* El fracaso de la política de seguridad
* El equivocado mensaje gubernamental
Lamentablemente el hecho de que el fin de semana se hayan presentado tres masacres en Colombia, con un saldo de nueve personas asesinadas, no es un hecho aislado. Por el contrario, los asesinatos colectivos en lo corrido de este año ya van rumbo a superar los registrados en 2022.
El seguimiento que sobre la materia hace la organización no gubernamental Indepaz señala que las dos matanzas que se registraron en zona rural de Santa Fe de Antioquia, en donde fueron ultimadas seis personas, al parecer a manos del ‘Clan del Golfo, constituyeron los casos 89 y 90 de asesinatos colectivos en 2023, con un saldo de 289 vidas segadas. Es un indicador bastante grave si se tiene en cuenta que el año pasado se contabilizaron 94 masacres con 300 víctimas.
Este es apenas un flanco del innegable deterioro de seguridad y orden público en todo el país en los últimos meses. En homicidio intencional, por ejemplo, hasta octubre iban 11.031 casos, apenas 149 menos que los registrados en los primeros diez meses del año pasado. En una porción de estas muertes la modalidad del sicariato está presente, poniendo de presente un fenómeno de delincuencia organizada muy complejo.
Más complicado es que no solo se trata de los asesinatos individuales o colectivos. Hay otros delitos de alto impacto disparados, especialmente en lo relativo a hurtos a personas, vehículos, secuestros y extorsión. Estas conductas hacen parte, no en pocas ocasiones, del mismo espectro de actuación criminal. Ayer, por ejemplo, se conoció la infausta noticia del asesinato de un padre y su hijo de menor de edad, que habían sido secuestrados el sábado pasado en zona rural de Jamundí, en donde operan las disidencias de las Farc.
Igual ocurre con el tema de las extorsiones, que se han extendido en muchas zonas, victimizando a personas de todos los estratos, desde empresarios, comerciantes y transportadores hasta campesinos e incluso vendedores ambulantes y humildes trabajadores… Bandas delincuenciales colombianas y venezolanas les exigen fuertes sumas de dinero y, si no reciben el pago, entonces proceden a ordenar atentados y asesinatos en contra de sus víctimas.
En entrevista dominical con este Diario el comandante del Gaula de la Policía hizo una radiografía muy precisa de este delito, señalando no solo los principales modus operandi sino alertando a la ciudadanía sobre la necesidad imperativa de denunciar ante las autoridades, incluso advirtiendo que “pagar por una extorsión es matricularse con los delincuentes”.
Visto todo ello es claro que hay un fracaso drástico de la política de seguridad y orden público, más aún porque resulta innegable que detrás de estos delitos están la guerrilla del Eln, los grupos residuales de las Farc, bandas criminales de alto espectro, carteles de narcotráfico y minería ilícita, facciones del llamado ‘Tren de Aragua’ o pandillas de microtráfico, hurto y delincuencia común típica.
Frente a ese escenario es difícil de entender que el Ministerio de Defensa, y el gobierno en general, no actúen con más decisión frente a una situación tan delicada. Son múltiples las alarmas prendidas por gobernadores y alcaldes (tanto salientes como entrantes), así como por la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y otras instancias públicas y privadas. La mayoría de las encuestas coincide en que la inseguridad es el mayor problema del día a día de la población en capitales, ciudades intermedias, cabeceras municipales, veredas y corregimientos.
El Gobierno, imbuido a diario en controversias políticas, económicas, sociales e institucionales de todo calibre, pareciera no estar consciente de la crítica realidad que se está registrando en muchas regiones. Tampoco se ve a un Fuerza Pública concentrada en su labor misional, contagiada también de escándalos y polémicas al más alto nivel. La accidenta política de “paz total”, en especial los gaseosos ceses el fuego vigentes con el Eln y las disidencias de las Farc, han sido aprovechados por esas y otras facciones criminales para aumentar su pelea a sangre y fuego por el control de las rentas ilícitas y corredores estratégicos. Incluso, las posturas del Ejecutivo en materia de flexibilidad penal han creado un escenario en donde el criminal percibe cierto clima propicio a la impunidad y la reincidencia delictiva.
En síntesis, hay un pico de violencia muy marcado que ha disparado los índices de victimización a niveles que se no se veían hace muchos años. Las distintas estrategias de seguridad y orden público implementadas en los últimos meses no están dando los resultados esperados. El Ejecutivo no atiende a esa realidad y, por el contrario, tiene una visión equivocada de lo que pasa en las regiones. Mientras tanto, los platos rotos los paga la población inerme y desamparada.