Por primera vez, el Banco de la República evaluó el aporte que hace la población extranjera al fisco nacional y se estima que por impuesto de IVA pagan $557.423 millones y por tributos de renta de las empresas de los migrantes, cancelan cerca de $150.000 millones

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El costo fiscal de la atención de miles de  migrantes venezolanos que han llegado entre 2017 y 2019, llegó a $1,31 billones, de acuerdo con un informe del Banco de la Republica. El análisis evaluó el gasto en atención de Salud que fue de $616.235 millones, en servicios públicos $557.423 millones, en subsidios de $58.812 millones, en Educación de $460.205 millones y en atención de la  Primera Infancia $236.287 millones.

Pero también el informe del Emisor cuantificó el IVA pagado por los hogares de origen venezolano que asciende a $203.556 millones y $500.993 millones en 2018 y 2019, respectivamente. Para 2020, se supone un incremento de 50.000 migrantes por mes, con lo cual el IVA pagado en el año ascendería a $602.236 millones.

Asimismo, se conoció el valor del impuesto de renta pagado por las empresas con capital venezolano. El impuesto de renta estimado alcanza en $117.061 millones en 2015, $107.190 millones en 2016, $104.379 millones en 2017 y $129.150 millones en 2018, lo cual representa en promedio anual 0.01% del PIB.

Recursos

Asegura el informe del Emisor que si el proceso migratorio continúa, el Estado tendría que evaluar la asignación de nuevos recursos fiscales para atender la provisión de los servicios ofrecidos a este grupo poblacional.

De acuerdo con los diferentes escenarios de migración y provisión de servicios públicos, los costos podrían fluctuar entre 0.19% y 0.26% del PIB en 2020, 0.19% y 0.34% del PIB en 2021 y 0.20% y 0.42% del PIB en 2022. Desde la perspectiva de los ingresos públicos, se estima la contribución de los migrantes a los impuestos nacionales, especialmente en el caso de IVA y de renta.

Señala el estudio que durante los últimos años, y especialmente a partir de 2017, se ha registrado un flujo continuo de migrantes provenientes de Venezuela, que al mes de diciembre de 2019 contabilizan 1.771.237 personas con vocación de permanencia, de acuerdo con la información de Migración Colombia.

De esta población, 754.085 migrantes han regularizado su permanencia en el país y 1.017.152 permanecen con estatus irregular. Adicionalmente, existen otros dos grupos de migrantes provenientes de Venezuela, que corresponden a personas en tránsito hacia otros países (832.421) y a migrantes pendulares, que son aquellos que cruzan la frontera para demandar algún tipo de bien o servicio y luego regresan a su país de origen.

Dentro de la población proveniente de Venezuela se encuentra también un grupo de personas con nacionalidad colombiana, o con posibilidad de adquirirla (retornados) que han regresado al país (500.000 aproximadamente, según estimativos de Migración Colombia). Recientemente, el gobierno expidió una norma que permite otorgar la nacionalidad colombiana a los hijos de venezolanos nacidos en Colombia.

Servicios

El fenómeno migratorio ha generado una demanda creciente por servicios de salud, educación y otros servicios públicos, cuyos costos han recaído principalmente sobre las finanzas públicas. De acuerdo con información del gobierno nacional, los costos acumulados entre 2017 y 2019 alcanzan $616.235 millones en servicios de salud, y $460.204 millones en servicios de educación.

Si el proceso de migración venezolana se profundiza, el Estado tendría que estudiar la asignación de nuevos recursos fiscales, para atender la provisión de servicios públicos a este grupo poblacional.

El gasto fiscal asociado a la migración venezolana alcanzo 0.12% del PIB durante el periodo 2017-2019. Los gastos en servicios de salud alcanzaron 0.6% del PIB en tanto que los de educación y primera infancia se situaron en 0.4% y 0.2% del PIB, respectivamente. En el caso de los servicios de salud, los gastos por servicios de urgencias suministrados a través de la red pública contabilizaron 0.5% del PIB y los del régimen subsidiado de salud a favor de migrantes venezolanos 0.1% del PIB.

De otro lado, el sistema de seguridad social en salud registra 188.635 afiliados migrantes en 2019, de las cuales el 59% pertenece al régimen contributivo y el 41% al subsidiado.

De acuerdo con el Decreto 064 de enero de 2020, los ciudadanos venezolanos con permiso especial de permanencia (PEP), pueden afiliarse al régimen subsidiado, si cumplen con los requisitos exigidos para hacerlo. Vale la pena señalar que, a diciembre de 2019, había 597.767 migrantes con el PEP. El decreto también establece que los colombianos retornados al país podrán afiliarse al régimen subsidiado de salud.

Educación

Sostiene el informe que la prestación de servicios de educación a los niños y jóvenes de origen venezolano generó hasta octubre de 2019 gastos por $460.204 millones, de los cuales $85.226 millones, corresponden a 2018 y $374.978 millones a 2019. Estos recursos se utilizaron para cubrir gastos de matrícula, alimentación escolar y transporte. Los mayores gastos de 2019 reflejan un rápido aumento de la matrícula de niños venezolanos al sistema educativo público.

Al finalizar el mes de octubre de 2019, se contabilizaban 206.138 estudiantes venezolanos, de los cuales, 198.597 estaban matriculados en el sistema público (96,2%). De acuerdo con el Ministerio de Educación, el 56% del total de estudiantes venezolanos estaba matriculado en primaria, el 23% en secundaria, el 15% en transición, el 4% en educación media y el 2% en prejardín y jardín.

Hasta el momento, los gastos en educación han podido ser financiados con los recursos asignados al Sistema General de Participaciones (SGP), por lo que el Presupuesto General de la Nación no ha incorporado partidas adicionales para atender este tipo de gastos.

De otro lado, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha prestado atención a la población venezolana a través de programas orientados a nutrición, primera infancia y la niñez y adolescencia.

El gasto acumulado durante el periodo 2015-2019 para atender estos programas asciende a $236.287 millones, recursos que cubrieron 182.357 beneficiarios en primera infancia, 2.267 en programas de nutrición y 4.909 en programas para la niñez y la adolescencia.

Con estos supuestos, el costo total del régimen subsidiado asociado a la migración ascendería a $973.988 millones en 2021 y a $1,251.325 millones en 2022.

Al final de 2019 se habían contabilizado ingresos provenientes de cooperación internacional por US$384 millones. La mayor parte de estos recursos proviene de Estados Unidos y de países europeos. La utilización de estos recursos se ha centrado en asistencia humanitaria y en programas de alimentación a la población migrante.