Los incrementos en el valor del agua, la luz y el gas, han disparado las quejas ante la Superintendencia de Servicios Públicos. La mayor parte de los reclamos señala que las empresas están promediando el cobro en las facturas, a pesar de la prohibición del Gobierno en este sentido.

La Superservicios informó que entre los meses de marzo, abril y lo que va de mayo, se han conocido alrededor de 45 mil quejas, aunque todavía no se han iniciado procesos sancionatorios en contra de las empresas prestadoras que han incumplido las medidas impuestas por el Gobierno en medio de la pandemia.

La superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, dijo que “efectivamente se han incrementado mucho las quejas. Solo en el mes de marzo que empezó el aislamiento preventivo obligatorio, tuvimos 16.157 quejas; en abril casi 16.000 y al 18 de mayo llevamos 11.000 quejas”. 

En ese sentido, Avendaño explicó que "la mayor parte de las quejas son por facturación, por cobros por promedio, pero también hay que tener en cuenta que la gente ya está empezando a recibir la factura de servicios públicos que tiene una muy buena parte del período de aislamiento", en donde la gente ha estado en sus casas.  

Denuncias

Por su parte, el viceministro de Energía, Diego Mesa, aseguró que el Gobierno congeló el alza en las tarifas del servicio de energía, ante el aumento de las denuncias que se han hecho desde diferentes zonas del país.

El funcionario reconoció que las tarifas sí han tenido unos incrementos durante los meses de febrero, marzo y abril, en cuanto al costo del kilovatio de las facturas, por el bajo nivel de los embalses.

"Cuando el Gobierno identificó que por la pandemia se iba a extender el confinamiento obligatorio, se estableció que el valor tarifario no se puede incrementar por los próximos dos meses”, sostuvo.

Cabe mencionar que se han venido conocido diferentes denuncias por parte de los usuarios quienes señalan que han tenido incrementos en los servicios de hasta el 100%. Algunas de las denuncias señalan cobros irregulares ya que las viviendas o locales comerciales no han sido ocupados en los últimos meses. 

En ese sentido, el viceministro precisó que frente a esas denuncias, "si a estas personas les están haciendo un promedio de los últimos seis meses (que no se puede hacer por parte de ninguna empresa), inmediatamente debe hacer un reclamo ante la Superintendencia de Servicios Públicos, porque debe haber una sanción para las empresas prestadoras".