* Las elecciones de la Constituyente en 1990

* ¿El eterno retorno?

 

 

Hoy hace treinta años Colombia encontró, por fin, el mecanismo para desbloquear el sistema político: una Asamblea Constituyente. Varias reformas aprobadas en el Congreso se habían venido a pique, hasta entonces, por cuenta del apego excesivo de la Corte Suprema de Justicia al inciso y el acartonamiento.

De esta manera, la entronización del tecnicismo jurídico sobre el derecho sustantivo se mantenía como un buey cansado a mitad del camino. En consecuencia, el ajuste de las instituciones sufría una parálisis de décadas. El país parecía anclado en el pretérito, sin vocación de futuro, pese a estar en plena ebullición y crecimiento. Por lo cual una propuesta extraordinaria adquiría cada vez mayor perspectiva, así estuviera prohibida en los cánones legales.

Por supuesto, con la Constitución de 1886 se podía gobernar bien. Era este documento, curtido en el tiempo, el principal activo fijo de la democracia nacional y la mejor carta de presentación en el concierto global. Aun así, el uso exorbitante de las leyes marciales, la recurrencia a las facultades extraordinarias para gobernar por decreto y el descrédito descomunal del Congreso, además de una justicia inerte y endogámica, se mostraban como un detonante contra el mismo texto constitucional centenario. Sin duda, las malas prácticas habían llevado a un bloqueo en que la democracia no encontraba salidas a sus requerimientos y complejidades.

En principio, se pensó en una Asamblea Constitucional, a fin de adecuar la Carta de 1886 y conseguir con el aval popular los cambios desestimados por la Corte. Fue la idea que prosperó después de que se hubiera echado pie atrás al plebiscito propuesto por el gobierno de Virgilio Barco ya que el Congreso, cambiándolo por un referendo, había incluido en el contenido la no extradición de nacionales a pesar de la negativa gubernamental a fines de 1989. Ante el reto, la administración retiró el proyecto, pero luego encontró un aliciente en la llamada Séptima Papeleta, cuando un nutrido grupo de jóvenes y universitarios propuso incorporar en las siguientes elecciones de cuerpos colegiados, el 11 de marzo de 1990, un tiquete adicional que convocará la Asamblea Constitucional, integrada popularmente. Así lo hizo el gobierno, amparado en un decreto de estado de sitio, por demás en medio del auge narcoterrorista y guerrillero.

Pero la Registraduría se negó a imprimir y contabilizar la papeleta, aunque el pueblo la recortó de los periódicos y salió a votar favorablemente ese día. Fue entonces cuando la Corte Suprema dio un viraje intempestivo. Al pronunciarse de fondo sobre el decreto de estado de sitio anterior dejó establecido que era obligación del Estado contabilizar los votos y que debía formularse un nuevo evento. En caso de una votación positiva por la Asamblea se debía proceder en consecuencia.

En ese orden de ideas, el día de las elecciones presidenciales, el 27 de mayo de 1990, no sólo salió elegido César Gaviria, sino que la convocatoria a una Asamblea Constitucional cobró plena legitimidad y vigencia, con 5.236.863 votos a favor, casi los mismos que los depositados por todos los candidatos y solo 230.080 en contra. Una vez posesionado y hechos los acuerdos políticos, Gaviria expidió entonces el decreto 1926 del 24 de agosto de 1990 (también de estado de sitio), mediante el cual convocaba para el nueve de diciembre las elecciones a la Asamblea, conformada por 70 delegatarios y que debía sesionar durante el primer semestre del año siguiente.

Ese nueve de diciembre, justo hace 30 años, la votación estuvo exenta de cualquier tipo de intervención clientelista. Fue, por decirlo así, una nítida expresión del llamado voto de opinión. Por lo que es inútil, como algunos suelen hacerlo, comparar esta jornada con las que comúnmente tienen incidencia clientelar. En todo caso fue una expresión de optimismo. Ya por entonces la Corte había manifestado que la Asamblea era omnímoda y omnipotente, por lo cual pasó de ser Asamblea Constitucional a Asamblea Constituyente, con un temario abierto.

Tres décadas más tarde, son muchas las cosas que se pueden decir sobre la Constitución emitida bajo esas reglas. Lo que prevalece, en todo caso, es que fue una Constitución con bases populares, lo que más tarde permitió el consenso. Por primera vez, en Colombia, la Carta Magna no fue el resultado de una imposición. Hoy en día, sin embargo, son también muchas las reformas aplazadas y existe la sensación, por igual, de que el sistema está en buena parte bloqueado. Basta ver el descrédito de las ramas del poder público en las encuestas. Y lo grave es que son temas similares: la erosión de la justicia, el fracaso de la democracia participativa, el deslustre del Congreso, la corrupción galopante… ¿El eterno retorno?