“Establecer plazos de pago por ley generaría una distorsión artificial en la economía con graves consecuencias como la discriminación entre las empresas, el aumento de las importaciones con la afectación de la balanza comercial y cambiaria, generando un incentivo a conseguir proveedores por fuera del país, si se tiene en cuenta que la regulación por cuentas por cobrar no cobija a las importaciones, perjudicando el fortalecimiento de las Pymes nacionales”.

Así de forma categórica la Asociación Nacional de Empresarios ANDI le salió al paso del proyecto de ley de pago a plazos justos, al que le faltan dos debates en el Congreso para ser aprobado.

Esta iniciativa, promovida por el representante Mauricio Toro, busca reducir los tiempos permitidos para que las grandes empresas cancelen las facturas a las pequeñas y medianas empresas.

Su autor ha asegurado que, hoy en día, el pago de deudas que supera los 180 días pone en riesgo el flujo de caja de las pymes que no solo generan ocho de cada diez empleos nuevos en el país, sino que representan el 40% del Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, Toro ha denunciado que este proyecto está en riesgo de hundirse en el Congreso de la República por falta de trámite.

Esto se produce después de que, en la Comisión Tercera de Senado, se convocara a una nueva audiencia pública, teniendo en cuenta que el proyecto se debe tramitar en tercer y cuatro debate antes del 20 de junio para no ser archivado.

Llamado

La ANDI hizo un llamado para que en el debate se mantenga el principio del libre mercado. Al tiempo invita a las empresas de todos los tamaños a que hagan sus mayores esfuerzos para apoyar la situación de caja de sus proveedores.

Señala que “como principio general, nos preocupan las iniciativas que puedan resultar en que el Estado intervenga en los acuerdos entre privados. Así mismo, es también fundamental la defensa de los emprendedores y los pequeños empresarios”.