El diario ecuatoriano Hoy, creado hace 32 años y considerado de oposición por el gobierno, anunció el domingo que suspende su edición impresa, debido a un boicot publicitario y regulaciones restrictivas de una ley de comunicación, y que pasará a una versión digital desde este lunes.

El matutino señaló en su editorial que la decisión se basa en "las regulaciones restrictivas de la Ley de Comunicación y la profundización de algunas de sus disposiciones, entre ellas, las que limitan de forma discriminatoria la inversión nacional en medios de comunicación".

El gobierno del presidente Rafael Correa, que mantiene un duro enfrentamiento con un sector de la prensa al que tilda de opositor, promovió esa ley en vigencia desde junio de 2013, la cual prohíbe que banqueros sean propietarios de medios y es cuestionada por un sector privado por supuestas restricciones a la libertad de prensa.

"El permanente boicot publicitario a HOY, la cancelación de contratos de impresión especialmente de textos escolares, y otras limitaciones para financiar nuestras operaciones, incluyendo la iniciativa de transformar la información en servicio público (...) nos obligan a tomar la dura decisión de suspender la edición impresa diaria", indicó el periódico quiteño.

"La gradual pérdida de las libertades y limitación de las garantías constitucionales que sufre el Ecuador, la autocensura que impone la vigencia de la Ley de Comunicación, los ataques reiterados directos e indirectos a la prensa que no controla el Gobierno, han generado, desde hace más de siete años, un escenario totalmente adverso para el desarrollo de un diario plural, libre, independiente, abierto a las distintas corrientes de opinión", añadió.

Hoy, cuyo director Jaime Mantilla fue presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), apuntó que desde su creación el diario ha aportado a la "defensa de la democracia".

Correa sostiene que varios medios de propiedad privada, a los que califica de corruptos y mentirosos, pretenden desestabilizar su gobierno.

El matutino señaló que a pesar del boicot y las restricciones, desde este lunes pasará a una edición digital y que el nuevo ciclo incluirá un periódico impreso semanal.

Afirmó que "esta modalidad (por Internet) permitirá también, a HOY, desarrollar ese periodismo que ha pretendido ejercer, desde cuando apareció su primer ejemplar: un periodismo sin las cortapisas que impone la Ley de Comunicación a los medios escritos y audiovisuales" y que "con la herramienta digital, podrá volver a utilizar las capacidades de investigación y análisis libre".

El reglamento de la ley señala que los medios de comunicación que operan bajo la plataforma de Internet también están sometidos a la norma.

- "Nadie puede frotarse las manos" -

"Nadie puede frotarse las manos o alegrarse por la noticia de su cierre, sea en edición impresa o la que sea. HOY es un diario que sentó hondos precedentes para el periodismo nacional", dijo el director del diario estatal El Telégrafo, Orlando Pérez.

Añadió que Hoy, con el cual colaboró, tiene un "valor histórico en el devenir de esta patria, que va más allá de lo que su director pueda decir ahora para justificar no imprimirlo más".

"No tengo dudas de las razones esgrimidas" por Hoy para suspender la edición impresa, manifestó a su vez Manuel Chiriboga en su columna en el matutino El Universo, otro de los calificados de oposición.

Señaló que "la cercanía con los gobiernos democráticos no significó nunca el arrear las velas de la crítica y la denuncia, fueron tan duros como siempre, siempre; un periódico incómodo para el poder".

El Parlamento, controlado por el oficialismo, impulsa enmiendas constitucionales para establecer la reelección indefinida, que podría facultar a Correa participar en los comicios de 2017, y para declarar a la comunicación un "servicio público" que se prestará a través de medios estatales, privados y comunitarios.

En 2012, Correa ganó un juicio por injurias a El Universo, por el cual tres directivos y un exeditor fueron condenados a tres años de cárcel y al pago de una indemnización de 40 millones de dólares.

Sin embargo, el gobernante -en el poder desde 2007- extendió un perdón judicial y fue archivada la causa.