TRAS EL colapso de un edificio ocurrido este jueves 28 de noviembre en el conjunto residencial Privilegios, en el sector del barrio Campo Alegre en Barranquilla en el que murió la señora Nelly Insignares Castillo de 63 años, y resultaron heridos cuatro menores. Y ante la declaratoria de esta zona de alto riesgo. Blackton, firma colombiana experta en litigios, entregó algunas recomendaciones sobre el tema.
Óscar Rosales Nieto, experto en derecho societario y litigios corporativos, y miembro de juntas directivas en compañías del sector real señaló que, a partir de 2024, gracias a la “Ley Space”, está vigente en todo el país un amparo obligatorio ‒puede ser un seguro‒ para daños estructurales que sufran edificaciones nuevas y cuyo costo debe ser asumido por el constructor o el vendedor del proyecto.
Indicó que, con independencia de los seguros, el constructor asume una garantía de 10 años desde la finalización de una obra en caso de presentarse daños por construcción, materiales, diseño o suelos.
Para defenderse ante posibles investigaciones o demandas, es recomendable que los directivos y socios de las compañías constructoras se acompañen de expertos en el desarrollo de sus proyectos y que dejen trazabilidad de sus gestiones ante posibles riesgos. Es clave la “Ley Space” en amparos obligatorios.
Resulta fundamental que los constructores, con base en la “Ley Space”, además de contratar los seguros obligatorios, tomen otros seguros adicionales de daños a terceros y daños propios, ya que el seguro decenal de la “Ley Space” solo cubre las afectaciones al inmueble, no a personas, bienes muebles o edificios cercanos.
Los municipios, distritos y curadores urbanos también pueden acabar siendo responsables de indemnizar los daños causados por edificaciones con alertas o denuncias de posible colapso. Así ocurrió en el caso Space y podría ocurrir en el caso Barranquilla.
Es frecuente que los jueces también obliguen a pagar una indemnización en cabeza de los directivos, representantes legales e inclusive de socios y accionistas de las constructoras de los edificios que colapsan o presentan daños, aún si se liquidan o disuelven las sociedades. Así ocurrió en el caso Space y en otros casos similares.