Ese es el límite que le da la  regla fiscal para este año de 6,1%. Sin embargo, todavía no se sabe de dónde van a salir los recursos, aunque el Gobierno tiene varias alternativas.

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Si el Gobierno sigue al pie de la letra lo que estableció el Comité Consultivo de la Regla Fiscal, su límite de gasto para poder cumplir con el déficit fiscal para este año de 6,1% del Producto Interno Bruto (PIB), estaría entre $60 y $70 billones.

Ese es el margen de acción que contemplan los expertos para que el  uso de recursos que requiere el Ejecutivo no se salgan de madre. En su reunión del pasado lunes, el Comité le dio vía libre al Gobierno para aumentar su deuda este año, de tal modo que tenga más recursos para mitigar la pandemia del coronavirus.

Este espacio de maniobra se estableció también por los cálculos del Gobierno sobre la contracción del PIB este año de -5,5%.

Antes de este límite, a comienzos del año el Gobierno tenía un tope máximo de déficit de 2,2% del PIB (unos $22 billones), luego ante el impacto del coronavirus y las necesidades de recursos, se extendió la meta hasta un descuadre de 4,9% ($53 billones) y ahora el techo está en 6,1%, que vienen siendo entre $60 billones y $70 billones.

Fuentes del Gobierno señalan que, en definitiva, esta decisión le da un respiro adicional a la Administración de Iván Duque, que podrá destinar entre $40 y $43 billones adicionales este año, pero siempre teniendo en cuenta el  límite impuesto por el Comité.

Balance fiscal

“El deterioro del balance fiscal frente a 2019 obedece tanto a las necesidades de gasto extraordinario que se derivan de la emergencia sanitaria y económica, como a la significativa reducción que se proyecta en el recaudo tributario”, aseguró el Comité de la Regla Fiscal.

Pero estos límites tienen sus características: un año atrás la regla fiscal también tuvo que flexibilizarse a partir de la migración venezolana. Los cálculos hechos por el fueron que a fin de cuentas el déficit podría llegar a -2,7% para dicho año. Finalmente fue del -2,5 %.

De acuerdo con Marc Hofstetter, profesor de Economía de la Universidad de los Andes y exmiembro del Comité Consultivo,  “una buena regla fiscal debe tener flexibilidad para ajustarse ante circunstancias de ese estilo. La nuestra está diseñada para permitir que el Gobierno pueda gastar más y al mismo tiempo permitir que haya una senda de regreso”.

Por su parte, Juan Camilo Cárdenas, miembro del Comité, señaló que “es muy difícil, casi imposible, pronosticar con precisión cuánto se reducirá el déficit fiscal cuando hay tantas variables e incertidumbre frente a las salidas definitivas de la pandemia”.

El mensaje que dejan los expertos es que si hubiese una regla demasiado rígida no se podría atender a cabalidad la emergencia. Para los siguientes años, Mesa expuso proyecciones del orden de un déficit del 4,9 % para 2021, de 2,8 % para 2022 y de 2,2 % para 2023.

Crecimiento

Otro aspecto es que mientras el Gobierno contempla un PIB negativo de -5,5%, otros expertos y entidades de análisis como Fedesarrollo, creen que esa cifra es pequeña. El promedio es que la economía, dependiendo de la extensión del aislamiento, se contraiga entre 6,5% y 7%. Ya incluso midiendo el trimestre entre febrero y abril, un análisis del Bancolombia señaló que la economía estaba cayendo a un ritmo del 7,6%.

Presupuesto

El Presupuesto General fue aforado en $271,7 billones en diciembre pasado y solo se contemplaba para inversión $40 billones. En ese momento, la austeridad iba a ser el estandarte de la ejecución de los recursos, pero de un momento a otro, todo cambió con la pandemia del coronavirus. Amparados en ese argumento, el Gobierno expidió dos medidas de adición presupuestal que suman cerca de $10 billones y provienen del Fondo de solidaridad y fomento al empleo y la protección al cesante (Fomec) y del  Fondo de Mitigación de la Emergencia (Fome).

A esto se suma que el Gobierno estableció un impuesto para el sistema financiero mediante la compra de Títulos de Solidaridad, que suman $9,8 billones.

Sin duda y justificando en que con base en la desaceleración económica, el Gobierno recurrirá al aumento de deuda para mayor gasto, se espera que ésta que ahora crecería al 52% en 2020. 

Un análisis privado del Bancolombia, señala que el nuevo margen de déficit fiscal,  “estaría fundamentado en los choques sanitario y petrolero que irrumpieron las tendencias macroeconómicas que el país gozaba hasta febrero pasado. Este resultado contrastaría con objetivo de déficit anterior, de 2,3% del PIB, según lo anunciado a partir de la reunión del comité en 2019”.

Esto fue lo que efectivamente sucedió.  Señalan los expertos que “así pues, en lo que queda de 2020 se espera que el precio del crudo se mantenga sensiblemente por debajo de su nivel de largo plazo y golpee con fuerza los ingresos petroleros del fisco. Por esta vía, creemos que se abriría un espacio de déficit cíclico en 2020 de 1,1% del PIB. Entre tanto, por cuenta de la debilidad económica, habría un espacio adicional de 2,5% del PIB para el déficit fiscal. Sin embargo, existe el riesgo de que el déficit pueda llegar a ser superior a esta nueva meta”.

Desbalance

Sostienen que “nuestra estimación puntual del potencial desbalance, según avancen las condiciones macroeconómicas, es de 6,0% del PIB para este año. Este nivel sería generado por una caída de 2% del PIB (frente al estimado de inicio de año) en los ingresos del gobierno, tanto por un mejor flujo de recursos petroleros como por el efecto en tributación de la desaceleración económica, así como por las medidas de contención de la propagación del coronavirus”.

Por otro lado, creemos que la emergencia actual exigirá un crecimiento en el gasto del Gobierno en 1,1% del PIB más que el nivel de gasto propuesto a inicio de año. Por supuesto, esto implicará un recorte del gasto operativo y de inversión en otros rubros, tal que permita liberar recursos de cara a la atención de la emergencia. Como consecuencia de este panorama, cabe esperar un fuerte crecimiento de la deuda neta del Gobierno y se podría acercar al 60% del PIB”.

¿Y los recursos?

Parte de los recursos que requiere el Gobierno para atender la emergencia sanitaria sin duda provendrán del crédito del FMI por $10.800 millones y otros del BID de US$1.000 millones. Como lo asegura el analista Sergio Clavijo, “la calidad de la recuperación y el re-anclaje fiscal dependerá de asegurar fuentes de repago de esa mayor deuda externa. Esto implicará llegar a un acuerdo sobre “la condicionalidad” del préstamo del FMI. Dicha condicionalidad seguramente incluirá: i) una nueva reforma tributaria que asegure un incremento del recaudo en 2021 de no menos de 2% del PIB (tal como lo solicitaba en FMI hace un año)”.