El Congreso no puede ser inferior a sus responsabilidades con el país. Esa debe ser la premisa de la cual deben partir los senadores y representantes ahora que quedan escasas tres semanas para que termine este primer tramo de la legislatura y hay varios proyectos clave en el limbo e incluso al borde del hundimiento, por cuenta no sólo del ausentismo parlamentario, sino también por la falta de acuerdos con el Gobierno sobre los alcances de las distintas iniciativas así como por la dificultad para superar las posturas contradictorias de los padres de la Patria frente a las materias en discusión.
Sin embargo, es necesario apretar el acelerador. Es claro, por ejemplo, que el proyecto que aumenta los castigos a los conductores ebrios no puede, de nuevo, naufragar. La opinión pública está esperando una decisión del Congreso al respecto. No queremos desde estas páginas concluir si la iniciativa que está sobre la mesa debe ser o no aprobada, lo que se urge es que el análisis de sus ventajas y desventajas se dé en forma seria y ponderada, y no bajo la presión del tiempo y el fantasma siempre presente -más aún cuando agoniza la legislatura- del pupitrazo.
Igual ocurre con otros proyectos que deben culminar su trámite legislativo. El Código Carcelario y Penitenciario es una de las iniciativas más debatidas en el segundo semestre y, si existe ya la suficiente ilustración al respecto, debería tener el visto bueno en último debate para pasar a sanción presidencial.
En cuanto a la reforma a la salud está claro que la discusión de la iniciativa se estancó en la comisión respectiva de la Cámara, y día tras día crecen las voces que llaman a aplazar su debate para el segundo tramo de la legislatura, que comienza en marzo de 2014. El problema, como lo ha reiterado el Gobierno, es que la crisis del sector es tan grave que no da espera.
Hay excepciones que evidencian que cuando el Congreso se aplica a discutir y analizar un proyecto, lo tramita en forma rápida y eficaz. Por ejemplo, el que crea un fondo para financiar la defensa técnica de militares y policías investigados penal y disciplinariamente ha logrado avanzar en poco tiempo, al punto que superó el debate en las comisiones primeras conjuntas y quedó listo para ir a plenarias.
No obstante, como se dijo, hay otros proyectos que están en peligro. El Gobierno debería enviar a todos sus ministros y altos asesores estas tres semanas al Congreso, con el fin de colaborar en que las iniciativas que se encuentran trabadas se puedan agilizar. Igual, los directores de los partidos tienen la obligación de disciplinar a sus respectivas bancadas para que por más que la campaña electoral esté aumentando el ritmo, se concienticen de que no pueden descuidar su función parlamentaria. Los presidentes de ambas cámaras también deben apretar las tuercas y ordenar el descuento automático de los salarios a los ausentistas y la activación de otras sanciones…
No hay tiempo que perder en el Congreso. La tarea legislativa está a medio camino y el país espera decisiones de fondo para enfrentar problemas urgentes.