Asaderos de pollos que reciben dineros destinados para la ciencia y tecnología, construcción de velódromos donde no existe un ciclista de pista; centros de educación en zonas rurales con diseños para las grandes ciudades y que posteriormente terminan como ‘elefantes blancos’, son algunas de las muestras que durante muchos años han dejado al país el manejo de los recursos de regalías.

Aunque es mayor el desarrollo que han tenido las distintas regiones en Colombia que reciben estos recursos, con la construcción de vías, acueductos, escuelas y colegios, y en la preservación del medio ambiente, hay zonas grises en la administración de las regalías lo que ha llevado a la cárcel a decenas de funcionarios entre ellos varios alcaldes y gobernadores.

Dichos funcionarios fueron los que decidieron impulsar la corrupción y la convivencia de políticos deshonestos que utilizaron los recursos como si fuera plata de bolsillo. Con ese manejo financiaron campañas políticas, hicieron contratos a dedo y a la medida de los contratistas, abusando del sistema directo y haciendo un quite a las licitaciones.

Entre los casos más sonados de corrupción con las regalías, está el del uso indebido de estos recursos en el departamento de Córdoba en lo que se denominó 'El Cartel de la Hemofilia'.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los gobernantes del departamento en 2017, Alejandro Lyons y posteriormente Edwin Besaile, desviaron fondos provenientes de regalías departamentales y de los recursos públicos del Sistema General de Participaciones (SGP) -mediante sobrecostos o cobros por servicios inexistentes hacia Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) para pagar costos incurridos en campañas políticas o agrandar sus riquezas personales.

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Alianza criminal

La Fiscalía determinó que el escándalo fue una "alianza criminal" creada por Lyons y los hermanos Besaile para apropiarse ilícitamente de los recursos destinados a la salud de los más pobres.

A finales de 2019, el Ministerio de Salud aseguró que con los recursos desfalcados se le habría podido dar atención gratuita a unos 67.000 pacientes pobres de Córdoba. Se considera que en total se desviaron $150.000 millones.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, el robo de dineros al departamento inició con una “alianza criminal” entre el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons y el entonces senador Musa Besaile para quedarse con las arras que entraban al departamento por concepto de regalías y salud.

“Especialmente por recobros de presuntos servicios No POS a pacientes pobres no afiliados, supuestamente afectados por la enfermedad o trastorno de hemofilia”, dice parte del escrito de acusación.

Según la Fiscalía para continuar con ese desangre al departamento, “pactaron apoyar económicamente la campaña de Edwin José Besaile Fayad a la Gobernación para el período 2016-2019”.

Lo anterior se habría dado a cambio de que Besaile se comprometiera a “garantizar cuotas burocráticas y la continuidad en la obtención de comisiones ilegales especialmente por los referidos conceptos de regalías y hemofilia”.

Pero el exministro de Minas, Amylkar Acosta Medina, pone el dedo en la llaga y explica la forma como el país debería ser más eficiente en los proyectos que se desarrollan con estos dineros.

Desviaciones

Sobre el manejo actual, Acosta dice que “la verdad es que se han generado muchas regalías, pero hay que aceptar que no se ha hecho el mejor aprovechamiento de ellas, que ha habido desviación de estos recursos, ha habido ineficacia en la inversión de estos recursos y se han convertido en una fuente de corrupción. Así lo muestra el balance que ha hecho la Contraloría de la República y que también se ha presentado una baja ejecución en los recursos. Le pongo de ejemplo a mi departamento, la Guajira, donde por cuenta de la pérdida de la gobernabilidad se ha llevado a nuestro departamento al borde de ser un departamento fallido, esto ha determinado una muy baja ejecución de los recursos en un departamento en donde se requiere tanta inversión, no hay derecho a que teniendo los recursos disponibles en el sistema de regalías no se ejecuta por falta de gobernabilidad del departamento”.

Sostiene el exministro, en un manejo de cifras diferentes a las oficiales, que desde la entrada en operación el sistema de las regalías le ha dejado al país en recursos “en los últimos 10 años podíamos hablar de algo así como $200 billones”.

Sobre la construcción de ‘elefantes blancos’ en algunas regiones, como en Casanare con un velódromo donde no hay ciclistas, dice que “eso se repite en todo el país y a eso contribuyó también dos cosas: primero que en el año 2011 se hizo una reforma al sistema de regalías que significó un drástico recorte a los municipios y departamentos productores para participar de estas regalías a los no productores, entonces esto causó descontento, inconformidad en esas regiones que empezaron a dificultar el desarrollo de los proyectos porque las comunidades no se sentían compensadas adecuadamente por todo el impacto económico, social, ambiental que se queda en las regiones que operan las empresas. Pero en cambio las regalías en una mayor proporción se iban hacia las regiones no productoras”.

La mano de los políticos

En el manejo de los recursos de las regalías y las fuerzas políticas en Colombia, siempre ha existido un lazo que es visible desde cualquier punto, pero no para los que manejan los recursos. Este impacto fue analizado por un estudio de investigadores del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (Cede) de la Universidad de Los Andes.

El informe ‘Factores políticos e institucionales asociados a la corrupción en gobiernos subnacionales en Colombia’ concluye que alrededor de este flagelo no suele haber descentralización.

Los autores Daphne Álvarez, Jorge Enrique Caputo, Alejandra Quintana y Fabio Sánchez, concluyen que es común que se presente una cierta manguala entre los distintos niveles de la administración.

Así, mientras más gasto de los municipios se financia con transferencias del Gobierno nacional o con regalías, mayor es la corrupción y es más el desestímulo a la gestión de recursos propios. Es así como si en 1996 la capacidad de generación de ingresos permanentes de los gobiernos municipales correspondía al 50%, en 2015 esta cifra había caído al 38,8%. “Se percibe entonces un aumento de la dependencia de las transferencias”, sostiene el estudio.

Según los investigadores, “un municipio con mayor proporción de ingresos no tributarios atrae un mayor número de candidatos de menor calidad”. Y, una vez posicionados, “los políticos corruptos tienen ventajas para ganar elecciones, aun con mucha competencia política, gracias a la utilización de mecanismos ilegales o tácticas de fraude para la consecución de votos”.

También está la contratación a dedo, modalidad en la que han incurrido el 11,5% de los alcaldes corruptos. Como ejemplo, los autores citan otra destitución proferida por la Procuraduría, tras la cual fue inhabilitado por 12 años un alcalde del Huila, luego de recurrir a este procedimiento para favorecer a un político aliado. Además, se destaca el uso de la situación de ‘urgencia manifiesta’ para realizar contratación directa, por lo cual fue sancionado un alcalde en un municipio de Norte de Santander.

Obras inconclusas

Según la Contraloría General de la República, actualmente se pierden entre obras inconclusas y ‘elefantes blancos’ más de $20 billones, suficientes para financiar hasta siete veces el Plan Nacional de Vacunación.

El contralor Carlos Felipe Córdoba, dijo que el 80% del dinero que se pierde en obras inconclusas corresponde a las regalías del país. Hasta el momento, se tienen registrados más de 1.000 procesos de responsabilidad fiscal por el mal uso de estos recursos públicos, que equivalen a los $2 billones.

Sostiene el Contralor que “es importante saber cuáles son esas obras y en dónde están para poder rápidamente ayudar a que se terminen y que de verdad la plata le llegue a la gente y hacerle el seguimiento permanente”.

No solo la vivienda y las obras viales hacen parte de esta lista, la salud también está en jaque según el ente de control. “Es muy triste ver que no hay acceso a la salud. Usted tiene que irse a otra ciudad y es lo mismo que está sucediendo en una gran cantidad de partes del país”, reveló Córdoba.

Al mismo tiempo, el Contralor alertó sobre los altos riesgos de corrupción que sigue presentando la contratación efectuada con recursos de regalías.

En una Rendición de Resultados sobre la Vigilancia Fiscal a los recursos de regalías del 2019, el jefe del organismo de control dijo que persiste la contratación directa o con un solo proponente.

“Nuestros Sistemas de Monitoreo, a través de la Diari y los Sistemas de Información del Departamento Nacional de Planeación revelan que de $33,9 billones del total de recursos contratados a 15 de junio de 2019, unos $4,2 billones fueron manejados mediante la modalidad de contratación directa, lo que quiere decir que el 12% de la contratación total realizada en el SGR se ha hecho de manera directa”, indicó el jefe del organismo de control.

Los sectores de educación (con el 21%), ciencia tecnología e información (19%), transporte (16%), vivienda (14%) y agricultura (10%), son los de mayor contratación directa en el país.

Los acueductos

Dentro de los casos registrados en el Monitor Ciudadano, se reportaron quince hechos relacionados con construcciones de acueductos en los cuales se encontraron irregularidades en su ejecución, ocasionando detrimentos y dejando como saldo 'elefantes blancos'.

En 2014, el alcalde de El Carmen de Bolívar, Francisco Vega Arrauth (2012-2015), suscribió un contrato para la construcción del acueducto del corregimiento de Caracolí. Debido a múltiples irregularidades contractuales y a pesar de las varias adiciones al contrato, la obra solo fue entregada con el 20% de su construcción.

En 2017, la Fiscalía General realizó varias investigaciones, hallando irregularidades en la ejecución del contrato. Por estos motivos, el ente de investigación dictó medida de aseguramiento intramural al exalcalde Vega y a Poldino Posteraro Ariza, quien fue el supervisor de la obra.

Un caso similar se presentó en Yopal, Casanare, cuando en 2013 el alcalde William Celemín Cáceres (2012-2015) celebró varios contratos para la construcción de la Planta de Tratamiento Modular de Agua de la ciudad. La Fiscalía consideró que se presentaron irregularidades en el proceso de trámite, suscripción y ejecución. Por estos hechos, en el 2016 la Procuraduría General destituyó e inhabilitó por un término de once años al alcalde.

La inequidad regional

De acuerdo con Juan Manuel Mejía Salazar, de la Universidad del Rosario, la descentralización que promovió el Sistema General de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios (SGP), con el Fondo Nacional de Regalías, con el tiempo resultó siendo inequitativa ya que de 1995 a 2010 los recursos estaban altamente concentradas en ciertos departamentos y en los territorios beneficiados solo habitaba el 17% de la población total colombiana. Tan solo entre 2000 al 2011 se habían generado $46,6 billones por concepto de regalías, en el que un 80% de estos ingresos se quedaron en las regiones. Por ejemplo, Casanare y Meta, donde habita aproximadamente el 3% de la población, recibían cerca del 34% del total de regalías y entre estos dos departamentos, junto con Arauca y Huila recibían el 56% de los recursos por regalías directas.

De allí que los ingresos por regalías de la actividad minera y de hidrocarburos tomaron gran relevancia, en algunos casos, en los territorios beneficiados por ser productores, ser afectados por el daño ambiental causado por estar en zonas de explotación, o por hacer parte del sistema de transporte de hidrocarburos. Estos territorios dependieron cada vez más de estos recursos, sin evidenciar una reducción de la pobreza fuerte y a grandes escalas de acuerdo con su participación en las regalías.

Es el caso de Chocó que bajó este índice para el 2002 de 67,6% a 64% en el 2010, Caquetá de 53% a 40,8%, Meta de 39,8% a 30%, Cauca de 57,8% a 62% y Córdoba de 65,6% a 61,5%, respectivamente.

Recuadro 2

La corrupción sistémica

En un documento sobre corrupción de Transparencia Colombia y su informe de Monitor ciudadano de la corrupción, con la identificación y sistematización de 327 hechos de corrupción registrados, permite señalar que este delito en Colombia es un fenómeno estructural y sistémico que está presente en la gestión pública nacional, municipal y departamental.

Los actores que intervienen, en su mayoría representan al Estado y a los gobiernos locales, pero también se ven involucrados representantes del sector privado y miembros de organizaciones ciudadanas, así como en muchos casos, actores propios del conflicto armado y de las economías ilegales. El objetivo de la corrupción suele ir más allá de perseguir un interés rentístico, hace parte de las formas de actuación de diferentes grupos para acceder y gestionar el poder, ya sea este político o económico, legal o ilegal.

Ahora bien, a pesar de ser un fenómeno estructural y sistémico, es posible identificar cuál es el punto más álgido del problema: la contratación pública, ya sea para la provisión de bienes o servicios o para la vinculación del personal que trabaja en las entidades del Estado.

En la contratación pública intervienen todos los actores que gestionan lo público, desde las autoridades hasta los contratistas y operadores, e incluso los beneficiarios, a través de diversas, complejas y sofisticadas formas de actuación, las cuales buscan una optimización de la ganancia ‒ya sea económica o de poder‒ y una baja exposición a la sanción institucional. Al realizar el cruce entre el tipo de corrupción y los hechos ocurridos por departamento se evidencia que el 68% de los hechos de corrupción administrativa se encontraron en la región Centro Oriente y Caribe, siendo los departamentos de Santander (17%), Atlántico (8%) y Bolívar (7%) los de mayor número de hechos reportados.