El traslado exprés de personas que actualmente cotizan sus pensiones en fondos privados hacia Colpensiones, quedó en el aire luego que el Gobierno decidiera no adelantar el proyecto que tenía como decreto.

De hecho fuentes del Gobierno aseguraron que “no habrá ningún decreto en ese sentido”.

“El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, confirmó que no se va a realizar el traslado pensional para más de 350.000 personas que estaban en los fondos privados, hacia Colpensiones.

A través de un breve mensaje, el funcionario precisó que “no lo vamos a hacer”.

Este problema pensional se originó por los menores aportes que dejarían de realizar los trabajadores a Colpensiones por cerca de $ 1.1 billones por el aumento del desempleo, que en abril se ubicó en 19.8 %, y que dejó desempleados a casi 4,1 millones de personas.

Los aportes

Ante la caída en los aportes de quienes venían cotizando en Colpensiones, que provocaría un faltante de recursos en esta entidad, el Gobierno nacional había dicho inicialmente que permitiría un nuevo traslado exprés de los fondos, con el único requisito de tener como mínimo 750 semanas cotizadas y que le falten 10 años o menos a los trabajadores para su jubilación.

En el borrador que había publicado el Ministerio de Hacienda, se presentaron dos escenarios respecto al impacto que tendría la disminución de personas ocupadas. En el más pesimista se calcula un poco más de 20 millones de personas cotizando, lo que generaría que Colpensiones deje de recibir más de $1,7 billones, mientras que en el modelo medio, el faltante llegaría a $1,15 billones.

Otro de los objetivos de esta iniciativa, era reducir los litigios que buscan que los jueces ordenen estos traslados, para las personas que no lo solicitaron dentro de los tiempos establecidos por la ley. 

Ante esta situación, los fondos privados enviaron una carta al Gobierno con duros cuestionamientos.

Señala el gremio  de los fondos que la medida es una “mala solución”. Señalan que “entendiendo las dificultades fiscales que enfrenta el gobierno nacional para atender la crisis sanitaria y económica que ha generado el covid-19, consideramos que una propuesta normativa como la contenida en el proyecto legislativo de la referencia es una mala solución para un problema coyuntural que tendrá impactos fiscales negativos por décadas”.