Un proyecto de ley para reestructurar la política de los peajes en la infraestructura del transporte y que avanza en el Congreso cuando ya superó el primer debate en la Cámara de Representantes, ha causado incertidumbre en varios sectores, pero principalmente entre los transportadores.

Precisamente la Comisión Sexta de la Cámara le dio el aval en primera instancia a la iniciativa legislativa que contempla, entre otros puntos, eliminar los peajes que se encuentran situados dentro de los municipios, como es el caso de Cartagena, o aquellos que se encuentran en vías de acceso a aeropuertos, como es el caso de la caseta de cobro vehicular para la terminal aérea de Palonegro, que presta sus servicios en Bucaramanga.

El representante de la Alianza Verde, Fabián Díaz, autor de la iniciativa, dijo que “es un proyecto que hemos radicado en diferentes ocasiones en el Congreso para regular los peajes en Colombia. Gracias a la presión del pueblo, hicimos una campaña nacional e invitamos a más congresistas a que hicieran parte del proyecto y logramos que se aprobara en el primer debate”.

Ubicación

El proyecto de Ley legislativa plantea una distancia mínima lineal entre peajes de 150 kilómetros, contados a partir del último cobro efectuado en carreteras nacionales, algo que está implementado en diferentes países donde la distancia mínima llega a los 200 kilómetros para evitar abusos.

Sin embargo, para el expresidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, Rodrigo Fernández, la iniciativa legislativa es ilegal y nociva para el desarrollo vial del país, pero además terminaría siendo contraproducente para el bolsillo de los ciudadanos.

Según Fernández, al eliminar un peaje como el del aeropuerto, desfinanciaría todas las obras ya contratadas como la doble calzada en el Norte de Bucaramanga.

“Es un proyecto ilegal, porque es un proyecto que pretende cambiar unos negocios que estaban vigentes. Acabando los peajes cercanos a los aeropuertos como el de Palonegro, en Lebrija, se deja sin financiación proyectos de la Concesión de la ZMB”, acotó el expresidente de la SSI.

Así mismo, Rodrigo Fernández considera que delimitar la ubicación a más de 150 kilómetros lineales de distancia entre cada caseta de cobro, terminaría aumentado la tarifa de los peajes.

“Cada uno de esos proyectos tiene un cálculo financiero de cuántos peajes necesita, a cuánto los peajes para que el negocio dé y las grandes inversiones que se realizan para construir carreteras se recuperen. Pero si se pone a 150 kilómetros podría duplicar e incluso más la tarifa porque le está quitando una gran cantidad de tráfico por la caseta de cobro”, agregó Fernández.

Los impactos

En el caso de los peajes, desde Planeación Nacional se encontró que no se estaría teniendo en cuenta los impactos socioeconómicos de estos cobros en algunos sectores de la población, lo que ha generado su rechazo.

“En algunas zonas, la estructura tarifaria de los peajes no necesariamente se ajusta a la capacidad de pago de las personas del área de influencia del proyecto, lo que genera resistencia y oposición de la comunidad”, señala un borrador de Conpes.

¿Cuál sería la solución? Tener en cuenta los “criterios socioeconómicos” de las personas a la hora de cobrar peajes, es decir, que cada persona pague según lo que tiene, aunque no hay detalles de cómo se aplicaría esta medida.

Por su parte, la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), agremiación que reúne a las principales empresas de transporte terrestre de carga, paquetería y mensajería del país, expuso ante los representantes a la cámara ponentes sus consideraciones sobre el Proyecto de Ley 602 de 2021, “Por medio del cual se modifican la Ley 105 de 1993 y la ley 1508 de 2012 y se reestructura la política de los peajes en la infraestructura de transporte”, que cursa su trámite en el Congreso de la República.

De acuerdo con la presidenta del gremio, Nidia Hernández Jiménez, “este proyecto es estratégico, al igual que para el sector transporte terrestre y almacenamiento, que representa el 4% del PIB nacional y genera 1,4 millones de empleos directos e indirectos. Los peajes pesan el 12% del total de los costos operativos del sector, que históricamente ha sido el mecanismo más común al que acude el Estado para financiar los proyectos de infraestructura. En el país hay 166 estaciones a cargo del Invías, la ANI, departamentos y municipios”.

Hernández Jiménez celebró que este Proyecto de Ley pretenda regular aspectos transversales a los peajes, puesto que es necesaria una política pública con visión nacional en esta materia, que permita articular a todos los actores que tienen la potestad para firmar concesiones y que brinde seguridad jurídica y económica a los transportadores del país, al ser los mayores contribuyentes.

Problemáticas

Según Hernández “puede ser la oportunidad para resolver las problemáticas que a la fecha aquejan al sector transportador, tales como: la existencia de tres peajes en tramos inferiores a 100 kilómetros como por ejemplo la vía al llano, donde además en el peaje de Pipiral no se permite el tránsito de algunos vehículos de carga a través del túnel y los obligan a tomar una vía alterna que se encuentra en mal estado, pero cobrándoles uno de los peajes más costosos de Colombia”.

Sostiene la dirigente que otro caso que preocupa es “la instalación de nuevas casetas de peaje cuando las obras ni siquiera han iniciado o terminado, o que se cobren tarifas plenas por vías que se encuentran en mal estado, ya que la calidad de la infraestructura vial no se compadece con el costo asumido por el transportador, puesto que en estos casos resultamos asumiendo un doble costo por concepto del peaje y por el mayor consumo de llantas, repuestos, desgaste del vehículo, combustible, entre otros”.

Asimismo, la presidenta de Colfecar insistió en la gran necesidad de avanzar en la instalación del sistema de peajes electrónicos en todo el territorio nacional, puesto que el uso de efectivo incrementa el riesgo de atraco a los conductores y genera grandes cuellos de botella en las vías, lo cual afecta la productividad y la competitividad. "Es importante lograr un sistema único de pago y garantizar la interoperabilidad entre las 166 estaciones de peaje, sin importar la entidad a cargo o la concesión", resaltó.

La adjudicación de 48 estaciones

El Instituto Nacional de Vías (Invías) adjudicó el contrato de concesión pública para la operación, administración y recaudo de 35 estaciones de peaje y 13 de pesajes a cargo de la entidad. La Unión Temporal Peajes Nacionales fue la firma elegida, la cual está conformada por las firmas Kapsch Trafficcom Transportation Colombia S.A.S., Autopistas del Sol S.A.S., Internacional de Electrónicos S.A.S., 1 Solution S.A.S. y KMA Construcciones S.A.S.

El contrato fue adjudicado por $948.200 millones, con un porcentaje de remuneración de 16,875 por ciento sobre el recaudo del tráfico percibido durante su ejecución, que será por 10 años o hasta que se alcance el valor ofertado.

"Después de un proceso riguroso que incluyó estudios de mercado, una estructuración que garantizó la pluralidad de oferentes y una evaluación minuciosa de las ofertas, entre otras acciones, adjudicamos este proyecto que va en la ruta de transformar la infraestructura carretera de nuestro país", dijo el director general del Invías, Juan Esteban Gil Chavarría.

"Mediante estos proyectos garantizamos que la movilidad del país continúe y mejore, generando múltiples beneficios para el desarrollo de las regiones", agregó Gil.

El contratista está en la obligación de recaudar el dinero de las estaciones de peaje actuales, pues no se van a instalar nuevas casetas y, además, llevar a cabo la implementación de equipos de control de tránsito en las estaciones establecidas, la señalización vertical de aproximación a las estaciones de peaje y de pesaje, la emisión, instalación y lectura de tarjetas de identificación electrónicas y la transmisión de imágenes desde las estaciones de peaje hasta el Centro de Control de Operaciones del Invías en Bogotá, entre otras actividades.

Los 35 peajes que hacen parte de la licitación están ubicados en 14 departamentos, mientras que las 13 estaciones de pesaje se encuentran en siete departamentos.

La interventoría de este proyecto cuenta con un presupuesto oficial de 75.400 millones de pesos y será adjudicada el próximo 11 de noviembre.