RECURSOS POR $ 2,9 billones que el gobierno se comprometió a pagar a las EPS de presupuestos máximos, están en riesgo de no pagarse, debido que no se ha establecido la forma de cómo se van a reconocer.

La presidenta de Acemi, Ana María Vesga, dijo que hasta esta fecha la Adres no ha realizado la apertura de la venta para auditar las cuentas que suman $ 2,9 billones. La directiva dijo que “a octubre no se han abierto las ventanas fiscales y en estos tres meses que restan del año no vamos a tener la posibilidad de radicar y surtir las auditorías respectivas. No tendríamos entonces espacio para que el gobierno reconozca esas obligaciones”.

Ante esta situación, Acemi pide que en el proyecto de presupuesto del 2024 se incluyan los recursos previstos para saldar deudas de presupuestos máximos de los últimos 4 años.

En el Plan Nacional de Desarrollo quedó establecida una estrategia para el saneamiento de las deudas generadas por los servicios y tecnologías en salud que no están incluidas en el Plan de Beneficios en Salud (PBS). En este sentido, se estableció que durante 2023 la Adres abriría una ventana para que las EPS radicaran las cuentas pendientes de presupuestos máximos desde el año 2019.

La agremiación de las EPS ha iniciado acercamientos con la cartera de Hacienda y con congresistas para que en la ley de presupuesto del 2024 se pueda contar con los recursos necesarios para sanear estas facturas de los denominados presupuestos máximos.

Los recursos

“Estamos pidiendo que en el proyecto de presupuesto se incluyan esos dineros y se pague la deuda. Si no sucede así, esperamos que se habilite una ampliación de tiempo para que el próximo año se puedan seguir radicando esas cuentas”, dijo la directiva gremial.

Se debe considerar que, según el Plan Nacional de Desarrollo, la fecha límite para la radicación de estas cuentas es el 31 de diciembre. También es importante señalar que estos recursos no corresponden al déficit estructural de deficiencia de la UPC que desde agosto han denunciado algunas EPS.

Por otra parte, el Proyecto de Ley 339/2023 que busca generar una reforma al sistema de Salud, se debate en la Cámara de Representantes propone varios cambios estructurales y en el modelo que se ha venido manejando en los últimos 30 años. Si bien es cierto que hay factores que evidencian falencias, hay procesos que, según varios sectores de oposición, no deberían ser modificados.

Así las cosas, el Gobierno nacional ha propuesto que las EPS se conviertan en gestoras, es decir, según el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se encargarían únicamente de prestar los servicios de salud y no de manejar los dineros que entran tanto del presupuesto nacional, como de lo que pagan los usuarios desde el Régimen Contributivo y Subsidiado.

Las gestoras

Sobre esto, Acemi, especificó su postura respecto al hecho de que las EPS sean Gestoras. Esto, por medio de un comunicado emitido a la opinión pública, en el que Ana María Vesga, desglosa la postura de las mismas, que representa a 36,4 millones de afiliados.

El periodo de transición para la transformación en gestoras no podrá ser menor a dos años. Durante el tiempo de transición se acordará un porcentaje máximo de pérdida o ganancia de la EPS. Las EPS tendrán un plazo de 4 años para el saneamiento de sus deudas con la red.

Durante ese periodo, el Ministerio, la Adres y las EPS, adelantarán un proceso de conciliación y depuración de cuentas y el Estado reconocerá y pagará, a través de los mecanismos dispuestos para ello en el Plan Nacional de Desarrollo, los dineros que se deban por (i) Ajustes por insuficiencia demostrada de UPC; (ii) Exceso demostrado de gasto en salud por atención de Covid-19, no absorbido por las Canastas ni la UPC; (iv) Exceso demostrado de gasto NN PBS no absorbido por los Presupuestos Máximos; (v) Recobros de periodos anteriores que cumplan los criterios de auditoría.

Las EPS realizarán un proceso de conciliación de cuentas con la red de prestación que garantice igualmente la depuración y aclaración de los pasivos.

Las EPS que no tengan interés de continuar bajo el modelo de Gestoras, tendrán un plazo de seis meses, contados a partir de la reglamentación particular que se expida para la habilitación y operación de las Gestoras, para notificar al MSPS su decisión de retiro. De común acuerdo se establecerá el plan de entrega de la población y pago de cuentas pendientes del Estado a la EPS y de la EPS a la red, en un periodo no menor a cuatro años.