructurales que deben corregirse urgentemente. El invierno llegó y es necesario movilizarse para evitar una nueva tragedia como la de una década atrás.