Inédita, sin duda alguna, la situación en que terminó inmersa esta semana la Contraloría General, pues literalmente se quedó sin dónde trabajar, sumando así un nuevo capítulo a la desgastante trama del cambio de sede del ente de control. Como se sabe, en la gestión de la anterior titular, Sandra Morelli, se determinó dejar la vieja sede en el centro de Bogotá y arrendar unas modernas instalaciones en el sector del centro empresarial Gran Estación. Dicho contrato terminó bajo la lupa de la Procuraduría y la Fiscalía, al punto que la alta funcionaria está siendo procesada penalmente e incluso salió abruptamente del país hacia Italia. Apenas semanas atrás un juez decidió no dictarle orden de captura y Morelli anunció que regresaría a Bogotá cuando la justicia la solicitara.

El problema con la sede de la Contraloría, literalmente, lo ‘heredó’ el nuevo titular, Edgardo Maya, quien lleva varios meses tratando de buscar una salida al entuerto, sobre todo porque el contrato de arrendamiento vencía el pasado 31 de enero.

Pese a las distintas medidas y caminos que exploró el Contralor, incluso acudiendo a acciones de tutela, al final no le quedó opción distinta que proceder a devolver el inmueble, aunque apenas de manera parcial el pasado jueves. Sin embargo, el consorcio administrador del edificio no  recibió las instalaciones bajo la tesis de que la entrega debería ser total, al tiempo que insistió en la posibilidad de firmar un nuevo contrato. Maya, a su turno, reveló que había cláusulas prácticamente imposibles de cumplir para poder devolver el inmueble.

En medio de las advertencias de la Defensoría del Pueblo y otros sectores sobre las graves implicaciones de una afectación parcial en la labor de la Contraloría, y con el Gobierno ofreciendo sedes temporales, Maya Villazón tuvo que declarar la urgencia manifiesta con el fin de atender la situación de emergencia que enfrenta la entidad. La medida busca  garantizar la continuidad del servicio público y de las funciones constitucionales, legales, tecnológicas y logísticas de la Contraloría, así como los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos. Igualmente, mediante acto administrativo, expedido el día 31 de diciembre, el Contralor suspendió los términos de los diferentes procesos que  adelanta el ente de control fiscal del 1 al 20 de enero de 2015, así como las actividades administrativas y misionales durante el término de tres días.

Maya ha insistido en la necesidad de que esta situación se solucione de manera definitiva, pues la labor de control fiscal no puede estar sujeta a esta clase de contingencias inmobiliarias.