Una de las metas inmediatas que se ha planteado el sector de la construcción es generar hacia el 2022, más de 700.000 empleos directos e indirectos, con la construcción de 500.000 viviendas formales y 12 millones de metros cuadrados en proyectos no residenciales.
Así lo señaló la presidenta de Camacol, Sandra Forero, quien señaló que para lograr estos objetivos se presentaron 10 propuestas que buscan, entre otras, fortalecer el acceso al crédito y aumentar la demanda de la oferta.
“Para impulsar la recuperación de la economía colombiana se requieren una serie de acciones y medidas que brinden condiciones adecuadas para el desarrollo y avance del sector. Por eso, hemos estructurado una propuesta de diez iniciativas que buscan impulsar todos los segmentos de vivienda, aumentar la oferta de proyectos residenciales y no residenciales, a la vez de crear condiciones regulatorias óptimas para que el sector sea un aliado de la recuperación del país”, dijo.
Las iniciativas
Entre las diez estrategias que propuso el gremio están:
1. Garantizar la suficiencia de subsidios para los programas de VIS: el mercado de vivienda social se ha duplicado en los últimos 5 años. Eso implica que la demanda de subsidios ha aumentado frente a lo previsto y se solicitan anualmente 55.000 subsidios de Mi Casa Ya, y 25.000 subsidios Frech VIS por año.
2. Crear un instrumento para incentivar la compra de vivienda nueva del segmento medio: esta fracción tiene el potencial de llegar a 60.000 viviendas por año y generar $15 billones de inversión. El valor agregado que genera este segmento es fundamental para el sector. Este instrumento debe lograr una reducción en la cuota mensual de financiación de la vivienda.
3. Fortalecer el acceso al crédito hipotecario o leasing habitacional: mediante garantías crediticias del Fondo Nacional de Garantías (FNG), asegurar la financiación de la vivienda nueva para la VIS y No VIS. Este instrumento ha demostrado su efectividad para mejorar el perfil de crédito del hogar y su acceso con beneficios hipotecarios.
4. Incorporar suelo urbanizable: reactivar el instrumento para que las autoridades territoriales puedan incorporar ágilmente nuevo suelo urbanizable de acuerdo con las prioridades, prospectiva de desarrollo urbano y necesidades de vivienda.
5. Establecer un modelo de gerencia en proyectos urbanísticos estratégicos: actualmente existen 30 proyectos de gran escala urbanística en el país, en los cuales hay potencial para desarrollar cerca de 600.000 viviendas y gestionar 6.000 hectáreas de suelo. Planes parciales y macroproyectos que requieren de una comisión muy efectiva -nacional y local- para impulsar su desarrollo.
6. Promover la inversión en infraestructura urbana y equipamientos: este segmento representa el 25% del área no residencial construida anualmente. Con recursos de regalías y otras fuentes, se propone desarrollar un modelo de construcción efectivo y ágil para desarrollar tales proyectos.
7. Promover proyectos de vivienda exclusivos para renta: el mercado de vivienda en renta mueve cerca de 3 puntos porcentuales de PIB anualmente, y solo una quinta parte es formal. El 44% de los hogares del país vive en condición de arrendamiento y el mercado carece de oferta de proyectos multifamiliares exclusivos para la renta. Desarrollar este modelo requiere ajustes del marco legal y regulatorios, un marco de incentivos para promover la inversión y un plan de Negocios -en elaboración por Camacol-.
8. Fortalecer la construcción obra pública de edificaciones institucionales: se invierten anualmente cerca de 2 puntos del PIB en construcción/adecuación de obras de edificaciones. A través de pliegos tipo se puede incentivar mayor competencia en esos procesos y agilizar su contratación y construcción.
9. Garantizar la operación de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (Orips): mensualmente se entregan 15.000 viviendas nuevas en el país, lo que exige una operación muy efectiva de las Orips. Cada año hay periodos regulares de no operación y durante la contingencia actual, el problema se ha intensificado -cerca de 20.000 viviendas sin entrega-. Además, hay baja capacidad técnica, represamiento de trámites y no hay procesos virtuales/digitales efectivos. Se requiere modernización y continuidad en la prestación del servicio público registral.
10. Implementar una estrategia simplificación radical de trámites: un proyecto de construcción enfrenta cerca de 50 trámites en su proceso de urbanismo y construcción y sus demoras le cuestan al sector cerca de $2,5 billones anuales. Se requiere simplificar radicalmente trámites ambientales, planes parciales y habilitación de suelo, servicios públicos domiciliarios, además de entregar zonas de cesión y espacio público.