Abolir el senador nacional
* Interesante propuesta legislativa
* Restaurar democracia departamental
Los colombianos nos venimos acostumbrando a la improvisación legislativa, que no siempre resuelve los problemas políticos y en algunas oportunidades los complica más. Las leyes de la sabiduría aconsejan a los Estados una cierta capacidad de prevenir las crisis y de otear el horizonte para tener una visión de conjunto. No es dado resolver los asuntos macro con una visión micro de los asuntos, ni a la inversa. Es más aconsejable dentro de cierto espíritu científico, tal como aconsejaba el notable estadista Rafael Núñez, que es un faro del pensamiento nacional y conservador, tener una visión de conjunto. Lo que hoy se conoce como alta política. No tenemos la menor duda de que los representantes del pueblo en el Congreso de la República son ardientes defensores de nuestra soberanía en el archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, los cayos y el mar nuestro en la zona. Es evidente que todos los colombianos queremos estimular y apoyar en todas las formas el fervor patriótico de los isleños colombianos, como su bienestar y representatividad política. Así como todos rechazamos sin excepción el fallo inicuo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que nos despojó de gran parte de nuestro mar en el Caribe y desatendió el mandato de la ONU, que reza en sus estatutos que por sobre todas las cosas su misión es proteger los derechos humanos, en particular los de las minorías. Lo que contradice el fallo de La Haya que expone a los isleños colombianos a las eventuales tropelías de Nicaragua para impedirles pescar y ganarse el sustento como lo han hecho por siglos.
Según los informes de prensa el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara y exembajador Telésforo Pedraza, propone que: “San Andrés y Providencia tenga un senador y que en la Cámara, esa curul nuevamente regrese y que sea otorgada a los raizales”. En principio la iniciativa es plausible, más viniendo de tan experimentado político. Lo que ocurre es que tal como sucede con las fórmulas de economía se depende del momento y la circunstancia en las que se aplican para que tengan un efecto positivo. Quizá en otro momento esa idea sería providencial, surtiría efectos benéficos para el archipiélago y sus habitantes. Lo que sucede en el actual momento político es que tenemos un problema macro, que no se puede resolver con medidas micro. La complejidad de la representación política nacional en el Congreso es mayúscula, por cuenta de los senadores nacionales. En contra de la tradición constitucional de Colombia en 1991 se alteró la figura del senador elegido para representar los Departamentos, con la finalidad de que defendiesen los intereses de su región y los nacionales, para crear un Senado en representación de toda la Nación.
La figura de un senador en representación de la totalidad de la Nación tenía que ver con la sugestión de dar la mayor representatividad a los senadores a partir de los cambios constitucionales de 1991. En ese momento no se sopesaron más a fondo eventuales problemas que podrían surgir por cuenta de esa iniciativa política. Se necesitó que pasaran dos décadas para darnos cuenta por la dura experiencia que el sistema ha dado lugar a que se desquicie la política nacional. El Senado nacional encareció a tal punto la política que se habla de miles y miles de millones de pesos para financiar los gastos de campaña. El efecto inmediato es que varios Departamentos se quedaron sin representación al Senado, en especial aquellos que más necesitan tener voceros en la Cámara alta.
El sistema del senador nacional ha desquiciado la política colombiana y se ha convertido en un factor pernicioso que enrarece, encarece la política y conduce a la antidemocracia, precisamente lo contrario de lo que pretendían los legisladores de 1991. Los senadores nacionales compiten entre sí en todo el país lo que los obliga a participar en una minicampaña presidencial a costos siderales y convertirse en enemigos acérrimos, incluso entre los candidatos de un mismo partido. Así como anula la capacidad del público de ejercer el derecho al voto castigo, puesto que como arañan los votos en todo el país, ni siquiera le responden a la región de la que son oriundos.
Con tan nefasta experiencia debe ser un propósito general abolir el Senado nacional antidemocrático, para restablecer a plenitud la representación por Departamentos a la Cámara alta al servicio del bien común, incluido por supuesto el archipiélago de San Andrés.