Chevron se jugó una nueva carta para evitar el pago de 19.000 millones de dólares en un juicio ambiental en Ecuador, al exhibir el testimonio de un exjuez que dijo haber participado en la redacción dolosa del fallo, lo que fue rechazado por los demandantes.

Alberto Guerra, quien conoció el caso entre 2003 y 2004 como presidente de la Corte Provincial de Sucumbíos (noreste), aseguró haber recibido miles de dólares de los querellantes por ayudar a redactar la sentencia de primera instancia, emitida en febrero de 2011 por el exjuez Nicolás Zambrano.

Según Guerra, quien presentó su declaración jurada en una corte federal de Nueva York, el fallo fue escrito por los abogados de los demandantes -que a cambio prometieron pagarle 500.000 dólares a Zambrano- y pulido por él.

"Zambrano me dijo que estaba en contacto directamente con (el jurista Pablo) Fajardo y que los abogados de los representantes habían accedido a pagarle 500.000 dólares de lo que ellos recolectaran en el futuro con la sentencia, a cambio de permitirles escribirla", aseguró Guerra, según la declaración suministrada por Chevron a la AFP en Quito.

El exjuez añadió que a través de Zambrano se enteró que "los abogados de los demandantes habían redactado esa sentencia".

Guerra detalló haber recibido pagos mensuales de 1.000 dólares de parte de los juristas favorecidos entre diciembre de 2009 y febrero de 2010.

También admitió que Chevron le entregó 38.000 dólares por las pruebas que ratifican su testimonio, aunque aclaró que no se trata de un pago por la declaración. La empresa dijo que ofreció protección a Guerra y su familia, incluyendo su salida de Ecuador.

El fallo contra Chevron fue ratificado en segunda instancia en enero de 2012, pero el exjuez manifestó desconocer cómo se redactaron ésta y otras providencias posteriores.

El caso se encuentra desde marzo de 2012 en la Corte Nacional de Justicia (CNJ, Suprema) para el fallo definitivo, que los denunciantes buscan ejecutar en Argentina, Brasil y Canadá por los pocos activos de la firma en Ecuador.

La demanda fue presentada en 2003 por un grupo de ecuatorianos que dice representar a 30.000 indígenas, aduciendo daños ambientales en la Amazonía causados, según alegan, por Texaco, entre 1964 y 1990. Chevron adquirió esa firma en 2001.

Guerra manifestó además que, por sugerencia de Zambrano, intentó sobornar sin éxito a los abogados de Chevron para redactar un fallo a su favor, y que su socio estuvo de acuerdo con la confesión ante el tribunal de Nueva York, pero luego cambió de parecer.

"Ahora dice no estar dispuesto a cooperar con Chevron y a compartir la verdad", afirmó Guerra.

Los demandantes, a través de la Asamblea de Afectados por Texaco, aseguraron en un comunicado que las "falsas declaraciones" de Guerra responden a una "sistemática acción de Chevron que incluye la compra de testigos falsos y acciones de intimidación a exjueces, exfuncionarios públicos y técnicos ecuatorianos".

Asimismo, señalaron que se produjo luego de que advirtieran que Guerra "habría sido comprado por Chevron".

"Guerra no tiene ninguna credibilidad, pues tiene varias denuncias por dudosos manejos cuando se desempeñó como presidente de la Corte de Sucumbíos. Un audio que tienen los demandantes evidencia cómo se maneja la red de corrupción de la petrolera y cómo monta falsos testigos a cambio de beneficios económicos", anotó el colectivo.

AFP