Se evidencian riesgos frente a la sostenibilidad del SOAT y se revela que la falta de coordinación entre las entidades responsables como el Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la ADRES podría afectar la capacidad del sistema para cubrir los gastos en salud y la atención integral a las víctimas. 

Estos resultados se brindan de acuerdo a un estudio sectorial sobre el impacto de la siniestralidad vial en el sistema de salud, adelantado por la Contraloría General de la República, con el apoyo de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata - DIARI.

Con la implementación del Decreto 2497 de 2022 fueron definidas categorías de rangos diferenciales según el riesgo y se disminuyó el 50% del valor de la póliza SOAT a los propietarios de vehículos ciclomotores; motos de 100 c.c. y de entre 100 y 200 c.c.; motocarro, tricimoto y cuatriciclo; autos de negocio; buses y busetas urbanos; y servicio público intermunicipal.

Por lo anterior, se efectuaron ajustes a los montos establecidos para los pagos de la cobertura de los servicios de salud, prestados a las víctimas de siniestros viales, que va hasta los 300 SMDLV con cargo a las empresas aseguradoras y entre 300 y 800 SMDLV con cargo a la entidad administradora de los recursos de la salud -ADRES- para las categorías de vehículos que hacen parte del rango diferencial por riesgo. 

La situación mencionada permite evidenciar los siguientes impactos: 

• Afectación en la suficiencia de recursos para financiar los servicios de salud que superen los 300 SMDLV y hasta los 800 SMDLV, que implica un esfuerzo fiscal con cargo al Presupuesto General de la Nación, que para la vigencia 2023, se proyecta en un déficit de $810.000 millones; de acuerdo con la información disponible en la Superintendencia Financiera de Colombia.  
• Al no lograr el aumento de asegurados con la póliza SOAT y con la reducción de la tarifa, se vienen disminuyendo las contribuciones y transferencias de ley para la Agencia Nacional de Seguridad Vial, así como los recursos que administra la ADRES, del Fondo de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito -FONSAT- destinados al pago de siniestros ocasionados por vehículos no identificados o no asegurados y otros recursos de la contribución destinados para la cofinanciación del Régimen Subsidiado; monto que se estima supera los $300.000 millones, para 2023, con base en información suministrada por la ADRES. 
• Falta de claridad en los procedimientos y alistamiento institucional oportuno para implementar el Decreto 2497 de 2022, lo que ha ocasionado represamiento en los trámites de reclamaciones y pagos que, con corte a octubre de 2023, y según estimaciones, podrían sumar más de $650.000 millones, para alrededor de 58.000 reclamaciones, por concepto de los servicios prestados por las IPS, acrecentando las dificultades financieras de los prestadores. 

Conclusiones equivocadas

Para la Contraloría, ha quedado demostrado que las conclusiones del análisis técnico de rangos diferenciales por riesgo SOAT presentado en diciembre de 2022, por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Superintendencia de Transporte ante el Ministerio de Salud y Protección Social, resultaron equivocadas, puesto que la aplicación de rangos diferenciales en las tarifas  sí tuvieron la potencialidad de impactar de manera negativa los recursos destinados para la atención de víctimas de siniestros viales y la medida no tuvo la capacidad para promover la adquisición del SOAT y, por lo tanto, reducir la evasión. 

De igual manera, en el avance del estudio, se identificó la falta del análisis de impacto (ex ante), de escenarios económicos que proyectaran el costo o ahorro de la implementación de la norma, que consideraran entre otros, un comportamiento negativo por parte de los beneficiarios de la reducción tarifaria y la correspondiente disponibilidad presupuestal.

Frente al incremento en la siniestralidad vial, según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con corte a septiembre de 2023, se registraron 6.151 víctimas fatales, un 2,72% mayor frente al año anterior, y especialmente en el caso del usuario de motocicleta, en donde se aumentaron las víctimas fatales en 288 personas, con un 8,15% superior respecto al mismo periodo. Para la CGR, esta situación debe ser de la mayor relevancia, y ser priorizada en la agenda de las intervenciones en salud pública, así como fortalecer la política de prevención de la siniestralidad vial.

Hay que tomar medidas urgentes

La Contraloría formuló un llamado a las entidades involucradas en las políticas públicas de salud y seguridad vial, para que se articulen y tomen las medidas necesarias y urgentes que permitan garantizar la sostenibilidad del régimen del esquema SOAT, corregir sus problemas actuales como el fraude y la evasión del seguro; como garantía para la protección a las víctimas de siniestros viales y el flujo de los recursos represados del sistema de salud. 

Lo anterior, considerando las facultades que tiene el Gobierno Nacional, en el marco del artículo 191 de la Ley 2294 del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida” la cual genera un escenario para realizar, un análisis riguroso y participativo en garantía de la operatividad y sostenibilidad del Seguro.

“Desde la CGR estaremos vigilantes y realizaremos las advertencias necesarias para promover la transparencia, la eficiencia y la calidad en la atención a las víctimas de eventos de tránsito. Instamos a las entidades competentes a tomar las medidas correspondientes para superar estos desafíos financieros e institucionales, así como garantizar una atención en salud integral y oportuna a todos los actores viales del país”, dijo el Contralor en funciones de Contralor General, Carlos Mario Zuluaga.