• Falencia de la administración pública
• Definir nuevos modelos y lenguajes

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Tras casi 20 meses de gestión, muchos alcaldes y gobernadores están poniendo especial énfasis en lo que puedan hacer y avanzar este segundo semestre, sabedores de que en diciembre próximo cumplen la primera mitad de sus respectivos mandatos y sus gobernados están prestos a calificarlos.

Como lo enfatizamos en editorial anterior, luego de un primer año de funciones en donde su margen de acción suele estar muy limitado porque sus antecesores les dejaron –como suele decirse- “la olla raspada” en materia presupuestal y la aprobación de los nuevos Planes de Desarrollo suele demorarse varios meses en los concejos municipales y asambleas departamentales, gran parte de los gobernadores y alcaldes apuestan a que su segundo año será el del verdadero arranque y los primeros logros importantes, al tener no sólo recursos sino una hoja de ruta propia para cumplir lo que prometieron en campaña.

Sin embargo, el panorama para los mandatarios seccionales y locales que se posesionaron el 1 de enero de 2016 no ha sido fácil. De un lado porque -como ya se dijo- muchos de ellos encontraron los presupuestos amarrados y la misma crisis económica ha golpeado las arcas fiscales de gobernaciones y alcaldías que han visto reducir sus ingresos por un menor dinamismo en materia de impuestos y otras tasas y contribuciones cuyo recaudo está a su cargo. Ese marco circunstancial obliga a esas administraciones a apretarse el cinturón y limitar su capacidad de abocar una mayor inversión social o apostar por obras y proyectos de alto impacto.

A ello se suma que este año se han radicado un número sin precedentes de comités promotores de iniciativas de revocatoria del mandato a titulares departamentales y municipales. De las pocas que se han votado hasta el momento, ninguna ha salido avante, pese a ser evidente que más que un incumplimiento manifiesto de los gobernadores o alcaldes cuestionados, lo que existe son móviles políticos detrás de esas intentonas.

En recientes cónclaves de gobernadores y alcaldes no deja de llamar la atención que muchos de estos se quejan porque la ciudadanía no les reconoce en su justa dimensión sus respectivas ejecutorias. Incluso hay quienes señalan que pareciera ser más ‘rentable’ política y electoralmente apostar por el populismo cortoplacista y el efectismo gubernamental, es decir, inclinarse por obras y programas de bajo alcance, que abocar grandes y complejos proyectos de largo plazo e importancia estratégica para sus gobernados y jurisdicciones.

Esa queja evidencia que uno de los problemas de la administración pública es la deficiencia en los modelos comunicativos de gestión. Gobernaciones, alcaldías, agencias, institutos y otras entidades cuya función tiene un efecto directo e identificable en la opinión pública no atinan en la escogencia de mecanismos de difusión, tipos de mensajes y canales de retroalimentación con los grupos poblacionales que impactan con su misión funcional.

Algunos analistas de estrategias comunicativas, que van más allá del concepto clásico de medición de niveles de imagen y favorabilidad del respectivo titular o entidad, advierten que las instituciones públicas no dan suficiente importancia a este tema o, si lo hacen, fallan en estructurar modelos informativos eficaces que den a conocer de forma clara, sencilla e impactante los logros de gestión o los argumentos oficiales sobre hechos de interés para comunidades o usuarios.

Es claro que los modelos de “oficina de prensa” o de “comunicaciones internas y externas” deben ser adecuados a las plataformas informativas modernas, en las que el tráfico de contenidos se hace preponderantemente por canales web y redes sociales, con una mayor capacidad de interacción entre el generador y el receptor. Hay nuevos códigos de lenguaje y canales de comunicación que deben ser aprovechados inteligentemente por los operadores de la función pública para dar a conocer lo que hacen y no hacen.

No es, por definición, una tarea fácil. Sin embargo, en medio de un escenario en donde los escándalos de corrupción y desgreño administrativo en lo público están a la orden del día, y tienen a la ciudadanía con un alto grado de desconfianza frente a la eficiencia de quienes desempeñan cargos oficiales a todo nivel y en cualquiera de las tres ramas del poder, definir esos modelos comunicativos resulta urgente para cada alcalde o gobernador. Hay que saber comunicar. No tanto por el hecho de que la ciudadanía conozca los logros de gestión y los califique mejor en las encuestas, sino porque de la lectura que cada persona hace del Estado –representado en el operador público con el que interactúa más frecuentemente- depende la concepción misma que ese ciudadano se hace sobre toda la administración pública.

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