DESDE  el 6 de diciembre de 2001, los colombianos hemos estado bajo la presión de la demanda de Nicaragua en la Corte Internacional de La Haya; el juicio  ha tenido diversos altibajos y la opinión pública ha sido informada saltuariamente por los distintos gobiernos de la evolución del pleito. En su momento expresamos que Colombia no ha debido aceptar la hostil demanda de Nicaragua, puesto que el Tribunal Internacional de La Haya surgió después de la II Guerra Mundial, con la finalidad de resolver pacíficamente los pleitos entre las naciones a futuro; intervenir  mirando al pasado y antes de que existiese como tal, sería desconocer el ordenamiento internacional y convertir en un campo minado la estabilidad de las fronteras mundiales. Siendo el Tratado Esguerra-Bárcenas, suscrito en 1928 y ratificado por las partes en 1929, cuando el Congreso de Nicaragua incorporó la línea imaginaria del Meridiano 82, aceptada por Colombia, en sana lógica no cabía la intervención de la Corte de La Haya, ni demanda alguna de Nicaragua. Colombia, en un momento dado,  así lo entendió por lo que en medio de la tensión por la gravedad del asunto alcanzó a presentar una nota en ese sentido, que desestimó el alto tribunal. Lo cierto es que finalmente la Corte de La Haya acogió parcialmente esa tesis al descartar en fallo posterior su competencia para intervenir o cuestionar nuestra  soberanía nacional en San Andrés, Providencia ni Santa Catalina. Islas que desde entonces no están en juego y sobre las  que ejercemos soberanía plena e indiscutible. Con el argumento del novísimo derecho del mar.

La estrategia de  Nicaragua al reclamar además de San Andrés, Providencia o Santa Catalina, y los cayos, como se demostró cuando la Corte Internacional desestimó esa aspiración, era conseguir que les le diesen más en el mar. Algo así como una compensación por no recibir lo que sabían que no era suyo y descartar sus desorbitadas pretensiones en las islas. Pretensión que, entre otras cosas, se enmarca dentro de las ocurrencias de una estrategia elemental de reclamar lo más para obtener lo menos, que en este caso es muchísimo y de una enorme importancia geopolítica. La Corte Internacional ratificó lo que era un hecho indiscutible, la soberanía de Colombia en las islas, aclarando que era competente para dirimir el litigo entres las dos naciones sobre delimitación marítima. La defensa de Colombia explicó que la soberanía sobre los cayos de Serrana, Roncador y Quitasueño, no se discute en cuanto son parte de las islas y esenciales para determinar  la delimitación marítima al desconocer  la vigencia del Meridiano 82.

Es de esperar en cuanto a las islas colombianas que la Corte Internacional de La Haya desestime de la misma forma el ardid de los juristas al servicio de Nicaragua, que han sostenido que las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, son enclaves en su mar territorial. Lo que de aceptar la Corte daría un golpe mortal a nuestros intereses, dado algunos otros  fallos memorables en tal sentido de esa instancia internacional, eventualmente, dejaría muy mal parada nuestra soberanía en el mar, que con los cayos es lo que se juega. Como se sabe la soberanía marítima se extiende 200 millas náuticas más allá del extremo territorial. El país dueño del territorio en dicho  espacio  tiene derecho a explotar la  plataforma submarina. Por lo que la soberanía en  los cayos juega papel preponderante. Puesto que en esa zona existe un gran  potencial petrolero y otros recursos que en el futuro Colombia deberá explotar, sin contar la importancia estrategia y el papel que cumple la Flota colombiana al  patrullar esas zonas, esenciales para nuestra seguridad y soberanía, vía que suele ser usada por contrabandistas de armas y de exportaciones clandestinas. Y los cayos son parte del archipiélago nacional como lo han demostrado los defensores de nuestros derechos soberanos. El sistema jurídico internacional no puede  caer en el sofisma de Nicaragua que busca una partición equitativa de las partes, como se parte una torta, cuando el hecho trascendental es la intangible soberanía histórica de Colombia en la tierra y el mar. Aceptada esa teoría todos los países con ambición sobre el territorio de los vecinos saldrían a demandar, en el artilugio de que  el Tribunal  les daría algo de la torta. Lo que importa ahora es que resplandezca la justicia y la verdad sabida de la causa colombiana.