
SIN QUE desaparezca el eco de los nuevos impuestos para hacer frente a la emergencia por la conmoción interior, el gobierno ya está alistando el borrador de un proyecto de reforma tributaria que será presentado al Congreso durante este semestre.
Así lo confirmó el ministro de Hacienda, Diego Guevara, quien manifestó a varios medios que “los impuestos de la conmoción interior es el abrebocas de la reforma tributaria que se presentará”.
Lo anterior, significa, como ya lo expuso EL NUEVO SIGLO, que los tributos de la emergencia, como son el IVA a los juegos de azar, el impuesto a las exportaciones minero energéticas y el impuesto de timbre del 1%, serían permanentes.
El jefe de la cartera de Hacienda, señaló que “principalmente se establecerán más impuestos a los servicios virtuales, a las criptomonedas, a otras áreas de servicios de donde se pueden sacar más recursos”.
Régimen simple
En principio, el Gobierno está pensando en estudiar otra vez si se elimina el régimen simple de tributación, “pero insistiremos que uno de los objetivos que ya presentamos con la ley de financiamiento, es reducir el impuesto corporativo principalmente a un sector de las pequeñas y medianas empresas”.
El funcionario no descartó que, tal como lo ha expuesto el presidente Gustavo Petro, uno de los objetivos es gravar más las exportaciones de carbón y petróleo, para que según Guevara, “se consiga un mayor aporte a la transición energética”.
En cuanto a los recursos que el gobierno espera obtener con esta reforma tributaria, minhacienda señaló que “el piso será de $12 billones, pero esperamos que entren más recursos con esa carta”.
Asimismo, Diego Guevara, mencionó que “la principal tarea que debemos hacer es acercarnos más al Congreso para convencer a las bancadas de la necesidad de recursos que tiene el país y para convencerles de que se necesita otra reforma tributaria, tal como lo han hecho otros gobiernos”.
La caja
Guevara reconoció que el país atraviesa uno de los “choques de cajas más grandes” de su historia, refiriéndose a la crisis fiscal generada por la falta de recursos para cubrir el presupuesto de 2025.
Cabe mencionar que el pasado 11 de diciembre de 2024, el Congreso de la República rechazó la ley de financiamiento por el presidente Petro, lo que obligó al actual gobierno a realizar ajustes presupuestales para el próximo año, al no contar con el recaudo necesario.
El ministro aclaró que, hasta el momento, no existe un borrador de una nueva ley de financiamiento o reforma tributaria. “Es un análisis que se debe hacer con todo el equipo del alto gobierno, Hacienda, el presidente y el Ministerio del Interior para evaluar los escenarios políticos”, explicó Guevara.
Guevara agregó que, si la reforma tributaria que se discutió en diciembre de 2024 hubiera sido aprobada, algunos impuestos habrían entrado en vigor este año. Sin embargo, debido a la demora, cualquier nueva reforma tributaria, si se aprueba, no podría aplicar esos tributos hasta 2026. “Algunos impuestos, como el IVA propuesto para los juegos de azar, podrían aplicarse de inmediato, pero otros, como el impuesto a la renta, se aplicarían solo en 2026”, explicó el ministro.
La realidad
El fantasma de una nueva reforma tributaria había estado presente desde días anteriores, ya que el 31 de diciembre, Alexander López, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), insistió en que los recursos son insuficientes y reiteró la urgencia de que el Congreso apruebe una ley de financiamiento o una nueva reforma tributaria.
El funcionario insistió en que esa plata es necesaria para sectores claves como la educación, salud, deporte y cultura. Igualmente, comentó que en las reuniones se han revisado algunos compromisos de vigencias futuras de obras que tienen uno o dos años de retraso, por lo que los dineros podrían replantear.
Sí o sí
Por otra parte, el presidente Gustavo Petro, dijo en su cuenta X, que “el Gobierno ha tenido que congelar partidas del Presupuesto General de la Nación. Algo que fue necesario ante la falta de recursos y problemas de caja que enfrenta desde el año pasado. Si el Congreso no aprueba la reforma tributaria que se le presentará, no podrán ser financiadas esas partidas y pasarán del aplazamiento al recorte”.
La cuestión es que el Gobierno nacional enfrenta un bajo recaudo tributario. El acumulado hasta noviembre alcanzó $249,8 billones, un 5,1% menos que el mismo periodo de 2023 y por debajo de la meta anual establecida de $279,9 billones.
Sin duda uno de los objetivos de la reforma tributaria de 2025, es garantizar el equilibrio del Presupuesto General de la Nación (PGN) y sostener los proyectos estratégicos del país. Esta iniciativa surge en un contexto de tensiones políticas y económicas.
El PGN de 2025, aprobado por decreto presidencial tras la negativa del Congreso a la propuesta inicial del Ejecutivo, contempla un gasto de $511 billones. Sin embargo, esta cifra quedó por debajo de los $523 billones que el Gobierno había solicitado, lo que llevó a un recorte de $12 billones en distintas áreas.

Alternativas
El ministro de Hacienda, ha señalado que el Gobierno busca alternativas para cubrir este faltante y, al mismo tiempo, establecer una estructura fiscal más estable a largo plazo. Entre las prioridades de la nueva reforma estaría la financiación de programas sociales y la recuperación de inversiones clave que fueron aplazadas debido a la falta de recursos.
Uno de los sectores más afectados por los recortes ha sido la inversión en infraestructura, donde proyectos estratégicos han visto reducidos sus presupuestos. En este sentido, el presidente Gustavo Petro ha advertido que, si el Congreso no aprueba la reforma tributaria, varias de estas partidas podrían convertirse en recortes definitivos, impactando directamente a las regiones.
El anuncio de una posible reforma tributaria ha generado un intenso debate en el ámbito político y económico. Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de garantizar nuevos ingresos para sostener el gasto público y atender emergencias como la crisis humanitaria en el Catatumbo, sectores de la oposición cuestionan el impacto que mayores tributos podrían tener sobre la economía nacional.
Más allá de la urgencia de recaudar nuevos recursos, el Gobierno ha planteado la necesidad de diseñar una política fiscal más robusta que evite la recurrencia de reformas tributarias en cada administración. El ministro de Hacienda ha indicado que la estructura actual del sistema de financiamiento público genera un problema estructural, lo que obliga a cada gobierno a buscar alternativas temporales para sostener el gasto.
El desafío ahora será lograr un consenso en el Congreso para sacar adelante la reforma sin profundizar las divisiones políticas ni afectar el desarrollo económico. Con un panorama legislativo complejo y un margen de maniobra reducido, la discusión sobre el futuro de la política fiscal en Colombia promete convertirse en uno de los temas más relevantes del próximo año.
Cubrir el déficit
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) informó que, según sus cifras preliminares, el déficit fiscal de 2024 superó en aproximadamente $21 billones la meta establecida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). Este desajuste se atribuye a ingresos tributarios acumulados hasta noviembre de 2024 que fueron $10,8 billones inferiores a lo proyectado, así como a un gasto primario del Gobierno Nacional Central que alcanzó $313,7 billones, superando los $303,9 billones previstos en el MFMP. Para cumplir con la Regla Fiscal en 2025 y estabilizar las finanzas públicas, el CARF señala que el Gobierno deberá realizar un ajuste fiscal adicional de alrededor de $40 billones. Este ajuste se explica por una posible sobreestimación de los ingresos proyectados en el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2025 y por presiones adicionales derivadas del incremento en la reserva presupuestal al cierre de 2024, que se estima en cerca de $50 billones, duplicando el promedio de los últimos tres años de $24,5 billones.