Tras  el fallo de la Corte Constitucional que declaró exequible la ley estatutaria que elimina la elección popular de los representantes de Colombia en el Parlamento Andino, lo que le ahorra al país el alto costo de tener que ir de nuevo a las urnas para escoger a sus delegados en esta polémica instancia subcontinental, lo que debe hacerse ahora es acelerar la desaparición de dicha corporación cuasi-legislativa de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

El fallo del máximo tribunal judicial en Colombia era esperado con urgencia debido a que el pasado 9 de marzo el voto en blanco se impuso en la escogencia popular de los cinco parlamentarios de nuestro país en esa instancia andina.

Como se recuerda, para Parlamento Andino se contabilizaron un poco más de 10 millones de votos, pero de éstos hubo más de 2,8 millones no marcados y más de 500 mil nulos. Es decir, que sólo quedaron 6,8 millones de sufragios válidos. Y de éstos, únicamente se contabilizaron 3,1 millones por las listas de los candidatos que presentaron los partidos, mientras que el voto en blanco sumó 3,6 millones, es decir, que ganó.

Así las cosas, era obligatorio volver a citar a los colombianos a las urnas para repetir la elección pero con candidatos distintos, circunstancia que no solo se consideraba inoficiosa debido a la poca eficiencia del Parlamento Andino, sino por el alto costo mismo de los comicios.

De allí la urgencia de que la Corte le diera el visto bueno a la ley aprobada a finales del año pasado por el Congreso, que anula la elección popular de los representantes de nuestro país en el Parlamento y vuelve al sistema que imperó por muchos años, aquel mediante el cual esos parlamentarios son designados de los ya en ejercicio en el Senado y la Cámara de Representantes.

Superado este tema, lo que procede ahora es evaluar si es necesario mantener el Parlamento Andino por más tiempo. No hay que olvidar que el año pasado los gobiernos que integran la Comunidad Andina (CAN), Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, llegaron a un acuerdo para suprimir la institución, no sólo dentro del proceso de reingeniería del bloque subcontinental sino con miras a acoplarse de una manera más funcional con las instancias que se están fortaleciendo en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Entre esos nuevos entes está prevista la creación de un Parlamento Suramericano, muy al estilo del que funciona en la Unión Europea, lo que ya, por simple y llana lógica, le quita espacio y utilidad al Parlandino.

En ese orden de ideas lo que procedería ahora es que desde la Unasur se acelere la puesta en marcha del Parlamento Suramericano, sobre todo en cuanto a facultades, funciones y el nivel de acatamiento que cada país tendrá frente a sus decisiones.

No se trata de un asunto de fácil trámite, es cierto, no sólo por las aprobaciones internas que se requieren legal y constitucionalmente en cada uno de los Estados miembros, sino porque persisten reservas frente a las tendencias políticas e ideológicas que están en constante pulso al interior de la Unasur.

Mientras se madura este proceso, los cuatro gobiernos andinos deberían acelerar el marchitamiento del Parlamento Andino, más aún si se tiene en cuenta que pese a ser creado en 1979 y funcionar desde 1984 su utilidad siempre ha sido puesta en duda, sobre todo después de que la misma CAN empezó a debilitarse, sufriendo incluso la deserción venezolana. Es necesario cerrar este ciclo lo más pronto posible.