“Un incremento tan grande del salario mínimo para 2024 -de dos dígitos como propone el exministro Ocampo- lo único que va a generar es desempleo, informalidad y mayores problemas fiscales. En Anif sostenemos que, según los niveles de inflación y productividad proyectadas para fin de año y teniendo en cuenta la complicada situación económica que atraviesa el país, el aumento del salario mínimo debe ser de alrededor del 9%, eso es ser consistentes”.
Así lo planteó el centro de pensamiento Anif, al señalar sus preocupaciones con el incremento del salario mínimo y al responder a las inquietudes del exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo que pide un aumento de dos dígitos en el salario para el próximo año.
Señala la entidad que “hoy hacemos los mismos reparos, incluso con más fuerza, porque en el 2021 la economía estaba creciendo al 10% y hoy lo está haciendo casi al 0%”.
Sostiene el análisis de Anif, que “si bien es necesario reconocer las necesidades de ingreso de los hogares colombianos, creemos que para atender esa necesidad hay que generar políticas que faciliten la generación de empleo formal y que reduzcan los obstáculos que hoy existen en el mercado laboral, sobre todo para mujeres y jóvenes. Por otro lado, lo que se ha venido haciendo durante los últimos años, especialmente desde la emergencia sanitaria del Covid-19, es fijar el aumento del salario mínimo varios puntos por encima de la inflación y, contrario a lo que se cree, es una medida que afecta en gran medida el bienestar de los hogares”.
Legislación
Sostiene la investigación que si bien la legislación colombiana señala que, para establecer el aumento anual del salario mínimo se deben tener en cuenta tanto la inflación, como el incremento en la productividad, la realidad ha sido diferente. El aumento del salario mínimo ha crecido por encima de lo que lo hacen esos dos parámetros.
“Por lo anterior, como la economía y la productividad no han crecido lo suficiente para soportar ese tipo de aumento en los costos de contratación, lo único que ocurre es que un mayor número de trabajadores comienzan a ganar salarios por debajo del mínimo, condenándolos directamente a la informalidad. Cada vez que el salario mínimo crece como proporción del salario medio de la economía, son más los trabajadores que empiezan a tener ingresos menores a un salario mínimo. Del 2022 a 2023 las personas que ganan menos de 1 SM pasaron de 43.4% a 46.1%. Además, es importante anotar que un salario mínimo que corresponde al 74.8% del salario medio, no puede considerarse como mínimo. Es así como el manejo inadecuado del salario mínimo se convierte en una gran barrera para la generación de empleo formal, especialmente entre los grupos que se quiere proteger”, asegura Anif.
Señala que “en pocas palabras, un incremento del salario mínimo por encima de la inflación más el aumento de la productividad impacta directamente en la capacidad de las empresas de generar y mantener el empleo formal. No olvidemos que en Colombia el 96% de las empresas son micro y pequeñas empresas, para las que es muy difícil soportar la carga prestacional, que en Colombia es ya bastante alta”.
Indexador de precios
Por otra parte, la entidad explica que otro factor importante a tener en cuenta cuando se toma la decisión del aumento del salario mínimo es que funciona como indexador de precios. Por ejemplo, las pensiones de un salario mínimo crecen con el incremento del salario mínimo, mientras que las pensiones mayores crecen con el IPC. Por consiguiente, cada año se acumula una mayor proporción de personas pensionadas con ingresos cercanos o iguales al salario mínimo, así como también incrementa el valor real de los subsidios a pensiones de un salario mínimo.
Asimismo, el precio de la Vivienda de Interés Social (VIS) y Prioritaria (VIP) se expresa en número de salarios mínimos, por lo que cada vez se limita más la probabilidad de acceso para las poblaciones más vulnerables; las multas y sanciones también se indexan con el salario mínimo y, por tanto, se hacen cada vez más costosas en términos reales.
Y el salario mínimo es la métrica con la que se determina la cotización mínima al sistema contributivo de Seguridad Social. Eso es preocupante pues sentencia prácticamente a la mitad de la población ocupada a escoger entre quedar menos protegida y pagar un costo muy alto en comparación con sus ingresos (proporcionalmente mayor a lo que paga el resto de la población) para ser parte del sistema contributivo de Seguridad Social.