Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, señaló que sin mayor justificación se está haciendo uso de las excepciones que contempla la noma para negar lo que la gente solicita

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EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo está Colombia en materia de acceso a la información para sus ciudadanos?

ANDRÉS HERNÁNDEZ: Hay que exaltar que si miramos a nivel regional, Colombia hace parte del grupo de países que en el continente ha avanzado en una ley de información pública y en el reconocimiento de un derecho fundamental: poder conocer la información que tienen en su poder las entidades estatales y aquellas que manejan recursos públicos.

Estamos en un momento en el cual es importante poder profundizar en la apropiación del derecho. Esta ley se aprobó en Colombia en 2014 y a pocos años de su aprobación vemos que tiene unos pasos adelante importantes. Por ejemplo, en tener cierto nivel de conocimiento y apropiación y socialización de los datos. Pero nos falta que las entidades y la ciudadanía se apropien de esta ley. Más de 60% de las personas que fueron encuestadas por Transparencia Internacional indicaron que no conocían la ley de información pública y solo el 22% habían hecho uso de este derecho.

ENS: ¿Qué preocupa a Transparencia sobre estos resultados?

AH: Vemos con preocupación que aquellos que usan su derecho a acceso a la información encuentran barreras que podrían retrasar el avance en esta materia. Estas barreras están relacionadas con las excepciones o los ámbitos protegidos de acceso a la información. La ley, por ejemplo, dice que los asuntos de seguridad ciudadana, los asuntos de relaciones internacionales, los temas de defensa son protegidos. Y a la luz de los estándares internacionales está bien, pero lo que vemos es que se está haciendo uso de esas excepciones sin mayor justificación para negar información.

Además, nos preocupa que las personas que usan esta herramienta no están recibiendo una respuesta oportuna por parte de las entidades y hay una especie de ‘ping pong’ entre las entidades que deben resolver la consulta ciudadana. Eso hace que si bien se cumple en la formalidad, la respuesta al ciudadano diciendo que se recibió la solicitud y se está analizando, o que la dependencia es de otra entidad, eso hace que se demore la respuesta efectiva y que por lo tanto el ciudadano espere mucho tiempo una respuesta.

Falta efecto disuasorio

ENS: ¿Hay alguien que controle que las entidades en efecto respondan?

AH: Nos preocupa es que hace falta en el país un mayor efecto disuasorio por parte de las entidades encargadas de controlar el cumplimiento de este derecho. Hay un roll importante de la Procuraduría que ha hecho unos avances para fortalecer la institución para dar respuesta. Lo que se conoce a nivel internacional como el órgano garante de la ley de acceso a la información. Pero aún falta que lleguemos a unas decisiones judiciales importantes, como ha sucedido en otros países, que generan unos referentes para que las respuestas de las entidades públicas a la ciudadanía sean más claras.

ENS: En el informe se dice que la implementación al acuerdo de paz es uno de los ámbitos a los que menos se la da respuesta, ¿por qué pasa esto?

AH: Yo creo que hay una gran razón para que se obstaculice el acceso a la información pública en este tema.

Pareciera que la institucionalidad que el país ha generado para el proceso de implementación no ha logrado fortalecerse lo suficiente para apropiar este derecho de acceso a la información pública de manera suficiente y por eso es necesario no solo un trabajo de incorporación sino de concientización de los mecanismos de cumplimiento de esa ley a este derecho.

Más allá de estos temas normativos es importante que este derecho se vea como un recurso para fortalecer la legitimidad, el apoyo ciudadano a los esfuerzos que hacemos en el país en materia de concepción de paz. En la medida en que la gente conozca de manera más clara cómo son los presupuestos, cómo hacer seguimiento a los recursos en las regiones, seguramente la ciudadanía va a apoyar mucho más los esfuerzos de paz que vemos en el país.

Hacemos un llamado para que se adopte un enfoque mucho más colaborativo y que para esto el derecho de acceso a la información pública sirva como una herramienta de diálogo entre la ciudadanía y las instituciones públicas.

Obstáculos al derecho

ENS: ¿Hay entidades que están obstaculizando el acceso a la información?

AH: Hay instituciones tanto en el nivel central como en el territorial que ven en las solicitudes de información una oportunidad para que los critiquen, para que los señalen, para que los contradictores políticos entorpezcan su gestión. Por eso hay situaciones en donde las entidades obstaculizan ese derecho.

Por eso queremos avanzar a la comprensión del derecho de acceso a la información pública. Que las entidades lo vean como un derecho y que no se siga buscando una justificación para no entregar la información o que se le pida a quien la solicita una justificación.

Ojalá las entidades públicas den el paso a dar la información y que los ciudadanos comprendamos que esta es una herramienta para generar un diálogo constructivo con la institucionalidad.

ENS: ¿En Latinoamérica, Colombia está bien posicionada en materia de acceso a la información?

AH: A nivel de América Latina, Colombia estaría en un nivel intermedio. No carecemos de normas e instituciones, pero tampoco somos un país con un sistema que nos garantice de manera efectiva ese derecho.

Hay países en donde la garantía desde el poder judicial, los órganos de control o los órganos garantes tiene una acción más efectiva, mientras que nosotros estamos muy quedados en esta materia.

En Colombia aún nos falta trabajo en que tengamos una mayor demanda y comprensión ciudadana del derecho a saber,  si se quiere a preguntar y a tener respuesta