Recursos por $342 billones requiere el país para los próximos 20 años en materia de infraestructura ante el rezago que experimenta en el desarrollo de vías, puertos, conectividad y desarrollo en logística.

Estos cálculos figuran en el documento Conpes 3996 del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que salió este mes.

Si bien, el país ha presentado avances importantes en materia de infraestructura y competitividad, aún se encuentra rezagado si se compara con otros países. De acuerdo con el índice de desempeño logístico del Banco Mundial (BM), Colombia pasó del puesto 94 en 2016 al 58 en 2018 (The World Bank, 2018). No obstante, en el componente de infraestructura ocupó el puesto 72 entre 160 países. Adicionalmente, en el ranking de competitividad del Foro Económico Mundial pasó del puesto 66 en 2017 al 57 en 2019 entre 141 naciones.

Sin embargo, en el componente de infraestructura ocupó el puesto 81 (World Economic Forum, 2019). Es pertinente resaltar que Colombia es el segundo país de la región en el índice de Infrascopio, que evalúa la capacidad de una Nación para implementar asociaciones público-privadas en infraestructura sostenible (The Economist, 2019). Si bien, se han logrado avances, hacen falta mayores inversiones en la infraestructura de transporte en el país.

Más exportaciones

Si las obras que requiere la Nación se  hicieran, se  presentaría una reducción de 1% en el costo ad valorem del transporte de exportación en Colombia y que pueden aumentar las exportaciones agrícolas en 7,9%, las exportaciones manufactureras en 7,8% y las exportaciones mineras en 5,9%.

Es por ello que, para fomentar el crecimiento, el desarrollo humano, la integración y la conectividad entre los territorios nacionales, así como el de la Nación con otros países, se hace necesario continuar mejorando y expandiendo la infraestructura.

De acuerdo con el DNP, las necesidades de infraestructura en el país requieren de ese total aproximado de $342 billones. Del total, las necesidades las encabeza el rubro del sector transporte con una necesidad de inversión de $216,8 billones, seguido de acueducto y alcantarillado con $29,2 billones y $14,2 billones, respectivamente; $47,4 billones para salud, $15,3 billones para agroindustria, $6,1 billones para energía, $3,8 billones para educación, $4,5 billones para justicia, entre otros, de acuerdo con el DNP.

Ahora bien, ante las restricciones presupuestales que tiene el Estado colombiano para realizar dichas inversiones, se han identificado fuentes de pago alternativas para apalancar estos proyectos.

Contribución

Dentro de dichas fuentes alternativas se encuentra la Contribución Nacional de Valorización (CNV) como tributo de carácter especial que le permite al Estado capturar el mayor valor generado en los bienes inmuebles ubicados dentro de la zona de influencia de los proyectos -Ley 1819 de 2016- así como la ejecución de obras de interés público o proyectos de infraestructura.

Ante las necesidades de inversión y una situación fiscal, surge el reto de identificar y viabilizar fuentes de pago alternativas a las tradicionales -presupuesto, sobretasa a combustibles, peajes, entre otras- para apalancar los proyectos de interés nacional y así, cerrar las brechas en infraestructura.

La CNV, según el documento Conpes, genera una captura o recuperación de una porción del aumento del valor generado en la propiedad, por parte de la entidad nacional responsable del proyecto de interés público sujetos activos, a los propietarios o poseedores de los bienes inmuebles sujetos pasivos ubicados dentro de la zona de influencia sobre los cuales se aplicará la contribución por valorización, por considerar que se benefician con la ejecución de la construcción, proyecto, plan o conjunto de obras de interés público.

No en vano, en lo corrido de las últimas décadas, en departamentos y municipios han sido concretadas diferentes contribuciones de valorización en las cuales, los entes responsables del recaudo pueden hacer el cobro antes -o incluso después- de la ejecución de las obras de infraestructura. Por ejemplo, en Bogotá se aprobó a finales de 2018 el cobro de valorización para financiar 16 obras con un monto de más de $900.000 millones. A su vez, en Manizales, se avaló esta contribución en 2016 para fondear tres obras.
El Ministerio de Transporte dijo que se busca llenar un vacío legal que tenía el Decreto 1604 de 1996 y que buscaba establecer los elementos del tributo como el sujeto pasivo, sujeto activo, base gravable, tarifa, además del sistema y método de distribución.

El Ministerio trabajará para reglamentar el impuesto, pero no hay fecha estimada para el inicio de este nuevo cobro. Tampoco hay un monto estimado de recaudo por el nuevo gravamen ni a qué proyectos de infraestructura cobijará para saber a quiénes se les cobrará.

Otro de los temas a definir por parte del Gobierno de Colombia es si el impuesto será cobrado para predios beneficiados con proyectos de infraestructura públicos o para las Asociaciones Público Privadas (APP).