De máxima preocupación lo advertido por la Contraloría General en torno a que, con base en información reportada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se identificaron 40 puentes vehiculares del país que están en situación crítica.

Según el ente de control fiscal, de esas estructuras, cuatro se encuentran en estado extremo de falla total con riesgo alto y los 36 restantes con daño grave.

Dentro de los más críticos está el puente Arenoso II, que hace parte de la concesión vial Santana-Mocoa-Neiva, ubicado entre Neiva y Campoalegre, en el Huila. Ya está cerrado y en espera del proceso de reparación y rehabilitación. Incluso, el concesionario construyó y puso en funcionamiento un segundo puente.

El campanazo de la Contraloría evidencia una situación alarmante que debe ser atendida con la máxima prioridad. Tal cantidad de puentes en mal estado implica un eventual riesgo para usuarios, comunidad y la conectividad vial en muchas regiones.

Si bien la Contraloría ofició a la ANI indagando respecto a las medidas que se están implementando para hacer frente a esta contingencia, y la entidad requerida respondió precisando los procesos que se adelantan en cada una de las cuarenta estructuras, la opinión pública debe ser informada oportuna y detalladamente sobre cuáles son los puentes en riesgo y las medidas de precaución que deben adoptarse.

Si bien se entiende que hay unas complejidades técnicas en los planes de contingencia que se aplican en cada estructura y este es un tema que corresponde manejar a ingenieros, arquitectos y demás personal especializado, las comunidades que viven en los alrededores de estos cuarenta puentes y quienes transitan por aquellos que aún están en servicio tienen que estar prevenidos y alertas para evitar una tragedia.

Por igual, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y los comités departamentales y municipales de atención de emergencias deben tener desde ya estrategias para reaccionar en caso de un agravamiento estructural.

De otro lado, el Ministerio de Transporte, la ANI, el Invías y demás autoridades regionales y locales tendrían que presentarle a la opinión pública los planes de manejo de tráfico, rutas alternas y demás acciones que se activarían en casos de cierres de los puentes, debilitamiento de sus bases y estructuras vitales o incluso derrumbes.

Ya en el pasado se han registrado problemas y tragedias de marca mayor por la imprevisión. Aquí es claro que hay una alarma encendida de manera preventiva y tiene que actuarse en consecuencia, so pena de sanciones a entidades y funcionarios responsables. Soldado advertido…