Aunque aumentó en términos absolutos, la deuda pública de España continuó con su descenso en el segundo trimestre en relación con el Producto Interior Bruto (PIB), situándose en 116,8% de este último a fines de junio, anunció el Banco de España.
La deuda del conjunto de las administraciones públicas españolas, medida según los criterios de Maastricht -que rigen para los miembros de la eurozona-, era de 1,475 billones de euros a finales de junio (1,5 de dólares), lo que supone un aumento del 3,6% en un año, según el comunicado del banco central.
Esta cifra también aumenta para el primer trimestre (1,454 billones de euros) y para el final de 2021 (1,428 billones).
Pero en relación con el PIB, la deuda pública continúa su descenso gradual desde su nivel récord a finales de marzo de 2021, cuando alcanzó el 125,3% de la riqueza nacional debido a la explosión del gasto público ligado a la pandemia de covid-19.
La deuda pública de España se situó en 117,7% del PIB a fines de marzo.
A finales de junio, la deuda del Estado se situaba en 1,295 billones de euros, un 4,8% más en un año, mientras que la deuda de la Seguridad Social alcanzaba los 99 mil millones de euros, un 8% más en un año.
Este deterioro de las cuentas de la Seguridad Social se explica en gran medida por las medidas adoptadas para combatir el impacto de la pandemia y los efectos de la guerra en Ucrania.
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Por otro lado, las cuentas de varios organismos y fondos públicos siguieron mejorando, y su deuda, de 47 mil millones de euros, se redujo un 17,2% en el año, según el comunicado del Banco de España.
Su deuda ya había descendido un 16,4% interanual en el primer trimestre.
Entre estas agencias públicas destaca la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), creada en 2012 para recuperar y revender los activos inmobiliarios "tóxicos" de los bancos españoles, abundantes tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008.
En virtud del Pacto de Estabilidad europeo, la deuda pública de los Estados miembros debería en teoría ser inferior o igual al 60% del PIB, aunque son posibles los ajustes puntuales, y el déficit público no puede superar el 3% del PIB.
España, cuya deuda pública es una de las más elevadas de los miembros de la Unión Europea, aboga por una revisión de estas reglas, para que el marco presupuestario europeo tenga más en cuenta las particularidades de cada país.