La propuesta del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, de incluir un artículo en el proyecto de reforma tributaria que prohíbe el pago en efectivo de más de $10 millones, recibió el respaldo de varios sectores.

El argumento del Gobierno es que esta medida se incluiría para frenar la evasión que se hace a través de compras en efectivo de bienes como carros, fincas, apartamentos, entre otros.

De este modo, se tendrían que hacer transacciones mediante otros métodos que no sean el efectivo, con lo cual quedarían registradas y se haría una trazabilidad para constatar el pago de impuestos como el IVA o la renta.

Esta medida iría acompañada de penas más fuertes para los evasores, una modernización tecnológica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entre otras decisiones. El Gobierno calcula que la cifra por evasión de impuestos se lleva entre el 6% y 8% del PIB.

“Aquí hay mucha evasión que se hace a través de comprar carros en efectivo, con billete, millones de pesos, incluso finca raíz. Es un control a la evasión”, señaló Ocampo, quien aseguró que esta será una herramienta muy efectiva para el propósito de poner en cintura a los evasores.

Seguimiento

Ante esta propuesta, Hernando José Gómez, presidente de Asobancaria, manifestó que apoya la iniciativa. En su cuenta de Twitter Gómez dijo que “buena parte de la gran evasión de impuestos se hace con grandes transacciones en efectivo. Apoyamos la iniciativa”.

Esta iniciativa coincide, además, con la postura de hace tiempo del sector financiero de desincentivar el uso del efectivo, que aún es el principal medio de pago en Colombia.

Asimismo, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, aseguró a varios medios que, al prohibir el efectivo a partir de cierto monto, por ejemplo desde los $10 millones, las entidades podrían hacer mayor seguimiento a todas las transacciones y, así, evitar la evasión de impuestos como el IVA y la renta. Además, permitiría conocer más a profundidad las economías informales.

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El presidente de Asobancaria señala que, aunque no se trata de prohibir el efectivo, las grandes transacciones que se hacen en dinero físico son prácticas usuales para evadir impuestos, lo que afecta la capacidad de inversión del Gobierno en la provisión de bienes públicos.

"Si evitáramos o restringiéramos el uso de grandes volúmenes de efectivo en compras de inmuebles, vehículos, maquinarias y equipo o grandes cantidades de mercancía, se evitaría la gran evasión e incluso se podría reducir el 4x1.000 sin afectar el recaudo", dijo Gómez.

Controles

Michel Janna, presidente del Autorregulador del Mercado de Valores (AMV), aseguró que desincentivar el uso del efectivo es una herramienta efectiva contra la evasión y la informalidad.

"Metería en el radar de la DIAN a miles de personas con grandes ingresos no declarados y permitiría que los aumentos de impuestos no caigan en la pequeñísima población de siempre", anotó Janna.

De acuerdo con cifras del Banco de la República al corte de julio de este año, había $122,8 billones de billetes en circulación, lo que significó un aumento de 11,24% frente al mismo mes del año pasado.

Con eso se demuestra que los colombianos siguen prefiriendo el efectivo como el principal medio de pago en los gastos del hogar, sobre todo cuando deben pagar el transporte (94%), el mercado (80%), las recargas del celular (78%) y el arriendo (77%).

De otro lado, en la más reciente versión del semanario Banca y Economía, Asobancaria expone el reto que enfrenta el país en materia de educación financiera tras los malos resultados obtenidos en las encuestas de la CAF, en las cuales el indicador de bienestar financiero de los colombianos fue de solo 42,2 sobre 100 puntos, y en las pruebas Pisa, en las que el país ocupó el último lugar en esta materia en 2012.

El gremio señala la necesidad fortalecer políticas públicas en esta línea para así conseguir mayor bienestar para las familias y empresas.

Banca y Economía explica que la principal apuesta en educación financiera que tiene el país es el programa Nueva Pangea, que fortalece los conocimientos, habilidades y actitudes económicas de los jóvenes colombianos de 9°, 10° y 11°, con el objetivo último de fortalecer sus competencias para el cuidado y administración de los recursos y la gestión de los riesgos, y que se viene trabajando desde hace más de una década desde Asobancaria y Fasecolda, con el aval del Ministerio de Educación Nacional.