A pesar de los diversos estudios que demuestran que el exceso de azúcar es malo para la salud, y de los índices que han evidenciado el aumento de enfermedades relacionadas con un mayor consumo de bebidas azucaradas y de alimentos ultraprocesados, el anuncio de que estos alimentos serán gravados en la próxima tributaria causa controversia.

Tras las declaraciones del ministro de Hacienda designado, José Antonio Ocampo, de incluir el impuesto en la propuesta de Reforma Tributaria que será presentada al Congreso el próximo 7 de agosto, desde diversos sectores han salido voces a favor o en contra.

Mientras unos abogan por la salud de los colombianos y cómo hay que idear leyes que prevengan las enfermedades, otros dicen que este tipo de cargas impositivas a productos de la canasta básica y del diario consumo de las personas generarán una mayor presión sobre el bolsillo de los más pobres.

Sin embargo, desde un punto de vista fiscal, se estaría recaudando un dinero importante, que puede ser usado para mejorar el sistema de salud, además de llevar un impuesto a un sector económico que es manejado por algunos pocos conglomerados a nivel nacional.

Beneficios

La primera en salir a defender esta iniciativa fue la designada ministra de Salud, Carolina Corcho, quien dijo que dicho impuesto explicó que los recursos recaudados serán destinados para la atención en salud de los menores.

La próxima ministra de salud dijo en un evento en Cartagena que “es una propuesta gradual para gravar las bebidas azucaradas y que nos van a implicar desincentivar el consumo de gaseosas y este tipo de bebidas. Eso va a tener un impacto sobre la diabetes, la hipertensión, sobre las enfermedades crónicas no transmisibles (...) además es un impuesto que descarga un porcentaje importante en salud en enfermedades prevenibles”, dijo.

Corcho sostuvo que, a pesar de las posiciones en contra de la propuesta, se debe llevar adelante, “sabemos que no es fácil pero las luchas hay que darlas y es una lucha del sector salud”, manifestó. Y añadió: “En nuestra propuesta la destinación específica que le dimos a ese impuesto fue agua potable y para financiar atención primaria en salud, que debería ser la vocación que adopte el modelo”.

Así mismo, el congresista del Pacto Histórico César Pachón dijo que “no quieren poner impuesto a las bebidas azucaradas dizque porque afecta a los consumidores, pero cuando aumentan el precio del Transmilenio ahí sí callados”, escribió en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el ministro José Antonio Ocampo dijo que este impuesto sería transitorio: “Los impuestos a las bebidas azucaradas ultraprocesadas serían temporales, un impuesto que desaparece con el tiempo porque esperamos que esas bebidas y esas comidas se vayan reduciendo en términos de consumo, pero otro objetivo será fortalecer la lucha contra los evasores en casa, para eso ya hay y seguirá y seguiremos fortaleciendo esa norma”.

Además, aportó detalles sobre la reforma tributaria que se está construyendo, como que quienes ganen más de $10 millones mensuales deberán pagar impuesto de renta: “Los que ganemos más de $10 millones somos los objetos que debemos contribuir más para aportar precisamente a los programas sociales de los sectores de bajos ingresos”.

Con estas medidas el objetivo es recaudar $50 billones para mejorar las finanzas del país; “esperamos que se vayan generando gradualmente, o sea, para poner un ejemplo, podemos comenzar con $25 billones, $30 billones y gradualmente se va aumentando”.

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Detractores

El año pasado, tras la fallida reforma del exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, como una alternativa para rescatar al sistema hospitalario del país de la crisis financiera en la que se encontraba y que se agravó por la pandemia de covid-19, la Federación Nacional de Departamentos radicó una proposición en el Congreso de la República para gravar las bebidas endulzadas y azucaradas y que dicho recaudo fuera directamente al sistema de salud del país.

En ese momento, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco y representante de los comerciantes, entre ellos las tiendas de barrio, trajo a colación que estos establecimientos habían sido un segmento bastante afectado no solo por la pandemia, sino por los hechos vandálicos, los bloqueos y los cierres ocasionados en el marco del paro nacional. “De hecho, dimos a conocer un estudio donde se evidencia que más de 11 mil tiendas de barrio están a punto de desaparecer por estas causas”, señaló.

Agregó que el tributo a las bebidas azucaradas es un impuesto a las tiendas de barrio de Colombia, en su gran mayoría lideradas por mujeres que encuentran en este modelo de negocio de subsistencia la forma de mantener a sus familias. La categoría ocupa los primeros puestos en las ventas de una tienda y además es gancho para el consumo de otros productos como paquetes y pasabocas, productos de panadería y pastelería y alimentos preparados como papas rellenas o empanadas.

Hace algunos días, el nuevo director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, dijo que aún se estudiaba si estos tributos afectarían a las personas de a pie. En principio y tras la reunión con el Presidente electo, Reyes afirmó que, para la próxima reforma fiscal, “lo más importante es que no se toquen las finanzas del colombiano de a pie y lo que vamos a hacer es discutir todas las posibilidades que están sobre la mesa, siempre teniendo en cuenta que a la persona de clase trabajadora no debería cobrarse un peso más”.

El peso de este gravamen

Según Juan Daniel Oviedo, director del DANE, si este impuesto llega a aprobarse sería una carga tributaria más alta para las personas de menores ingresos del país, pues son justamente las personas pobres las que más consumen este tipo de bebidas.

Según el director de la entidad de estadísticas, el peso de las bebidas azucaradas en la canasta familiar de los colombianos es cuatro veces más alto en los hogares vulnerables, aquellos que están un poco por encima de la pobreza, que en los hogares de mayores ingresos.

Uno de los problemas también es la mala salubridad del agua en muchas partes del país. Según Oviedo, cerca del 40% de los hogares del país tiene privaciones al no contar con acceso a fuentes de agua limpia para beber o cocinar alimentos, según explicó en un programa.

"¿En esos escenarios cuál es el sustituto perfecto del líquido preciado para beber? Una bebida azucarada, que puede durar meses o años almacenada y no se altera. Hay unas condiciones socioeconómicas del país que ponen a este impuesto, que tiene un propósito importante de salud pública, a tener unas condiciones específicas para el caso de Colombia", comentó.

A pesar de que el efecto en la salud puede ser positivo, al gravar los alimentos, sostiene que este tiene un elemento regresivo que afecta más a los hogares vulnerables de país.

Y dice que no es posible comparar la situación de Colombia con la de países desarrollados. "Es diferente hablar de este impuesto en países europeos o nórdicos, en donde todo el mundo tiene acceso a agua mejorada. En Colombia la discusión es diferente".

En ese sentido, el impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos ultra procesados en Colombia tendría una regresividad de uno a cuatro; o sea, que este tipo de elementos tiene un peso cuatro veces más importante dentro del presupuesto de los hogares pobres que en los de ingresos altos.

Para finalizar, el director de DANE dijo que 25% del presupuesto de un hogar promedio en Colombia se destina a los alimentos, pero en hogares de bajos recursos la proporción alcanza 32%, siendo las bebidas y alimentos procesados los de un peso relativo más importante en el bolsillo familiar.