En los últimos 12 años, han sido intervenidas 434 captadoras ilegales de dinero en el país. De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, por esta práctica ilícita, han resultado afectadas 257.828 personas por cerca de $3,8 billones.

Según el informe, en este periodo, las sociedades culpables solo han pagado $870.000 millones, con un saldo por pagar de $2,8 billones. Asimismo, de acuerdo con el supersociedades, Juan Pablo Liévano, hay un valor por pagar en bienes de $317.000 millones y se tienen expectativas de recuperar dineros por $1,8 billones.

Últimas medidas

Entre las últimas intervenciones a sociedades, por parte de la Supersociedades, está la realizada el pasado 14 de febrero a las empresas E-mercava SAS y Bienes Raíces Galeras SAS.

Según la entidad, “E-mercava SAS y los señores Felipe Andrés Ospina Sandoval y Andrés Mauricio Eraso Castro, recibieron recursos de al menos 46 personas en 80 obligaciones por un valor aproximado de $2.392.440.312, obligándose a devolver los recursos en plazos de hasta 12 meses, junto con intereses no inferiores al 3% y al 5%. Los dineros eran entregados a título mutuo y garantizados con pagarés suscritos en nombre propio por los señores Ospina y Eraso, quienes recibieron dinero de manera masiva de terceras personas y sin prever a cambio un bien o servicio, obligaciones que asumieron y que a la fecha no han sido canceladas”.

A su vez, Bienes Raíces Galeras SAS y Mario Andrés Santacruz Coral, dice la Supersociedades que “la empresa realizaba actividades inmobiliarias y por medio de contratos de administración, cuentas en participación o garantía mediante ofertas públicas, realizaba la captación de dinero de terceros ofreciendo una rentabilidad entre el 3% y el 5%. La sociedad, al 30 de septiembre de 2019, con ocasión de los contratos que denominaban "Cuentas en participación" y "Garantía del bien inmueble urbano", recibió dineros a título de mutuo y se encuentra obligada a devolver $1.537.350.000 a 41 personas y $3.838.923.000 a 93 personas, respectivamente. Es decir, un total de $5.376.273.000 con al menos 134 acreedores, monto que supera el 50% del patrimonio líquido de la sociedad”.

Reorganización

Por otra parte, en su balance de gestión, el Superintendente dijo que en 2019 la Superintendencia de Sociedades recibió 1.272 solicitudes de empresas para ser admitidas en procesos de insolvencia de los cuales 664 se hicieron en Bogotá y 608 en las Intendencias regionales.

Según el reporte, de las 1.272 solicitudes de admisión recibidas en 2019, 997 fueron al proceso de reorganización y 275 al de liquidación.

Al 31 de diciembre de 2019 la Supersociedades tenía 2.700 procesos de insolvencia, 1.277 en Bogotá y 1.423 en las Intendencias regionales, de estos 2165 eran de reorganización y 535 de liquidación.

Según el superintendente Liévano, mediante los procedimientos de insolvencia las compañías entran a evaluar si participan en un proceso de liquidación o de reorganización.

Los procesos de insolvencia se dan cuando las empresas no poseen los recursos necesarios para cumplir con sus necesidades de deuda.

El Superintendente de Sociedades, indicó que el leve incremento de las solicitudes de insolvencia se pudo dar por el débil crecimiento económico que presentó el país años atrás.

Según el alto directivo, “cuando la economía se ve afectada, los negocios se ven afectados. El efecto del crecimiento se ve rezagado, hace dos años crecimos al 2,5 % y en 2017 al menos el 2 %, puede que hasta ahora estemos viendo la afectación de ese crecimiento. El mejor desempeño económico tiene que verse reflejado en mejores números de insolvencia”.

Liévano explicó que son los acreedores de las sociedades las que eligen y determinan si una sociedad va o no a liquidación o reorganización, no es decisión de la Superintendencia.

De otro lado, Liévano reveló que en 2019 se presentaron 467 delegaturas para procedimientos mercantiles (demandas) a distintas compañías de las cuales 99 fueron radicadas aludiendo responsabilidad de administrador.

Otras 76 demandas fueron colocadas por impugnación y 68 se radicaron por desestimación de la personalidad jurídica.