Las presiones sociales, los paros y los bloqueos tienen hoy en problemas al Gobierno para diseñar por consenso un nuevo articulado y poder plantear otro proyecto de reforma tributaria, luego de recoger el que inicialmente había presentado al Congreso y que incluso estaba a punto de debatirse en las comisiones terceras tanto de Cámara como de Senado.

Así, el país quedó obligado a discutir una reforma que respalde las necesidades del momento, como son atender el cubrimiento del Ingreso Solidario que requieren millones de colombianos para hacer frente al desempleo y la disminución de recursos por el impacto de la pandemia.

Del proyecto que debe perfilar el Gobierno, solo se conoce que el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dijo que probablemente los recursos que se recaudarían estarían por el orden de los $14 billones, pero hasta el momento no se sabe qué fuentes tendrá la reforma y los impuestos que se cobrarían.

En el sector privado, ha venido tomando fuerza que una de las alternativas que se podría adelantar es no presentar una reforma hasta que se aclare el panorama social del país. Pero dentro de las iniciativas se contempla la propuesta inicial de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI).

Concretamente el gremio planteó aplazar la reducción de la tarifa de renta corporativa, con lo que se lograría un recaudo de $6,2 billones, suspender el descuento del ICA en renta ($5,2 billones) y mantener por dos años el impuesto al patrimonio ($1 billón).

En este sentido, las iniciativas del Consejo Gremial Nacional son similares a las de la ANDI, pues plantean que de forma permanente el ICA pase a ser deducible en la base gravable del impuesto de renta, que se incorpore una sobretasa temporal al impuesto de renta corporativo, que se apliquen tarifas marginales al impuesto al patrimonio y que se aumente la tarifa del impuesto a los dividendos de 10% a 15%.

Asimismo, los gremios del Agro, aseguraron que es necesario que se cumpla el compromiso del presidente Iván Duque de no aumentar los precios de los alimentos básicos y de ‘mantener las reglas de juego’.

Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, ha insistido en los medios que “la expectativa es que de manera ágil se logren los consensos, que se tengan presentes las propuestas y preocupaciones que han manifestado el sector agropecuario en nuestro país y ya con los compromisos que el mismo Presidente anunció en su alocución, en particular el de no incrementar el IVA a bienes y servicios y mantener las reglas de juego existentes, es un muy buen anuncio para consumidores y productores”.

Pero, asimismo, los gremios han insistido que es urgente que el Gobierno también debe hacer un esfuerzo en aumentar la austeridad del gasto y en continuar con la lucha contra la evasión fiscal.

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Además, aseguraron que el proyecto de reforma debe buscar atender a los más vulnerables y apoyar la reactivación.

Sandra Forero, presidenta de Camacol, declaró que en la nueva reforma se debe “construir un proyecto que se soporte en tres principios: la atención social prioritaria para los más vulnerables, la reactivación económica y la generación de empleo”.

Sin embargo, dentro de los gremios el único que ha decidido presentar un proyecto definido es la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF).

En un informe sobre esta propuesta, el presidente del gremio, Mauricio Santamaría, señala que “a pesar de que perdimos la oportunidad de gestionar una reforma que estuviera a la altura de la situación económica, social y fiscal del país, en ANIF nos dimos a la tarea de tratar de apoyar el esfuerzo de construir una nueva propuesta de reforma fiscal que genere consenso ante la difícil situación económica del país" 

1.  Personas naturales

Se plantea una nueva propuesta para el impuesto de renta a personas naturales, así:

•        Renta

Se mantiene inalterada la base de personas sujetas del impuesto de renta. En cambio, se propone la aplicación de una sobretasa temporal del 15% en principio durante el año gravable 2021, sobre el impuesto a cargo y un límite más estricto para la renta exenta. Limitar el valor de la renta exenta de las personas de más altos ingresos al 25% para los declarantes de ingresos altos (cerca de $8.3 millones al mes). Esa modificación significaría un recaudo adicional de más de $6.5 billones anuales (cifra que se aproxima a 0.6% del PIB).

•        Pensiones

Gravar a las pensiones altas. La propuesta contempla la implementación de una tarifa plana de 10% a las pensiones con una mesada mayor a $6 millones, es decir al 10% de los pensionados de más altos ingresos, con lo que se generaría un nuevo recaudo de $404 mil millones (0.04% del PIB) provenientes del pago del impuesto de alrededor de 43 mil personas.

•        Patrimonio

Los patrimonios entre $1.500 y $2.000 millones se grabarían con una tarifa marginal de 0.75%. Seguido por unas tarifas de 1% para patrimonios de $2.000 a $2.500 millones y de 1.25% para el tramo de los $2.500 a los $4.000 millones. Finalmente, se propone una tarifa de 1.5% para los patrimonios líquidos que excedan los $4.000 millones. Bajo el sistema se ampliaría la base de contribuyentes de unos 7 mil a cerca de 30 mil individuos. De esa forma, el recaudo adicional por este concepto sería cercano a los $343 mil millones (0.03% del PIB). Este impuesto sería de carácter temporal, con una vigencia inicial de cuatro años.

2. Personas jurídicas

La propuesta se plantea sobre tres puntos fundamentales. Primero, la tarifa marginal vigente se incrementaría en 2.5 puntos para los dividendos en el caso en que el accionista sea una persona natural. Segundo, en el caso de que los ingresos por dividendos, de una persona natural, superen el 75% del total de los ingresos, se aplicaría la estructura de tasas marginales de impuesto de renta de personas naturales.

Por último, el tercer punto, está orientado a las personas jurídicas y contempla mantener el impuesto que se paga por concepto de dividendos cuando el accionista es una persona jurídica (tarifa de 7.5%), a título de retención en la fuente sobre la renta. Este aplicaría únicamente para la sociedad que reciba los dividendos por primera vez. En este caso la nueva estructura del impuesto llevaría a que este tenga un potencial de generar cerca de $500 mil millones (0.05% del PIB) de recaudo adicional año a año.

En el frente de las personas jurídicas, la propuesta toca tres puntos fundamentales. En primer lugar, retrasar la disminución en la tarifa del impuesto de renta corporativa, dejándola en 32% durante el 2021 y el 2022. Lo anterior significa un recaudo adicional de cerca de $1.5 billones adicionales (aproximadamente 0.14% del PIB). Un segundo punto, revisaría el descuento asociado al del pago del IVA por la compra de bienes, construcción, importación, etc. de activos fijos, para hacerlo más transparente.

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En el caso del descuento del ICA, los gobiernos locales tienen incentivos para elevar la tarifa de ese impuesto, sabiendo que el 50% del pago hecho por los contribuyentes será devuelto a modo de descuento sobre el impuesto de renta. Es así como, además de distorsionar el recaudo en ambos niveles de gobierno, se constituye en una transferencia parcial del gobierno central a los gobiernos municipales. De acuerdo con información recibida de la DIAN ante una solicitud de ANIF, el valor total del descuento por el pago del ICA sobre el impuesto de renta de personas jurídicas tuvo un valor de más de $1.6 billones en el 2019. Es decir que eliminando este beneficio se podría obtener un recaudo adicional anual de cerca de 0.16% del PIB.

El tercer punto gira en torno a la eliminación de exenciones y beneficios sectoriales. Lo anterior podría traer un recaudo adicional de $500 mil millones anuales (valor cercano a 0.05% del PIB). Así, sumando los tres cambios mencionados, el recaudo por concepto de impuesto de renta de personas jurídicas se vería incrementado en $3.6 billones cada año (cerca de 0.36% del PIB).

3.  El IVA

Para el IVA, se descarta la posibilidad de ampliar la base de bienes y servicios que tendrían que pagar el impuesto, así como la eliminación de la tarifa reducida. En cambio, se propone la eliminación de la categoría de bienes exentos para que pasen a excluidos. En particular, se recomienda que los bienes y servicios que hoy están exentos del pago de IVA (14 subclases que representan más de 10% del consumo) queden en la categoría de excluidos. Con lo anterior, esas subclases siguen con una tarifa efectiva de 0%, pero sin generar la devolución en el último eslabón de la cadena. Con ese cambio, siguiendo estimaciones del Ministerio de Hacienda, se lograría un recaudo adicional de cerca de $2.5 billones anuales (es decir 0.25% del PIB).