* País bloqueado por protestas indígenas

* Gobierno advierte riesgo democrático

 

"Democracia o caos, esa es la gran batalla” y "la democracia del Ecuador está en serio riesgo”. Esas dos frases, la primera del presidente Guillermo Lasso y la segunda del Ministro de la Defensa, evidencian la gravedad de la crisis en la vecina nación tras diez días de protestas y bloqueos por parte de las comunidades indígenas que, incluso, ayer se tomaron Quito.

Si bien en Ecuador no hay año en que la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) no impulse marchas, tomas de grandes ciudades y bloqueos, la actual movilización es la más intensa desde 2019, cuando el paro degeneró en protestas violentas que dejaron once muertos y un millar de heridos, forzando al entonces presidente Lenín Moreno a reversar la eliminación de los subsidios a los combustibles, como se había acordado con el Fondo Monetario Internacional.

En esta ocasión el principal móvil de las protestas es el mismo: el valor del diésel y la gasolina. Si bien el gobierno Lasso congeló sus precios desde octubre pasado, tras protestas en todo el país, los indígenas exigen ahora que las tarifas de ambos combustibles bajen sustancialmente.

Sin embargo, acceder a esa solicitud es casi imposible para el Gobierno, que en sus trece meses en el poder ha tratado de impulsar la reactivación económica y social pospandemia en medio de un complicado escenario fiscal, más aún por al no poder trasladar parte del alto precio internacional de los combustibles al usuario final. De hecho, el Estado está asumiendo ese cuantioso déficit, que ha crecido exponencialmente desde octubre pasado.

A diferencia de Colombia, que sí tiene refinería interna y se autoabastece de combustibles, Ecuador exporta toda su producción petrolera e importa diésel y gasolina, por lo que los precios de estos, y más en una economía dolarizada que no puede ejercer una barrera cambiaria, son altamente sensibles a las altas cotizaciones externas del crudo desde finales de 2021. Un panorama que se complicó aún más desde febrero pasado por la invasión de Rusia a Ucrania, que no solo impactó al alza el mercado mundial de hidrocarburos sino que, además, generó un nuevo pico inflacionario global ya que ambos países son productores de primer orden en alimentos y agroinsumos.

Como se ve, a Lasso no le queda mayor margen de acción este flanco, como tampoco cuenta con suficientes recursos para atender otras demandas indígenas como un régimen de control de precios, redoblar ayudas a campesinos, acabar concesiones mineras en resguardos y moratoria en el pago de préstamos.

Para algunos analistas el trasfondo es un pulso político entre Ejecutivo y Conaie, que sigue con la ‘espinita’ de que Lasso pasara, en febrero del año pasado, al balotaje final presidencial y no el aspirante indígena Yaku Pérez. De hecho, el partido de este último (Pachakutik) es la segunda fuerza en el Parlamento pero la oposición no alcanza a bloquear al Ejecutivo.

¿Cuál podría, entonces, ser la salida? Muchos sectores llaman al diálogo entre las partes pero frente a lo que podría acordarse las posturas están divididas. Para algunos partidos y gremios de la centroderecha si Lasso se deja imponer el pliego de peticiones indígena quedará muy debilitado, un riesgo alto para un gobierno con apenas trece meses en el poder y más aún frente a una organización indígena que entre 1997 y 2005 fue el principal eje de presión para sacar a tres presidentes.

En ese orden de ideas, desde esta orilla recomiendan buscar una salida negociada siempre y cuando sea viable fiscalmente y no lesione el principio de ley y autoridad en un país que hoy tiene a seis de sus 24 provincias, incluida de la que hace parte Quito, en estado de excepción para evitar un bloqueo total y violencia indiscriminada.

Otros sectores llaman a que el Gobierno acepte que los subsidios y otras ayudas sociales de choque contra la pandemia perdieron efecto por el pico inflacionario y la profundización de la pobreza, razón por la cual se requiere una nueva respuesta más audaz y proactiva de Lasso, no solo de cara a los indígenas sino a los campesinos y la población más vulnerable. Es claro, además, que perdiendo más de 50 millones de dólares diarios por las protestas y teniendo paralizada la producción petrolera nacional, el costo del paro es insostenible.

Por ahora, las partes se acusan de no tener voluntad de acuerdo, mientras que el desespero de los más de 17 millones de ecuatorianos (de los cuales solo 1,7 millones son indígenas) crece hora tras hora, gestando un escenario cada vez más tenso y explosivo. Alerta temprana.