* Repotenciar principal instrumento continental

* Alertas de vieja y nueva data en el continente

La democracia en el continente americano está en peligro. Esa es una realidad que se constata con ejemplos graves e innegables: la dictadura chavista en Venezuela y los regímenes autoritarios en Nicaragua y Cuba. A ello debe sumarse los asomos de ruptura institucional violenta, como el reciente asesinato del presidente de Haití. También está la sucesión de relevos presidenciales en Perú en menos de cinco años o las crisis en varias naciones centroamericanas en donde los presidentes han desconocido los mandatos judiciales y legislativos, entrando a gobernar casi de facto.

Tampoco puede dejarse de lado cómo en la pasada década, en medio del auge de los gobiernos populistas de izquierda, en países como Bolivia, Ecuador y otros que se enrolaron en el llamado “Socialismo del siglo XXI” los gobernantes de turno anularon la separación de poderes o incluso se saltaron o reformaron los mandamientos constitucionales con tal de perpetuarse en el poder o reprimir todos los sectores de oposición que denunciaban el desvío al autoritarismo…

Incluso, en un momento dado se llegó a tal grado de desenfreno demagógico y de subversión institucional que, pese a prohibiciones internas y externas, se alegó por varios regímenes en distintos países (así quisieran esconderse bajo el manto de cuestionadas citas en las urnas) que la reelección presidencial consecutiva y sin límite alguno era un “derecho humano”. Afortunadamente semanas atrás la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos le salió al paso a esta corriente delirante, señalando que no hay tal y que la posibilidad de alternación en el poder y de competencia de nuevas opciones para liderar los gobiernos es una garantía de vigencia democrática.

Visto todo lo anterior se entiende la preocupación que existe en muchos sectores respecto a lo que ocurre en el continente, en donde así como hay naciones que llevan décadas sin sufrir ningún tipo de alteración o ruptura de su sistema político e institucional, ambos de tinte democrático, también existen naciones en donde ocurre todo lo contrario. Esta es una circunstancia que evidentemente afecta la funcionalidad del sistema interamericano.

En medio de ese panorama se están celebrando por estos días los veinte años de entrada en vigor de la Carta Democrática Interamericana, considerada como el principal mandato continental para preservar este sistema político que propende por los gobiernos derivados de la voluntad popular, el respeto a la institucionalidad, la preservación de los derechos humanos y la garantía de la separación de las ramas del poder público.

La Carta fue adoptada por aclamación el 11 de septiembre de 2001, el mismo día de los atentados de Al Qaeda en Estados Unidos. De hecho, debido al impacto de esos ataques terroristas se cambió el orden del día de la asamblea extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) para proceder a votar su aprobación. La solicitud la hizo el propio secretario de Estado estadounidense, Colin Powell, que no solo urgía volver de inmediato a su país sino que consideró que el continente enviaba así un mensaje contundente -interno y externo- sobre la vigencia de la democracia por encima de todos los desafíos, incluyendo el embate de la barbarie y la violencia.

La Carta Democrática se ha activado en varias ocasiones para alertar sobre el rompimiento del tracto institucional en distintos países. Pese a que sus alertas y mandatos han sido desconocidos por algunos gobiernos típicamente autoritarios, los mismos que han intentado infructuosamente reemplazar o desplazar a la OEA, lo cierto es que continúa siendo el principal instrumento para la promoción y fortalecimiento de los principios, prácticas y cultura democráticas entre los Estados de las Américas.

¿Cómo está el panorama hoy? El secretario general de la OEA, Luis Almagro, lo dejó en claro la semana pasada: “a 20 años de su adopción, las amenazas que existían entonces subsisten y en muchos casos han aumentado. El compromiso debe más que nunca servirnos de guía. El riesgo mayor es no cumplirlo plenamente”.

Incluso, no pocos analistas sostienen que dado lo que pasa en Venezuela, Cuba y Nicaragua se requiere reformar la Carta y darle más dientes a su capacidad para adoptar sanciones y otras medidas de orden continental, no solo en el caso de ruptura evidente del orden constitucional y de golpes de Estado, sino de otras circunstancias en que gobiernos elegidos en las urnas devienen claramente en actitudes autoritarias y antidemocráticas, por más que se traten de esconder o maquillar. Habrá que esperar lo que el pleno de países del continente decida al respecto.