La fiscalía de Ecuador descartó el viernes que restos humanos exhumados en diciembre de 2011 correspondan a dos hijos de un matrimonio colombiano desaparecidos por policías ecuatorianos en 1988, en uno de los casos de violación de derechos humanos emblemáticos de este país.

"El análisis del perfil genético de los restos encontrados en el cementerio de El Batán (en Quito), realizado por la fiscalía y corroborado por expertos de Colombia y Perú, determina que se excluye de pertenecer a un hijo biológico de Pedro José Restrepo", dijo el fiscal general, Galo Chiriboga, en rueda de prensa.

El funcionario denunció una "falta de colaboración" de la policía ecuatoriana "en la entrega de los protocolos de autopsia solicitados por el fiscal que investiga el caso de la desaparición y muerte de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo".

"La policía no entrega los protocolos de autopsia realizados a los 'NN' (no identificados) entre enero y abril de 1988, por lo que se presume que existe un ocultamiento de información, situación que también será investigada", señaló el fiscal general.

"Hasta ahora la policía dice que los protocolos de autopsia no aparecen. Sin embargo, los hay de años anteriores" al solicitado, indicó Chiriboga.

En diciembre de 2011, la fiscalía localizó tres osamentas en un cementerio del norte de Quito, dentro de una investigación para tratar de identificar los restos de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo, de 17 y 14 años, respectivamente.

Los adolescentes fueron desaparecidos por policías que los torturaron y mataron, según estableció una comisión internacional hace dos décadas.

En octubre de 2011, el gobierno creó un grupo especial que retomó el caso, para el que también ofrece una recompensa de 200.000 dólares por información para aclarar el hecho.

Los hijos de Restrepo, un empresario colombiano radicado en Ecuador desde 1970, desaparecieron el 8 de enero de 1988. La versión que prevalece hasta ahora es que los cuerpos fueron arrojados a la laguna de Yambo, al sur de la capital, aunque luego se conoció la posibilidad de que estuvieran en una fosa común de un cementerio quiteño.

En 1998, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó del crimen al Estado ecuatoriano, que pagó una indemnización de dos millones de dólares y se comprometió a buscar los restos.

La justicia ecuatoriana condenó en 1995 a siete policías a penas de entre cuatro y 16 años de prisión.

AFP