El gobierno español anunció un impuesto excepcional a los beneficios de los grandes grupos energéticos y financieros para compensar el gasto público excepcional dedicado a combatir la escalada inflacionaria.
"Este gobierno no va a tolerar que haya empresas que se aprovechen de la crisis para amasar riquezas", garantizó el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, al detallar ante el Congreso de los Diputados una serie de medidas para proteger el poder de compra de los españoles socavado por los elevados precios.
Así, el Ejecutivo va "a poner en marcha un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas" que le permitirá al Estado recaudar unos "2.000 millones de euros (US$2.009 millones) al año" en 2023 y 2024, precisó Sánchez.
Este impuesto excepcional, destinado a mitigar el impacto en las finanzas públicas españolas de la crisis económica, había sido avanzado en junio por Sánchez, pero sin detallar en ese momento ni monto ni duración de la medida fiscal.
Además, se impondrá un impuesto temporal "a las grandes entidades financieras, que ya se están empezando a beneficiar de las alzas de los tipos de interés", con una duración de dos años y que permitirá "recaudar 1.500 millones de euros (US$1.507 millones) al año", dijo Sánchez.
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Otros países europeos anunciaron en los últimos meses gravámenes excepcionales sobre los beneficios empresariales derivados de la inflación, en particular de los grupos energéticos, que registraron ganancias muy elevadas el año pasado.
Por ejemplo, el Reino Unido instauró un impuesto excepcional del 25% sobre los beneficios de los gigantes energéticos, para ayudar a los hogares más desfavorecidos.
Italia, de su lado, decidió gravar con un 25% adicional las ganancias de las grandes empresas del sector energético.
Madrid ha adoptado desde el año pasado numerosas medidas para tratar de contener la inflación, que llegó en junio a 10,2% interanual, su nivel más alto en 37 años.