El Gobierno Nacional avanzó en su estrategia de manejo eficiente de la deuda pública, al hacer uso de manera exitosa de las cláusulas de conversión de los contratos con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF-, para convertir desde una tasa variable a un interés fijo, dos préstamos por cerca de USD$580 millones.

Los créditos tienen vencimiento en el 2031 y en el 2040 y estaban originalmente atados a la tasa Libor, informó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El Director de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio, César Arias, agradeció el apoyo de la Tesorería del BIRF en la estructuración y ejecución de la operación de manejo de deuda. “Este tipo de acompañamiento técnico contribuye a la mitigación de los riesgos fiscales de la Nación y a una gestión eficiente de la deuda pública”, explicó. 

Esta operación permite reducir potenciales costos en el servicio de deuda de la Nación teniendo en cuenta que las expectativas de inflación internacional han aumentado la volatilidad en los tipos de interés. El reemplazo de la tasa Libor, que operará hasta 2022 y será publicada hasta 2023, podría generar costos de transición en el futuro. 

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Los créditos fueron fijados a una tasa de interés promedio ponderada de 2,5%, 81 puntos básicos por debajo de los costos de referencia en dólares de la Nación para una vida media de 9,1 años. Estos créditos representan un estimado del 0,88% de la deuda externa y del 0,34% del endeudamiento total de la Nación con corte a abril de 2021. 

Arias destacó que “la estrategia de mitigación de riesgos de mercado ha avanzado de manera exitosa tras realizarse la segunda y tercera operación de este tipo en lo corrido de año”. 

Con estas transacciones se completan 89 créditos fijados desde julio de 2019; 83 créditos en dólares que suman US$17.554 millones, con una tasa promedio ponderada de 2,51%, y 6 créditos en euros para un total de €3.009 millones, con una tasa promedio ponderada de 1,56%. 

Adicionalmente, la frecuencia con la que se ajustan las tasas de las obligaciones financieras del Gobierno Nacional Central se ha ampliado de 7 años en junio de 2019 a 9,2 años en marzo de 2021, como resultado de la política de fijación de tasas que ha venido efectuando el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.