Las calificaciones de la deuda soberana colombiana no tendrán un efecto inmediato si se aprueban las iniciativas que contempla la reforma tributaria. Así lo sostiene Fitch Ratings, una de las firmas calificadoras que revisan el estado de la economía nacional y sus finanzas.
En un análisis del proyecto de la carta financiera, Fitch señala que “el ministro de Hacienda de Colombia, José Antonio Ocampo, detalló nuevas propuestas de reforma tributaria que presentarían desafíos financieros para las empresas, particularmente en los sectores de energía, materias primas y alimentos y bebidas, si se aprueban”.
Considera la firma que “es poco probable que la aprobación de las propuestas tenga un efecto inmediato en las calificaciones. Los gravámenes relacionados con el medio ambiente y la salud pública podrían ejercer presión sobre los flujos de efectivo y afectar las políticas de dividendos y los planes de gasto de capital” en los sectores objeto de los cambios. Esto, a su vez, podría debilitar los perfiles crediticios a largo plazo.
Según lo propuesto, la reforma resultará en $25 billones de ingresos tributarios adicionales, o 1,72% del PIB, en 2023. Los ingresos adicionales se derivarán de cambios en los impuestos para personas físicas (32%), impuestos sobre exportaciones de productos básicos (27%), impuestos corporativos (23%), cargos ambientales y de salud pública (10%) y el resto (9%) de otros cargos.
Consumo
Sostiene Fitch Ratings que “los impuestos adicionales a las personas físicas, que se derivan de los cambios en el código tributario, como una deducción de impuestos independiente por tipo de ingreso, una reducción en los tramos exentos de impuestos y la creación de un impuesto permanente sobre el patrimonio, reducirán potencialmente el consumo total de los hogares en el corto plazo”.
Señalan que, según las proyecciones del gobierno, el consumo caerá 0,38% en el primer año, principalmente debido a la menor renta disponible de los hogares ricos. En los últimos cuatro años, el consumo de los hogares representó el 71% del PIB.
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“Los emisores de petróleo y minería se verían afectados por la eliminación de beneficios fiscales, como la deducibilidad de regalías, y un nuevo impuesto procíclico del 10% sobre los precios de las exportaciones de petróleo crudo, carbón y oro”, indica Fitch.
Asimismo, sostiene la firma que “cuando los precios internacionales están por encima de cierto umbral, los impuestos a la exportación afectarán los márgenes, la generación de flujo de caja y, a su vez, desincentivarán las grandes inversiones de largo plazo en estos sectores, intensificando su tendencia a la baja en las inversiones extranjeras directas”.
Indican que los costos de las generadoras térmicas colombianas aumentarán en el mediano plazo, a medida que se implementen gradualmente los impuestos al carbón. Los generadores de un solo activo o menos diversificados y eficientes pueden verse obligados a cerrar debido a la disminución de la viabilidad económica en el contexto de una transición hacia alternativas de generación de energía renovable.
Las bebidas azucaradas
En cuanto a los gravámenes de salud pública, un impuesto a las bebidas azucaradas, junto con un impuesto del 10% a los alimentos ultraprocesados, y los impuestos a los plásticos de un solo uso, podrían tener un efecto negativo a neutral en el sector de alimentos y bebidas, dependiendo del grado en que las medidas de ahorro de costos pueden compensar la competencia de bienes/alternativas libres de impuestos y el deterioro del margen.
Anticipándose a algunas de estas medidas, el sector ha comenzado una transición proactiva hacia envases ecológicos, reformulando productos para minimizar el contenido de azúcar y desarrollando productos más saludables para ajustarse a las tendencias del mercado.
Considera Fitch Ratings que “las reformas tributarias propuestas deben pasar cuatro debates regulatorios en el Congreso antes de ser sancionadas como ley, por lo que es poco probable que la reforma se apruebe tal como se presentó. Esperamos que algunos de los efectos en los sectores corporativos se moderen para aprobar el Congreso casi dividido en partes iguales”.
La propuesta fiscal generalmente se alinea con los objetivos de política, que incluyen recaudar nuevos ingresos fiscales para financiar el gasto social y la consolidación fiscal, articulados por el nuevo gobierno de Colombia bajo el presidente Gustavo Petro, que hizo campaña por una mayor intervención estatal en las actividades económicas y de mercado.