Liberar recursos por $1,4 billones del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Fontic), con el ajuste y reducción de la tasa de contraprestación, propusieron diferentes empresas TIC al Gobierno, en pro de cerrar la brecha digital en el país.

Estos recursos se podrían aprovechar de aquí al 2025, los cuales se destinarían a inversiones privadas tanto para el despliegue y mantenimiento de la infraestructura TIC, como para potenciar la demanda laboral y un desarrollo efectivo de los planes, programas y proyectos de este fondo.

Diferentes estudios elaborados por agentes públicos y privados han evidenciado que la tarifa cobrada (2,2%), se encuentra por encima de los estándares internacionales y una reducción de la misma, a una tasa cercana al 1,6%, sería favorable para el Fondo.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno nacional para brindar una nueva dinámica sectorial con la expedición de la Ley 1978 que moderniza el sector, la subasta del espectro 700 MHz y la estrategia de transformación digital, todavía más del 55% de los hogares colombianos no tienen posibilidades de acceso a estos servicios, según el más reciente informe del MinTIC.

Iniciativas

Aunque las empresas del sector han desarrollado distintas iniciativas para ayudar a mantener la conectividad durante la emergencia generada por el Covid-19 con acciones como el aumento de la capacidad de Internet a cerca de 400.000 hogares, sin costo adicional; la virtualización de servicios como recargas y paquetes para que los usuarios móviles prepago (o por demanda), no salgan de casa; el subsidio de herramientas de trabajo remoto (en algunas ocasiones hasta por 6 meses); la disposición gratuita de la aplicación CoronApp y la creación de contenido educativo para complementar las jornadas de educación virtual, entre otros, estos beneficios no pueden ser disfrutados por casi la mitad de la población.

Por esta razón, evidenciando los desafíos en materia de mantenimiento y generación de empleo, inversión, crecimiento, ingresos y gastos de las compañías en el nuevo entorno económico derivado por la emergencia y la necesidad de generar incentivos a la competitividad de las mismas para solucionar los problemas de conectividad, las empresas TIC ratificaron su compromiso de inversión y el llamado al Gobierno nacional para que, al enfrentar la pandemia, se retomen algunas de las recomendaciones de la OCDE.

Liquidez

“La reducción de la tasa no solo es un incentivo idóneo, sino que está alineado a los objetivos perseguidos con la Ley 1978 y permitirá la liquidez necesaria para que los operadores reviertan la tendencia negativa que se aproxima como consecuencia del Covid-19”, explicó Camilo Sánchez, presidente de Andesco.

Por otro lado, en línea con lo identificado por la OCDE el año pasado, los impuestos locales han representado una carga impositiva excesiva que dificultan la oferta y demanda de los servicios TIC, en especial, los impuestos del ICA, (alumbrado-espacio público), en que los límites de cobros no son claros, existe una desactualización normativa y no reciben un trato análogo al de otros servicios públicos, a los cuales no se les realiza cobro mensual por la ocupación del espacio público.

“Para nosotros es indispensable avanzar en un concepto legal para la creación de parámetros nacionales estandarizados, que hagan que el proceso sea más transparente y disminuya el costo para las empresas”, señala Sánchez.

En tercer lugar, las empresas solicitan reducir las barreras con las autoridades locales y las comunidades que se oponen a los proyectos de infraestructura, basados en que este tipo de instalaciones es perjudicial para la salud. En ese sentido, es importante que el MinTIC, la CRC y la ANE, continúen con la sensibilización a la comunidad indicando que esta no genera perjuicios para la salud y, en cambio, trae importantes beneficios para el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos.

Y finalmente, agilizar los trámites para obtener licencias. En ese sentido, sería relevante implementar una “Ventanilla Única de Trámites” y la creación o fortalecimiento de una entidad que sea responsable de garantizar que estos procedimientos de despliegue de infraestructura sean expeditos, pues el desconocimiento de la normatividad que se debe aplicar a la hora de tramitar permisos de instalación, lleva a que los trámites no se gestionen adecuadamente.